El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que detectó múltiples irregularidades en el sistema de cobertura alimentaria tras una fiscalización integral realizada en comedores y organizaciones sociales. Según datos oficiales, el relevamiento permitió identificar beneficiarios fallecidos, personas con altos ingresos, propietarios de inmuebles y vehículos, y jubilados con haberes elevados dentro de los padrones de asistencia.

“Comedores fantasma y muertos anotados como beneficiarios. El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido: Juan Grabois. Acá en la Ciudad se te terminaron los curros. Denuncia en curso”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La auditoría fue llevada adelante por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a partir del cruce de los listados de beneficiarios presentados por los comedores hasta noviembre de 2025 con bases de datos oficiales. Como resultado, se suspendieron más de 5.000 raciones que no pudieron ser justificadas y se dispuso el cierre de 40 comedores que no registraban actividad real, denominados por las autoridades como “comedores fantasma”.

Entre las inconsistencias detectadas, el Gobierno porteño informó que figuraban 454 personas fallecidas como receptoras de alimentos, además de beneficiarios con dos o más inmuebles, múltiples automóviles, ingresos mensuales superiores a los $2 millones y hasta casos con haberes o ingresos mayores a $5 millones. También se identificaron monotributistas inscriptos en categorías altas y jubilados con ingresos elevados.

El relevamiento incluyó situaciones puntuales, como beneficiarios registrados con más de diez vehículos, otros con numerosas propiedades y personas con bienes como embarcaciones. Las irregularidades fueron detectadas en el marco de controles realizados sobre más de 500 comedores que integran la red de asistencia alimentaria de la Ciudad.

Dentro de las organizaciones investigadas se encuentra el Movimiento Popular La Dignidad, vinculado al dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Juan Grabois. Según el comunicado oficial, algunos de los comedores registrados por esta organización nunca funcionaron como tales, pese a figurar en los registros de asistencia.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo que ya se inició una denuncia y afirmó que el objetivo es terminar con prácticas irregulares en el sistema de asistencia. En tanto, desde el Ejecutivo señalaron que la implementación de una nueva aplicación de registro permitió individualizar a cada beneficiario, realizar un seguimiento de las raciones y detectar inconsistencias en tiempo real.

Actualmente, más de 250.000 personas reciben asistencia alimentaria diaria en la Ciudad a través de comedores, centros de primera infancia, centros de jubilados, paradores para personas en situación de calle y programas de transferencia directa como Ciudadanía Porteña.

El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, explicó que la fiscalización permitió no solo corregir irregularidades, sino también reorientar la política social. Según indicó, algunos comedores fueron reabiertos sin intermediarios y varias familias recuperaron la cobertura alimentaria, además de registrarse avances en la reinserción escolar y en el acceso de niños a actividades recreativas.