Se hace Comuna al andar: repaso de un año descentralizado

Cierra el primer año de los nuevos juntistas con trabajos en el espacio público. Los vecinos piden tener más incidencia a la hora de planificar obras. También hubo cuestionamientos que incluso llegaron a la Justicia.

Juan Manuel Castro
Dic 14, 2016
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Termina el primer año de la segunda camada de comuneros porteños. Hubo reparaciones en las veredas de todos los barrios porteños, campañas de poda, también mejoras en plazas y paseos. Hubo avances en la descentralización como la creación del Régimen de Publicación e Información Comunal y que desde ahora los inspectores de las Comunas pueden ejercer el control de los vehículos abandonados en la vía pública para su pronto retiro. Además, pronto las Comunas 3 y 12 tendrán nuevas sedes más grandes para realizar mayor cantidad de trámites. A raíz de la lucha conjunta de comuneros y vecinos se logró validar en la Legislatura dos proyectos verdes: el Parque de la Estación y la Manzana 66 de Once. Se espera que pronto, también por impulso de comuneros, abra el Museo Beiró en Devoto.

En la Comuna 7 (Flores y Parque Chacabuco) los comuneros acordaron llamar a una consulta pública para que los vecinos de ambos barrios definan, durante las elecciones legislativas del 2017, si quieren que su comuna se llame Papa Francisco; otras Comunas iniciaron este debate para encontrar nombres alusivos que definan la identidad de cada territorio.

Este año quedó pendiente la sanción del presupuesto participativo, para que los vecinos tengan incidencia en qué obras hacer dentro de cada Comuna. Además, uno de los hechos más relevantes vino por el lado de los policiales. En marzo, durante la primera reunión del año del Consejo Consultivo Comunal 4, una patota atacó a los vecinos y dejó a varios apuñalados. En el presente se define la situación judicial de uno de los agresores, quien resultó ser empleado de la Comuna en cuestión. Este hecho, que se dio durante la discusión vecinal sobre el futuro de los terrenos de Casa Amarilla, dejó muchos cabos sueltos que todavía no tuvieron la respuesta adecuada. De hecho, se había pedido la citación del Presidente de la Junta Comunal 4 para que diserte en la Legislatura.

Más allá de este suceso que generó el repudio de la mayoría de los Consejos Consultivos (asambleas de vecinos), hubo diferentes acciones constantes que consolidaron el proceso de descentralización, que en 2016 acumuló un lustro de vida en tierra porteña; a tono con el espíritu de democracia participativa que reza la Constitución porteña.

Los números del próximo año

Este mes, luego de la exposición ministerial, la Legislatura validó el Presupuesto 2017 que será de $178.223.097.691, con una inflación pensada en el 17 por ciento. La Jefatura de Gabinete, donde están incluidas las 15 Comunas, tendrá 12 mil millones. Según se desglosa, la prioridad está en las Comunas del sur. Luego se jerarquiza a las del norte y se finaliza en las del centro geográfico de Capital.

Las dos Comunas del sur son las que más dinero tendrán. La 8 (Lugano, Soldati, Villa Riachuelo) está primera con $201.114.462. Será en paralelo al despliegue del gobierno para montar durante la Villa Olímpica a poco de iniciar los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018,
La 4 está segunda con 166 millones. Aquí el gobierno de tiene interés en potenciar el Distrito de las Artes, el “Dique Cero” (en guiño a Puerto Madero) como le dicen los funcionarios en reuniones con los vecinos. Una de las obras de mayor relevancia es la restauración de Caminito, valuada en más de 37 millones de pesos. Desde 2004 no se hacían reformas en este punto clave del turismo y del comercio.

Tercera está la 12 (Urquiza, Saavedra, Villa Pueyrredón, Coghlan). Le siguen las otras del norte porteño: la Comuna 14 (Palermo) con 122 millones de pesos y la 13 (Belgrano, Colegiales, Nuñez) con 117 millones. La Comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal) es la que menos dinero recibirá: $51.987.222. Anteúltima está la 5 (Almagro y Boedo) con 53.950.167 y antepenúltima la 6 (Caballito) con 74.241.709.

