El Gobierno porteño lo había apelado al considerarlo "improcedente".

La Unidad Fiscal AMIA requirió la aplicación del nuevo instituto del régimen procesal, que permite que se lleve a cabo el juicio en ausencia para diez imputados declarados rebeldes y con pedidos de captura internacional, acusados de haber tomado parte como autores y partícipes en la planificación, ejecución y apoyo del atentado terrorista cometido en Buenos Aires el 18 de julio de 1994.

El Gobierno nacional había presentado una denuncia ante el Consejo de la Magistratura.

"Me procesan por estar en contra de un Estado genocida", se defendió la representante del Frente de Izquierda.

El magistrado pidió garantizar "el orden público y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de quienes asistan”.

El organismo solicitó que la Justicia ordene a las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como de la Ciudad, que "actúen conforme a los estándares internacionales a fin de evitar detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y resguardar la integridad física de quienes se manifiesten".

Fueron enviados más de 200 bultos con distintas prendas.

La movilización fue convocada con “consignas que avizoraban el ejercicio de conductas violentas”, dijeron en el Ministerio de Seguridad.

En el escrito, la magistrada había advertido sobre información "imprecisa y dificultosa" suministrada por las fuerzas de seguridad.

El ministro de Justicia de la Nación dijo que "no se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión".