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Ciudad reglamenta la ley Brisa, para asistir a víctimas colaterales de femicidios

Fue aprobada este año por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Este lunes el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reglamentó la Ley N° 5.861, llamada Brisa, que crea un Régimen de Reparación Económica para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas colaterales de femicidios, cuyo padre haya sido procesado o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de femicidio contra su madre.

De este modo, según la reglamentación, “la filiación se acreditará con partida de nacimiento, partida de defunción de la madre y constancia emitida por autoridad judicial competente que indique situación procesal del padre en la causa que investigue el femicidio de su madre, según procedimiento que a tal fin establezca la autoridad de aplicación”.

“A los fines de acreditar ser persona con discapacidad deberá presentar Certificado Único de Discapacidad vigente”, añade el texto publicado este lunes en el Boletín Oficial porteño. “Se entiende por domicilio real al momento del femicidio: el lugar donde el/la beneficiaria/o residía habitualmente al momento del hecho, lo que deberá acreditarse de manera documentada ante la autoridad de aplicación”, se añade.

“Cumplidos los 18 años el titular podrá disponer y administrar libremente el beneficio sin necesidad de intervención del/la guardador/a, tutor/a o adoptante”, expone el quinto artículo. El siguiente afirma: “La atención psicológica a beneficiarios se brindará a través de programas y dispositivos del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, en coordinación con otras áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La atención médica que el/la beneficiario/a requiera se brindará a través del Sistema de Salud Público”.

“El/la guardador/a, tutor/a, curador/a, o adoptante deberá presentar la documentación emitida por autoridad judicial competente, que acredite tal carácter respecto del/la titular”, enuncia el séptimo artículo.

El noveno artículo fija: “La reparación económica a favor de los titulares será retroactiva a la fecha de ocurrencia del femicidio, si este se produjo con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley que se reglamenta. La retroactividad de la reparación económica operará desde la promulgación de la ley que se reglamenta, para los casos que el femicidio se hubiera producido con anterioridad a la misma”.

El artículo 11, el último reglamentado, dice: “La Dirección General de la Mujer u organismo que en el futuro la reemplace, dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano es la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 5681”.

Quedaron sin reglamentar los artículos 1, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16.

El texto legal aprobado fue consensuado por diversos bloques. La iniciativa original fue de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y luego se agregó un proyecto de los diputados Graciela Ocaña y Diego de García Vilas (Confianza Pública). Finalmente, el jefe del bloque oficialista Francisco Quintana (PRO) propuso consensuar el contenido de la norma para lograr la mayor cantidad de adhesiones.

El proyecto fue presentado a fines de junio en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Asistieron miembros de distintas bancadas, representantes de la Defensoría y la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, Guadalupe Tagliaferri.

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