La sexta Comuna en recibir más dinero es la 9 (Mataderos, Liniers, Parque Avellaneda) por hacerse de $ 98.829.934. Le siguen la 7 (Flores y Parque Chacabuco) con $ 95.803.236; la Comuna 2 (Recoleta) con $ 92.202.354; la 10 (Floresta, Monte Castro, Versailles, Vélez Sarsfield, Villa Real, Villa Luro) con $ 89.724.799; la 11 (Devoto, Villa del Parque, Villa Mitre, Villa Santa Rita) con $ 87.575.397; la Comuna 1 (Puerto Madero, San Telmo, San Nicolás, Monserrat) con $ 83.181.899; y la Comuna 15 (Parque Chas, Paternal, Ortúzar, Villa Crespo, Chacarita) con $ 74.537.577.

Mudanza de Sedes Comunales

En el verano de 2015 el gobierno porteño y la Comuna 2 abrieron dentro del shopping Recoleta Mall, frente al cementerio, una Subsede Comunal. El espíritu de la medida, dijeron los funcionarios, era lograr más cercanía. Fuentes oficiales dijeron que hubo buena repercusión y la cantidad de trámites en la Comuna subió, por eso buscaron repetir la experiencia en otras Comunas. La 3 (Balvanera y San Cristóbal) es la primera en hacerlo. Mudará su Sede de un edificio alquilado en la calle Junín al primer piso del shopping Spinetto, histórico paseo comercial hoy deslucido por gigantes del rubro como el Dot. El Presidente de Junta Comunal 3, Carlos Breyaui, hizo las gestiones desde que asumió su cargo en diciembre del 2015.

En marzo el Consejo Consultivo Comunal 3 pidió informes sobre las condiciones de seguridad del centro comercial, denunciaban sus vecinos que había salidas de emergencia cerradas. En el informe semestral de gestión, la Junta ratificó ante los vecinos las gestiones para abrir la Sede. El hecho se confirmó el 22 de agosto cuando se publicó en el Boletín Oficial una Resolución de la Jefatura de Gabinete. El texto aclara que el acuerdo entre el gobierno y el Spinetto durará hasta el 30 de junio de 2019.

Para empezar el alquiler mensual es $ 30.000. El segundo año se eleva a $ 40.500. Y para el tercer año de contrato será de $ 54.675. Así, el contrato anticipa una inflación acumulada del 82,25 por ciento en los próximos tres años. Incluye algunas cocheras, explica el anexo de la Resolución. En septiembre el gobierno hizo un llamado para licitar el traslado de la Sede. La Secretaría de Descentralización (Jefatura de Gabinete) llamó a licitación (Licitación Pública Nº 500/SIGAF/2016) que costará $ 23.829.885. el tiempo estimado inicial de las labores es de 180 días. El edificio de Junín al 500 cerrará en forma definitiva y quedará abierta la Subsede de Sarandí y Autopista, remodelada en 2015.

La Comuna 12 también tendrá nuevo techo. El Ministerio de Desarrollo Urbano porteño, a cargo de Franco Moccia, informó a través del Boletín Oficial que el costo final de la Sede Comunal 12 de Holmberg y Monroe, cuyas obras iniciaron hace tres años, costará un 27 por ciento más caro del monto original. Los trabajos aún continúan y la fecha de apertura se pospuso en varias oportunidades.

Según la RESOLUCIÓN N° 892/MDUYTGC/16, aparecida el 6 de diciembre, la obra que lleva adelante la empresa Conorvial SA recibirá un sexto adicional de 983.778 pesos. Sumados todos los adicionales “oportunamente aprobados”, el precio final del contrato “representa un 27,41 % de incremento sobre el monto original”.
Según los considerandos, la demora en el tiempo en la construcción de la Sede, pensada en un principio en menos de doscientos días a partir de octubre de 2013, se debieron a problemas de intrusión y luego a un rediseño con respecto a la flamante Nueva Plaza Monroe, ubicada en la esquina, que lleva esculturas de hormigón diseñado por el artista y arquitecto Clorindo Testa, abierta al público hace pocas semanas.

