Para evitar un juicio de U$S19.000.000, Ciudad clausura y privatiza tierras del Hospital Israelita

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó, en su última sesión, la primera lectura de un proyecto de ley elaborado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para desafectar de utilidad pública el inmueble del Hospital Israelita, una cooperativa de salud y geriátrico que funciona sobre la avenida Nazca 1145. El argumento oficial es que se toma esta medida para evitar un juicio de U$S19.000.000 de los síndicos de la quiebra contra el Estado porteño y la cooperativa. Vecinos, pacientes y médicos estuvieron presentes en las gradas y protestaron durante el tratamiento parlamentario. Habrá a futuro una audiencia pública y una segunda votación en el palacio legislativo de Perú 160.

Esta acción legislativa es consonante con la clausura dispuesta por la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, que también ordenó el traslado de los pacientes, muchos de ellos del PAMI. El centro de salud “no cuenta con la correspondiente habilitación y presenta serias irregularidades que significaban un riesgo tanto para los pacientes como para los trabajadores de la institución”, dijo la entidad en un comunicado. El 29 de marzo pasado, la Agencia Gubernamental de Control del gobierno porteño (AGC) realizó una primera clausura que fue incumplida, por lo que el cierre tomó forma definitiva tras la decisión del fiscal a cargo del caso Néstor Maragliano. En marzo se detectó la presencia de 150 pacientes. Buena parte aceptó la derivación, otros tantos pidieron permanecer.

El hospital fue fundado por la Asociación Israelita de Beneficencia y Socorros Mutuos hace más de un siglo. En la década del 90 la estructura financiera del nosocomio se vio perjudicada y quebró en 2003. Al año reabrió como la Cooperativa de Trabajo Hospital Israelita Limitada, administrada por sus trabajadores. Con leyes de 2005 (Ley N° 1.911) y 2008 (Ley N° 2.971), Ciudad declaró “de utilidad pública y sujeto a ocupación temporaria” el lote de Nazca y Gaona.

Sin embargo, hay vigente una denuncia judicial de los síndicos de la quiebra (Juan Dzierza y Alberto Antonio De Amaral) contra el Gobierno porteño y la cooperativa (Expte. N° 12161/15 “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado” en “Dzierza, Juan y otros c/ GCBA s/ expropiaci6n inversa retrocesión”, lleva la firma de Martín Ocampo, entonces fiscal general porteño). El saliente legislador Alejandro García (PRO), miembro informante del proyecto el día de la sesión, dijo que si hay un fallo contra la CABA, la administración porteña deberá pagar más de U$S19.000.000 a los denunciantes. “Más allá de eso, hay que decir que el contrato de PAMI fue rescindido y que no hay autorización para funcionar como centro de salud”, añadió.

Los fundamentos del proyecto que lleva la firma de Rodríguez Larreta ahondan en este punto: “No existe ningún beneficio para la comunidad, ni para los habitantes de la Ciudad que pueda sostener la utilidad pública que supone la afectación del predio y los bienes a favor de la Cooperativa”. “Corresponde señalar que mediante los artículos 4° de las leyes Nros. 1.911 y 2.971, se estableció que el inmueble, los bienes intangibles y los bienes muebles debían ser destinados al funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo Hospital Israelita Limitada Cabe destacar que en la actualidad, dicha Cooperativa no se encuentra habilitada para funcionar como prestadora de servicios de salud, ni ante los organismos competentes de Nación, ni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“En consecuencia, la mencionada Cooperativa, actualmente no cumplimenta el fin público establecido en los artículos 5′ de las leyes 1.911 y 2.971, que fundamentó la afectación a la utilidad pública oportunamente realizada, respecto al destino que debía darse al mencionado predio y sus bienes muebles, ya que la misma no presta servicios de salud”, aclara el Gobierno de la Ciudad.

En el recinto, el legislador Marcelo Depierro (Mejor Ciudad) explicó su voto negativo: “La Ciudad debería haber puesto en regla la documentación del hospital”. También sugirió que las tierras del centro de salud pueden terminar en un emprendimiento inmobiliario: “Un inmueble con una quiebra o con un destino de utilidad pública tiene un valor, si le quitás la utilidad pública tiene otro. Se puede vender media manzana en Nazca y Gaona. Esto hubiera merecido un tratamiento distinto. Que nos diéramos la posibilidad de colaborar para que la cooperativa subsane la situación”.