Ciudad “sacrifica” descentralización para hacer eficiente el cuidado del espacio público

Según el secretario de Atención y Gestión Ciudadana, Facundo Carrillo, las Comunas deberán pedir permiso para hacer trabajos en las veredas, pese a que es una competencia exclusiva según la Ley 1.777.

Según el secretario de Atención y Gestión Ciudadana, Facundo Carrillo, las Comunas deberán pedir permiso para hacer trabajos en las veredas, pese a que es una competencia exclusiva según la Ley 1.777.
Por Juan M. Castro

“Vamos a ser más eficientes”, dijo el secretario de Atención y Gestión Ciudadana, Facundo Carrillo, al defender la creación de la subsecretaría de Vías Peatonales (dentro del Ministerio de Ambiente y Espacio Público), que ejerce el “monopolio de la vereda”, pese a que “la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias” es competencia exclusiva de las Comunas porteñas por medio de la Ley 1.777 Orgánica de Comunas.

Carrillo, ante vecinos que la semana pasada llenaron la sala principal del Espacio Cultural Julián Centeya en una reunión donde asistió este medio, explicó: “El 52% de las veredas está en buenas condiciones. Casi el 50% del otro 48% está mal por roturas de servicios y re-roturas porque no hay planificación. Se creó un área nueva a la que se le da el monopolio de la vereda (la subsecretaría de Vías Peatonales a cargo de Clara Muzzio). Tenemos de amigo al Gobierno nacional que regula las obras de las empresas de servicios y les pasa la directiva para que trabaje con la Ciudad de Buenos Aires”.

Sobre la subsecretaría agregó: “Esta área centraliza el presupuesto de arreglos de veredas, son $2.200.000.000 al año. Va a dar permisos a cualquiera que quiera intervenir en las veredas”. Aclaró que este sistema de permisos alcanza incluso a las Comunas: “Sea la Comuna que tiene que cortar raíces o un árbol o un vecino que quiere arreglar su vereda. Esta área va a tener una planilla con la planificación de trabajos para que las empresas de servicios trabajen en la misma fecha y compartan costos. Así ganamos los vecinos, el Estado y las empresas de servicios. No es de un día para otro que se va a lograr, pero va a cambiar. Apuntamos a que de acá al 2019 podamos resolver el 60% de este 48% de veredas en mal estado”.

Fuera del ámbito de la descenralización, la semana pasada tuvieron dictamen favorable dos proyectos de ley elaborados por el Poder Ejecutivo local para modificar la normativa vigente y endurecer penas y requerimientos a empresas de servicios y frentistas. Sin embargo, la Fundación Rumbos y REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) hicieron críticas y dijeron que esta iniciativa “no garantizará veredas accesibles y seguras; sólo una interminable gestión de reparaciones deficientes y muy rentables para los contratistas privados que el Gobierno designe”. Por eso piden que se declare el estado de emergencia para aceras y vados porteños, tal como postula un proyecto de los legisladores Marcelo Ramal, Laura Marrone (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) y Adrián Camps (PSA).

La integrante de la Junta Comunal 13 (Belgrano, Núñez, Colegiales) Julieta Costa Díaz (Frente para la Victoria) dice a Pura Ciudad que “la eficiencia se da con la cercanía” y por eso defiende  los debates en los Consejos Consultivos, las asambleas de vecinos también contempladas en la Ley 1.777. “Son los que saben lo que pasa, los que conocen dónde hay que hacer arreglos”, afirma. Teme que la centralización produzca que se reparen aceras o espacios públicos varias veces en un breve lapso de tiempo.

“La subsecretaría de Vías Peatonales arrancó pidiendo una consulta a una empresa privada para que le diga el estado de las veredas. Hace diez años que gobiernan (los funcionarios del mismo partido de Gobierno). Esta consultoría nos salió $14.000.000. Con el dinero de los primeros seis meses de la subsecretaria se podrían haber contratado cuadrillas para cada una de las 15 Comunas”, agregó.

También consultada por este medio, María Suárez, integrante de la Junta Comunal 3 por el FpV (Balvanera y San Cristóbal) afirmó: “El haberse creado el programa de manutención de las vías secundarias (veredas) de las Comunas, una función exclusiva de las mismas, a cargo del Ministerio de Espacio  Público. Todo esto demuestra el paulatino vaciamiento político administrativo de las Comunas y como definición política, el manejo discrecional de los destinos y dineros de nuestra Ciudad”.