Los comuneros impulsan proyectos en los barrios

La Ley Orgánica de Comunas pauta distintas competencias exclusivas y otras tantas compartidas con el Poder Ejecutivo. Fuera de ese margen de acción, las Comunas no pueden intervenir en otros asuntos públicos. Como los vecinos hacen llegar sus reclamos de todos modos, muchas veces los comuneros acuden a sus referentes políticos dentro de la Legislatura para canalizar demandas ciudadanas.

Así ocurrió con el proyecto del Parque de la Estación, validado en forma definitiva luego de casi 17 años de lucha vecinal. Las comuneras por el FpV María Suárez (Comuna 3) y Laura Corvalán (Comuna 5) hicieron llegar a la bancada presidida por Carlos Tomada el proyecto. Lo convirtieron el proyecto y lo presentaron en abril. Luego en agosto la bancada SUMA+ presentó un segundo proyecto. La sintonía entre estos dos textos y el aval del oficialismo hizo que el texto se vote en octubre, tenga audiencia pública en diciembre y se haya terminado de validar a mitad de mes; un tiempo récord en comparación a todos los intentos fallidos desde principio de siglo. Del mismo modo, lo hicieron los juntistas Lucas Nuñez y Verónica Bruk de ECO en la Comuna 3 para apoyar la causa por la Manzana de Jujuy y Belgrano. Ambos proyectos se avalaron para dar verde a la zona más cementada de Capital.

En la Comuna 11 piden crear el Museo Francisco Beiró. Su Junta Comunal (presidida por Carlos Alberto Guzzini e integrada por Marta Susana Liotto, Carolina Maccione, Graciela Elisabet Valdéz, Patricia Karina Acevedo, Lucía Delfina Velásquez y Maximiliano Esteban Alles) hizo llegar a la Legislatura un pedido de los vecinos para que se expropie la vivienda de Beiró, ubicada en la calle José Cantilo 4500. La iniciativa está en tratamiento en la Comisión de Cultura, presidida por el representante Omar Abboud.

El inmueble “será destinado a la Dirección Nacional de Museos, a los efectos de la construcción del Museo y Centro Cultural de la Democracia “Francisco Beiró” para la realización de  actividades artísticas,  culturales y de extensión de la Comuna 11, donde podrán llevarse a cabo las reuniones de Junta”, dice el texto hecho por Hernán Rossi (presidente de la bancada SUMA+). Son coautores sus compañeros Natalia Fidel, María Inés Gorbea, Marcelo Guouman, Juan Nosiglia, María Vischi. “Se procederá a la restauración y puesta en valor de la totalidad de la fachada, incluyendo su entorno, así como de las áreas internas del inmueble”, agrega el siguiente artículo.

Los fundamentos de la norma postulan sobre la iniciativa en el edificio de Cantilo 4500 es para “rescatar del deterioro extremo y su posterior desaparición a este monumento de la Comuna 11”, que presenta “un importante valor en la arquitectura y cultura del Barrio de Villa Devoto, y a través de este proyecto decidieron plasmar lo trabajado en conjunto”.

Gestión por la información pública

A fines de noviembre se reglamentó la ley 5629, votada el 22 de septiembre en la Legislatura. La misma crea el Régimen de Publicación e Información Comunal, “que tiene como objeto, facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y en el control de los asuntos públicos”, según su artículo primero.
“La Junta Comunal de cada Comuna será la Autoridad de Aplicación encargada de asegurar el correcto funcionamiento de las vías de comunicación que crea y exige la presente Ley”, aclara el articulado.

