El Ministerio de Capital Humano de la Nación anunció la firma de un acta acuerdo con la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y organizaciones gremiales docentes y no docentes, orientada a establecer una recomposición salarial y presupuestaria para el sector universitario.

Según el comunicado oficial de la cartera gubernamental, el Poder Ejecutivo Nacional transferirá fondos a las Universidades Nacionales para incrementar la masa salarial en un 24,33%. Este porcentaje se distribuirá en un 21,33% en junio —tomando como base los sueldos de mayo de 2026— y un 3% en octubre, calculado sobre los básicos de septiembre del mismo año.

Asimismo, en el plano estrictamente presupuestario, el Gobierno informó una actualización del 20% en los montos destinados a gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios públicas a partir de junio, junto con un refuerzo de $50.000.000.000 para la partida de hospitales universitarios durante 2026. Con respecto a los programas de ayuda estudiantil, se fijó un incremento del 50% en las Becas Manuel Belgrano.

Voces del sector institucional y la firma de CONADU

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificaron los términos del ofrecimiento oficial, destacando la reapertura de las instancias paritarias y la fijación de mesas trimestrales de revisión a partir del 15 de septiembre para evaluar el impacto de la inflación (IPC). No obstante, el organismo rector aclaró que la medida «es un paso importante pero de ninguna manera definitorio ni suficiente», remarcando que persistirán con la demanda judicial y la exigencia de la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario para solucionar la problemática estructural.

En sintonía con la visión de un avance parcial, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, se pronunció a través de sus redes sociales expresando que «el Gobierno reconoció hoy, aunque todavía de manera insuficiente, un reclamo legítimo de las universidades y de toda la sociedad». El directivo calificó el entendimiento como un «alivio necesario» y enfatizó que continuarán exigiendo las garantías presupuestarias correspondientes para los próximos períodos legislativos.

Por el lado sindical, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) procedió a la firma del acta basándose en los mandatos de sus secretarios generales. Desde la entidad remarcaron que el convenio restablece el derecho a la negociación colectiva e incluye compromisos gubernamentales para abordar en un plazo de 45 días un adicional por la pérdida del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) en los niveles preuniversitarios. Ante el acuerdo alcanzado, el plenario de CONADU resolvió poner en suspenso las medidas de fuerza previstas para la semana entrante.

Sectores gremiales rechazan el acuerdo y mantienen medidas de fuerza

A pesar de la rúbrica de un sector de la representación laboral, la Asociación Gremial de Docentes de la UBA (AGD UBA) manifestó su total rechazo a la propuesta estatal y al documento suscripto. La asamblea del gremio docente resolvió exigir que no se convalide el acta general y trasladó su postura a la federación CONADU Histórica.

A través de una resolución interna, AGD UBA ratificó la realización de un paro total de actividades programado para la semana del 16 al 20 de junio. El plan de lucha aprobado por el sindicato de base contempla la convocatoria a asambleas interclaustros por facultad, la organización de cortes de calle simultáneos, marchas hacia Plaza de Mayo y la realización de una vigilia de 24 horas acompañada de una conferencia de prensa, argumentando que el incremento otorgado resulta escaso frente al desfasaje acumulado en los haberes de los trabajadores.