Ola de clausuras de natatorios en la ciudad de Buenos Aires

La clausura de los natatorios de River Plate (CARP), Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) y Arquitectura, entre otros, genera malestar en el sector de los clubes y, sobre todo, en miles de usuarios que se encuentran privados de poder realizar normalmente sus actividades deportivas, pedagógicas o reacreativas.

La decisión de clausura en diversos establecimientos fue tomada por la la Unidad Administrativa de Faltas y la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control, órgano encargado de habilitar las instalaciones, virtualmente paralizado en esta materia desde la tragedia de Iron Mountain, en la que murieron diez personas, entre bomberos y rescatistas. Los empresarios y entidades sociales se quejan y aseguran que desde entonces “la ciudad no habilita nada que requiera inspección previa”.

Antecedentes legales

En 2013, la Legislatura porteña incorporó a la Ley 3.364 de natatorios, promulgada originalmente en 2009, clausulas que eximían a los establecimientos “preexistentes” el tener que cumplir con la nueva normativa, que había tenido que ser suspendida por decreto, dado que la mayoría de las piscinas de la ciudad iban a tener que cerrar sus puertas al no poder adecuarse a los nuevos requisitos.

Tras haberse incorporado a la normativa nuevas cláusulas que eximen a los natatorios anteriores al 2009 del cumplimiento de las nuevas obligaciones edilicias (virtualmente imposibles de ejecutar para ellos), siempre y cuando se respeten las normas de seguridad, las instituciones contaron en primer término con un plazo de 180 días para tramitar la habilitación de sus piscinas. Vencido el plazo, la AGC lo porrogó en varias oportunidades, con la idea que no podrían funcionar aquellas instituciones que no cuenten, al menos, con el inicio trámite.

Así se llegó a la situación actual, en la que entidades emblemáticas, que sin duda son anteriores al 2009, no están en condiciones técnico-legales de justificar su inhabilitación, por lo que fueron cerrados.

River, caso testigo

El caso de River Plata, clausurado desde el 17 de octubre, hace más de un mes, es digno de analizar.

Si bien desde River –que apeló la decisión vía judicial y recibió el rechazo del juez– dijeron que el club “ha venido cumplimentando con todo aquello que le fue requerido en tiempo y forma”, la Justicia negó el recurso de amparo presentado por el club y se declaró incompetente, dejando la resolución de la cuestión de fondo en manos de las autoridades “idóneas” del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Mariano Taratuty, presidente de Planeamiento de River, dijo a Pura Ciudad que “nos dieron a entender desde la Ciudad que dentro de los próximos 15 días debería estar todo normalizado, no solo para nuestro caso sino varios natatorios de la Ciudad que están en la misma situación”. Taratuty aseguró que “no tenemos que hacer ninguna reforma (de las instalaciones). Tenemos todo en regla y ahora volvimos a presentar la documentación”.

En off de récords, corren distintas versiones que hablan de pases de factura políticos. Empezando por el club millonario, que tiene entre sus más fervorosos hinchas nada menos que al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli; o el caso de Chacarita Juniors, cuya pileta de la sede social de la calle Teodoro García también fue clausurada, tiene por vicepresidente al subsecretario de Comercio de la Nación, Javier Tizado (h).

Rápido de reflejos, el legislador PRO River José Luis Acevedo presentó, cuatro días después de la clausura de las piletas del Monumental, un proyecto de Ley que modifica el Código de Habilitaciones y Verificaciones para permitir a las entidades poder abrir, mientras se tramita la habilitación, con la sola presentación del Inicio de Trámite. El texto, que también lleva la firma de Agustín Forchieri y Claudio Niño, fue aprobado por el Parlamento capitalino y debería ser promulgado por el Poder Ejecutivo para que entre en vigencia.

Según pudo averiguar este medio, en el término de esta semana la Camara Argentina de Gimnasios y Natatorios presentará una nota en AGC, jefatura de Gobierno y Legislatura para solicitar que en el ámbito administrativo de destrabe el tema, porque -advierten- “puede llevar a la quiebra al rubro y perdida de puestos de trabajo, además de perjudicar a los socios, que es lo más importante”.