Esta norma brega para que estén disponibles vía web las actas (proyectos debatidos y aprobados en cada reunión de los siete comuneros) y reglamentos de cada Junta y todas las actas de los Consejos Consultivos Comunales (asambleas de vecinos e instituciones barriales). También se pide que cada Comuna tenga su sitio propio dentro de la página oficial de CABA (.gob.ar). Allí se volcará todo el material antes nombrado. La actualización del sitio no podrá demorar más de quince días. También se habla de crear cuentas por cada comuna en las redes sociales, hecho que ya ocurre en Facebook y Twitter.

Agentes comunales labran multas y relevan autos abandonados

En las redes sociales de las Comunas es usual ver fotos adjuntadas por distintos usuarios. Señalan la ubicación de autos abandonados o casos de mal estacionamiento. Para cumplir con el relevo e n la vía pública, los inspectores de las Comunas desde este año pueden ejercer “el control de los vehículos abandonados en la vía pública dentro de su respectiva jurisdicción territorial”, informó la Secretaría de Transporte, a través de la Resolución Conjunta N.° 1/SECTRANS/16, aparecida el lunes 2 de mayo en el Boletín Oficial.

Los agentes comunales podrán ejercer el control del estacionamiento en la vía pública y labrar actas de comprobación de infracciones dentro de su competencia territorial, informa la Jefatura de Gobierno a través de la Resolución Conjunta N.° 1/SECDES/16, publicada el martes 26 de abril en el Boletín Oficial. Las comunas trabajan junto a la Dirección General de Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito.

Ambas iniciativas son del Ministerio de Desarrollo Urbano y de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Tanto para las actas como para los autos abandonados, los agentes comunales hicieron cursos de capacitación. Sus nombres aparecieron publicados en la DISPOSICIÓN N.° 435/DGCACTYSV/16 del 6 de junio.

Piden un Plan Maestro de poda

Las Comunas porteñas colocaron nuevos árboles en las veredas de la ciudad, también las plazas y bulevares. A través de compromisos con vecinos e instituciones, se genera un vínculo de protección con estos ejemplares apenas sostenidos por tutores y cintas amarillas.

Esta es una parte de la intervención en el arbolado. La otra consiste en la poda. Desde las comunas y desde el gobierno central defienden su implementación y explican que gracias a la supervisión directa de los comuneros, año a año se logran mejores resultados.

Muchos vecinos reprochan que hay casos de árboles con decenas de reclamos al número 147 que están sin podar. También comentan sobre situaciones donde se han tirado abajo ejemplares centenarios que no tenían razón aparente para ser talados.

En medio de este ida y vuelta, a mitad de año el legislador por el PSA Adrian Camps había pedido un Plan Maestro Arbolado. El expediente llama a que cada Comuna haga un censo de los árboles locales para consignar el estado de cada ejemplar verde y si hay canteros libres. “Cada Comuna fijará etapas y prioridades y precisará anualmente el presupuesto necesario para cumplirlas”, agrega el texto parlamentario.

Camps explica que el Ejecutivo elabora el Plan Maestro de Arbolado Público (Ley 3263), pero que en realidad, por la anterior Ley Orgánica de Comunas (1777, de 2005) las Comunas tienen a su cargo “la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano en las vías secundarias y otras de menor jerarquía y en los espacios verdes” (competencia exclusiva) y “la participación en la planificación, prestación y control de los servicios y la fiscalización y el ejercicio del poder de policía, de las normas sobre usos de los espacios públicos, suelo y las materias que resulten de los convenios que se celebren a tal efecto, a través de órganos con dependencia administrativa y sede en la Comuna”(competencia concurrente con el Ejecutivo).

Presupuesto Participativo, la deuda pendiente de la Constitución porteña

A 20 años de la sanción de la Constitución porteña, los vecinos no cuentan con el Presupuesto Participativo (PP). “Es el derecho vecinal a decidir qué queremos que se haga en las Comunas y a tener el financiamiento necesario”, explica Carlos Wilkinson, miembro del Movimiento Comunero. Aunque hay siete proyectos de PP en debate parlamentario, el Presupuesto 2017 fue elaborado, como los años anteriores, desde el Ejecutivo, sin la voz de los vecinos que participan en Consejos Consultivos, asambleas barriales contempladas en la Ley Orgánica de Comunas.

