Ciudad amplía ante la Corte la demanda por la quita de coparticipación

El eje del nuevo reclamo es la ley que aprobó el Congreso de la Nación, que recorta fondos por el traspaso de la policía.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires amplía la demanda iniciada en septiembre ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los recortes hechos por Nación a los fondos que recibe CABA en concepto de coparticipación federal.

En su momento, la administración capitalina pidió que se declare la inconstitucionalidad el Decreto nacional N° 735-2020 que crea el Fondo para el Fortalecimiento Financiero de la Provincia de Buenos Aires.

Esta acción del Poder Ejecutivo nacional redirecciona fondos a la administración bonaerense que eran para CABA. Así, se reduce del 3,5% al 2,32% la coparticipación federal de la Ciudad. Dejan de ingresar $150.000.000 por día, alertan fuentes oficiales.

El 10 de diciembre la Cámara de Senadores aprobó en forma definitiva una ley que reduce cerca de un punto más la coparticipación federal que recibe la Ciudad en concepto del traspaso policial. La Cámara alta lo validó en octubre, Diputados lo hizo a comienzos de diciembre pero introdujo cambios, por eso volvió al otro recinto.

El texto aprobado incluye la apertura de una mesa de negociación de 60 días entre la Nación y la Ciudad para acordar una cifra. Hasta que entre en vigencia el acuerdo, el Tesoro Nacional transferirá a la Ciudad en forma mensual y automática $ 24.500.000.000, consigna El Cronista. El Poder Ejecutivo de CABA dice que es insuficiente.

Con estos dos recortes, la coparticipación federal que recibe la Ciudad está en niveles similares a los que hubo entre 2003 y 2015. Al año siguiente se creó la Policía de la Ciudad (unión de efectivos de la PFA y la Metropolitana) y para eso el Gobierno nacional a cargo de Mauricio Macri elevó el porcentaje de 1,4 a 3,75. Con el consenso fiscal de 2017 bajó a 3,5.

El Presupuesto 2021 que aprobó la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires incluye recortes significativos en obra pública, consecuencia de la baja en la coparticipación. También se incluye un impuesto de 1,2% en concepto de Ingresos Brutos por gastos con tarjetas de crédito, entre otras medidas paliativas.