Cambian el Código Fiscal para reducir los costos de escrituración en los barrios populares

Lo impulsó el jefe de Gobierno porteño y lo aprobó este jueves la Legislatura. El objetivo es ordenar y agilizar en su totalidad el procedimiento de regularización de inmuebles.

Este jueves la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó por unanimidad las modificaciones al Código Fiscal vigente en el marco del plan del Gobierno porteño para la Regularización Urbana y Dominial (RUD) de barrios populares, cuyo objetivo es ordenar y agilizar en su totalidad el procedimiento de regularización de inmuebles.

A través de esta ley se establece que ciertas obligaciones de los escribanos previstas en los artículos 98 y 99 del Código Fiscal no serán de aplicación para las escrituras que se realicen en el marco de los procesos de reurbanización de barrios populares y/o las que instrumenten la relocalización de los beneficiarios incluidos en tales procesos, dispuestos por parte del GCABA cuando los otorgantes sean el Instituto de Vivienda porteño y/o la Corporación Buenos Aires Sur S.E. y/o la Secretaría de Integración Social y Urbana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, o de los organismos que en el futuro los reemplacen y/o el propio GCABA.

El artículo 89º establece que “el escribano interviniente en todo acto de constitución, transmisión, modificación o cesión de derechos reales sobre inmuebles, no podrá autorizar ninguno de estos actos sin acreditar previamente la cancelación de la deuda por el Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros y adicional fijado por la Ley Nacional N° 23.514 y por los costos de los servicios especiales efectivamente prestados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que existiere sobre el inmueble objeto negocial y que estuviere registrado en el padrón de la Dirección General de Rentas. Una vez autorizado el acto, el escribano tiene el deber de informar a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en el plazo de cuarenta y cinco (45) días toda modificación en la titularidad de la cuenta corriente fiscal del inmueble”.

Y mediante la incorporación del inciso 71 al artículo 475 se postula eximir del impuesto de sellos, a aquellos instrumentos públicos ó privados que tengan por objeto otorgar por parte del GCABA, la posesión de inmuebles, la constitución, transmisión, modificación o cesión de derechos reales y la constitución de garantías reales, sobre inmuebles situados en la Ciudad, en el marco de los procesos de reurbanización de barrios populares, como así también a los instrumentos públicos destinados a la relocalización de los beneficiarios incluidos en tales procesos.

La presidenta la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura porteña, Paula Villaba (Vamos Juntos), explicó: “Esta Ley forma parte de las políticas que nutren al proyecto de urbanización e integración social con el objetivo de transformar a los llamados barrios populares, reduciendo los costos de escrituración”.

Villaba explicó que este proyecto exceptúa de aplicar lo establecido en algunos párrafos del artículo 98 y en el artículo 99 de la obligación legal de solicitar los certificados de deuda municipal y de cambio de titularidad a los escribanos” y destacó que “quedan eximidos del impuesto de sellos los instrumentos públicos o privados que suscriba el Gobierno de la Ciudad en el marco de dichos procesos”.

Por otra parte, el cuerpo legislativo aprobó también otra iniciativa enviada por Jefe de Gobierno para disminuir la alícuota de Ingresos Brutos para la Industria de Carnes Bovinas”.

“Resulta necesario unificar las alícuotas de dicho Impuesto, con el fin de promover la igualdad de condiciones, motivar al pago del impuesto mencionado y contabilizar las operaciones por parte de aquellos contribuyentes que faenan en una jurisdicción pero que venden en otra. El cambio propuesto a través del proyecto de disminución de la alícuota de Ingresos Brutos para la Industria de Carnes Bovinas, se suma a las medidas que impulsa el Gobierno Nacional en el control de la informalidad permitiendo transparentar el proceso hasta la salida de la carne de la planta frigorífica”, explicó Villaba.