Tras la autonomía de Buenos Aires, se elaboró su carta magna. El artículo 52 establece el “carácter participativo del presupuesto”. “La ley debe fijar los procedimientos de consulta sobre las prioridades de asignación de recursos”, añade. Es la gran deuda de la democracia porteña.

“El gobierno no tiene voluntad de hacer una descentralización profunda. El Presupuesto Participativo implica superar el concepto de democracia representativa para hablar de la democracia participativa expresada en la Constitución local”, reprochó Wilkinson.

Los vecinos hace casi dos décadas que luchan por el PP. Lo hicieron con el Movimiento Comunero y el Encuentro Intercomunal (asambleas con vecinos participativos de los 15 Consejos). Incluso, cuentan con un fallo judicial favorable. En noviembre de 2013, por un amparo del abogado García Elorrio, el titular del juzgado N° 13 en lo Contencioso Administrativo y Tributario obligó al gobierno, entonces encabezado por Mauricio Macri, y a la Legislatura a cumplir el artículo 52 de la Constitución local y el artículo 9 de la Ley 70 (garantía de participación ciudadana en el presupuesto anual porteño).

Ni el fallo ni las reuniones fueron determinantes. En el presente hay iniciativas de oficialismo y oposición presentados en la Comisión de Descentralización de la Legislatura. Son siete textos de Paula Penacca (FpV y presidenta de la Comisión), Roy Cortina (Socialismo), María Rosa Muiños (peronismo), Esteban Penayo (PRO), Marcelo Guouman (SUMA+), Paula Oliveto (Coalición Cívica) y Pablo Bergel (Mandato Cumplido).

Los proyectos apuntan a que entre marzo y abril el Consultivo, llamado ámbito de participación, haga un anteproyecto de Presupuesto. En algunos proyectos llaman a tener un coordinador que haga de nexo entre el Consultivo y la Junta. El Ejecutivo envía en septiembre el presupuesto global a la Legislatura.

Un tema relevante es si las propuestas vecinales son vinculantes o no. Los textos de Penacca y Penayo establecen que no son vinculantes, pero la Junta las debe tener en cuenta al confeccionar el anteproyecto que mandará al Ejecutivo en julio. La mayoría de los textos establecen a las Competencias Exclusivas como marco para pensar qué obras hacer. Otros suman las Competencias Compartidas con el Ejecutivo. El texto del PRO plantea que la Secretaría de Descentralización evalúe “la viabilidad jurídica, técnica y financiera” de las propuestas vecinales.

Mientras la Comisión debate, sus legisladores visitaron durante el año a los vecinos de los distintos Consultivos para exponer el alcance de los textos.
En tanto, otro año más varios Consultivos pidieron la jurisdicción presupuestaria para las Comunas. Dicen que cada Comuna debe funcionar en forma independiente, como una intendencia dentro del Estado porteño. En la actualidad están integradas dentro de la Secretaría de Descentralización (Jefatura de Gabinete).

Ponerle nombre a las Comunas

El Capítulo 3, artículo 6 (Territorialidad e identidad), de la Ley Orgánica de Comunas dice que además de números deben tener nombre: “Las Comunas se identifican de la manera consignada en el Anexo de la presente ley, hasta tanto los electores de cada una definan su denominación mediante consulta popular convocada por la Junta Comunal. Concluido el proceso de consulta, la Junta Comunal remitirá un proyecto de ley con la denominación propuesta, para su tratamiento por la Legislatura de la Ciudad”. En junio de este año, la presidenta de la Comisión de Descentralización en la Legislatura, Paula Penacca, junto a sus compañeras de banca María Tiesso y Andrea Conde, presentó una iniciativa de declaración para “que las Juntas Comunales de esta Ciudad inicien el proceso” establecido en el citado artículo.

“Es atribución de las Juntas Comunales de cada una de las comunas, el llamado a consulta popular.  Teniendo en cuenta la experiencia de la Comuna 9 que realizó la consulta popular en las elecciones del 2015 para denominar a dicha comuna con el nombre de Lisandro de la Torre (donde más de 62.000 ciudadanos votaron por la afirmativa) sería necesario iniciar el proceso para la concreción de las consultas en el resto de las comunas de la Ciudad dentro del cronograma electoral del 2017”, dicen los fundamentos del proyecto de ley.

La Comuna 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda) fue la primera en hacer la consulta popular establecida por ley. Lo hizo el año pasado en los comicios generales del 5 de julio. Los vecinos tenían que votar “Sí” o “No” para llamarla Lisandro de la Torre. Ganó la positiva. La Legislatura luego validó la decisión de los vecinos en el Recinto parlamentario.

La segunda decisión será en 2017 en Flores y Parque Chacabuco. El 9 de noviembre en el  Boletín Oficial porteño se lanzó una consulta popular para que los vecinos de la Comuna 7 (Flores y Parque Chacabuco) elijan si quieren llamarla Papa Francisco. A través de la RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 24613176/COMUNA7/16, se hace el llamado oficial. Los vecinos luego tendrán que votar por la afirmativa o negativa “en oportunidad de las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires de 2017”.

La idea de poner nombre a las Comunas también generó debate en la Comuna 11 (Devoto, Villa del Parque, Villa Mitre y Villa Santa Rita). La Asociación de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Vecinos de Avenida Nazca presentó un proyecto para ponerle nombre. Sus miembros proponen que los vecinos elijan entre cinco nombres durante los comicios legislativos del año que viene: Francisco Beiró, Julio Cortázar, Ángel Roffo, Villas del Oeste, Parques del Oeste.

En 2014, cuando se cumplieron los 20 años de la muerte de Roberto Goyeneche, un grupo de vecinos y la familia del cantor iniciaron una campaña de recolección de firmas para darle su nombre a la Comuna. Se juntaron siete mil firmas, que incluyen miembros de centros culturales, clubes, bibliotecas, centros de jubilados, músicos, escritores y artistas de la Comuna 12. Hasta el presidente de Bolivia, Evo Morales, hizo llegar la suya. El llamado a la consulta popular sigue pendiente.
Obras comunales en la mira

Este año en el Boletín Oficial se han visto numerosos llamados a licitación privada o pública y contrataciones directas con la firma de los Presidentes de Junta. Plazas, veredas, paseos y hasta eventos culturales. Muchas de las contrataciones hechas por las Juntas terminaron en pedidos de informe en la Legislatura o incluso en la justicia, como es el caso de la Comuna 11.

La comunera Carolina Maccione, de la Coalición Cívica, había pedido la impugnación de un llamado a licitación por parte del presidente de la Comuna 11 Carlos Guzzini del PRO, quien fue demandado ante la Justicia por haber convocado la licitación privada N° 8862/SIGAF/2016 sin el consentimiento de la Junta Comunal. Al momento de hacer la presentación, la juntista Carolina Maccione había dicho: “No entiendo cómo podíamos ratificar algo en lo que nunca intervinimos. No hubo ninguna instancia dentro de la Junta que ratificara el pliego. Este show que montó Guzzini tiene que ver con sus propias fallas en los procedimientos. Siguiendo su lógica no tendría que consultarnos nada. Hizo todo mal y quería que le ratificáramos los vicios”.

La justicia restó importancia a la denuncia. El juez Martín Converset consideró en su fallo “la orfandad argumental de la actora”. Dijo también que “la generalidad de los términos de la demanda impide tenerla por legitimada y, simultáneamente, resulta insuficiente para tener por configurado un caso que habilite la intervención”. El magistrado agregó: “Maccione no ha podido establecer una situación jurídica protegida por el ordenamiento en virtud de la cual pudiese justificarse la acción entablada”.
En la Coalición Cívica iban a apelar la medida. El auditor general de la Ciudad, Facundo del Gaiso, quien integra el partido político, dijo al respecto: “La CC va a apelar el fallo y seguir denunciando las irregularidades y corrupción sea el gobierno que sea. El fallo del juez Converset  con costas cargo de la Comunera de la CC de la Comuna 11 tiene por  objeto disciplinar para que no se denuncie”, alarmó del Gaiso. “La Comuna 11 se maneja de forma feudal, irregular y autoritaria, a la Comunera de la Coalición Cívica le fallaron con costas a cargo”, añadió al respecto.

Este año se concretó una idea que se venía hablando entre funcionarios y habitantes de la Comuna 12. La Casa de Aizpurúa 3734, en el Parque General Paz, va a ser puesta en valor (RESOLUCION COMUNAL N.° 14928984 del 7 de junio) a través de una contratación menor por $958.428,85. La Casa Joven servirá como sede para la promoción de actividades de la Dirección General de Juventud. Esta acción impulsó un pedido de informes en la Legislatura (expediente 1949). “Lo que resulta pertinente conocer es el proceso de adjudicación de obras, ya que de acuerdo a una denuncia de vecinos y vecinas de la Comuna 12, la Junta Comunal en su conjunto no tuvo participación de la firma de las resoluciones, y se trataría de una arbitrariedad y uso discrecional de los recursos por parte del presidente de la Junta”, explican los fundamentos del pedido. También se pidieron datos sobre una contratación para arreglar el centro de jubilados Plaza Leandro N Alem (Villa Pueyrredón) con $ 304.833 de presupuesto comunal.

El 23 de noviembre el bloque SUMA+ pidió informes sobre los convenios firmados por el Presidente de la Junta Comunal 14 con la Empresa Johnson & Son Argentina y la ONG “Plantarse” en torno a la Plazoleta William Morris cita en Guatemala, Uriarte y Darregueyra (expediente 3818). “En la reunión de la Junta Comunal con fecha 12 de agosto del corriente año, se presentó el convenio para ser sometido a votación y no se explicó mayores detalles del mismo lo cual suscitó mayores inquietudes en torno a la cuestión. La votación resultante, atestiguada por miembros de la Junta Comunal sostiene que no se logró la cantidad de votos necesarios para la aprobación de las actividades previstas en las cláusulas del Convenio con la empresa Johnson & Son”, denuncian los argumentos de la iniciativa, además reprochan que esta iniciativa sólo sirve como publicidad encubierta de la firma con la que se hizo el acuerdo.

Este mismo bloque a principio de año había presentado un pedido de informes sobre el funcionamiento de la Junta Comunal 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda). “La Junta Comunal 9 no está funcionando, las decisiones tomadas por la Presidencia no son tratadas ni consultadas en el ámbito formal de la Junta”, denunciaban los considerandos.

En junio, cuando todavía estaba la efervescencia por el caso de Fernando Niembro y sus cuestionadas contrataciones por montos millonarios gracias a un decreto porteño, se supo que para los festejos por el Día de Balvanera (en realidad fue una semana con distintas actividades gratuitas en espacios sociales y culturales del barrio) la Presidencia de Junta había invocado el Decreto 556 de contrataciones urgentes para costearlos. Se gastaron 250 mil pesos y la empresa seleccionada fue East Team SA. El oficialismo defendió la iniciativa al aducir la legitimidad de resolver en forma rápida cuestiones logísticas.

El comunero por ECO-CC Lucas Nuñez había dicho entonces: “No se necesita un decreto así para un festejo que se espera todos los años”. “No creo que pase nada. Ya está, ya lo usaron. Espero que de ahora en más no sé use para cosas que no corresponde. Para los festejos por el mes de San Cristóbal no plantearon lo mismo”.

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