“Vemos que se profundiza la decisión política del Gobierno de la Ciudad de centralizar el Presupuesto de las 15 Comunas, así como de todo lo relacionado con la gestión en las distintas áreas e competencia comunal que han sido absorbidas por los Ministerios del gobierno local”, agregó.

Para Costa Díaz la creación de esta subsecretaría “no es una vuelta a la centralidad, ya que Ciudad nunca quiso descentralizar”: “En todo caso, hay sinceramiento de la práctica que venía desarrollando durante estos seis años (desde diciembre de 2011 cuando entraron en funciones las 15 Juntas Comunales, cuyos miembros fueron elegidos por el voto de los porteños)”.

Parte de este “sinceramiento” quedaría expuesto en que el Gobierno porteño, a través de la subsecretaria de Gestión Comunal Marina Hernández, envió a los presidentes de las 15 Juntas Comunales una nota para suspender licitaciones sobre el mantenimiento comunal y sostenible de espacios verdes y sobre el servicio de mantenimiento integral de arbolado público, tal como informó este medio. Enterada de esta situación, la legisladora y presidenta de la Comisión de Descentralización, Paula Penacca (Frente para la Victoria), presentó un pedido de informes, en el que plantea que “ambas (licitaciones) se encuentran íntimamente ligadas a las competencias exclusivas que tanto la Ley 1.777 como la Constitución de la Ciudad le otorgan a las Comunas”.

En paralelo, se produjo la renuncia del secretario de Descentralización Sergio “Chiche” Constantino. Esta área de Gobierno es la actual Atención y Gestión Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y encabezada por Facundo Carrillo.

Según Fernando ‘Bana’ Benegas, secretario de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión de la Jefatura capitalina, las Comunas tendrán en 2018 un “crecimiento presupuestario de $170 millones, es decir el 11% más que este año. Es el número de inflación estimada por el Banco Ciudad. Además, a través de la secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la que dependen 22 Sedes y Subsedes Comunales, “los trámites y servicios digitalizados están llevándose a cabo, y el plan de mejoras del sistema de salud continúa mejorando”.

La comunera Suárez afirma al respecto: “Hay una intencional disminución  monetaria y sistemática en las partidas presupuestarias  otorgadas en las 15 Comunas para el año 2018. Otra nuestra política de desinterés absoluto por cumplir con la ley de comunas fue la creación de gerencias y sub gerencias a cargo de personal contratado en su mayoría, a quien sin desmerecer su posible capacidad técnica y profesional, efectuará  funciones que constitucionalmente son injerencia de los comuneros y comuneras”.

Integrantes del Consejo Consultivo Comunal 3, integrado por habitantes de Balvanera y San Cristóbal que se reúnen una vez al mes, elaboraron un informe con la ayuda de asesores económicos, al que tuvo acceso este medio. Señalan que “tras la renuncia de Constantino se publicó en Boletín Oficial (N° 5206) una modificación en la estructura organizacional dentro de la Jefatura de Gabinete, que impacta directo sobre las Comunas”. La responsabilidad referida a las mismas está en la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana y, dentro de ella, la subsecretaría de Gestión Comunal.

“La primera observación que podemos hacer es la supresión de la palabra Descentralización dentro de todo el nuevo organigrama, en sintonía con la creación de las distintas gerencias operativas que, a priori, tendrían una superposición de tareas con los Gobiernos comunales”, afirman los vecinos.

Además, al analizar el organigrama advierten un nuevo rumbo: “Esto mismo que se ve en el organigrama, tiene un correlato en términos presupuestarios. Se expresa una impronta centralizadora de los recursos para nuevas obras comunales, dentro de la Dirección de Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio, que incorpora las gerencias operativas de Proyectos Comunales y Obras Comunales”.

El programa que ejecutará esta Dirección “tiene como objetivo proponer y ejecutar obras de regeneración urbana y de puesta en valor, de alcance comunal”. En términos presupuestarios, el programa que ya era preexistente (pertenecía a la extinta Dirección General de Servicios Desconcentrados), aumenta en valores reales un 164% con un presupuesto de $62.800.000.000. Esto contrasta cabalmente con el presupuesto para nuevas obras destinado a las comunas, en donde hay una reducción de más del 50% (Comuna 2, 3 y 14)”.

El documento elaborado por vecinos afirma que “respecto al Mantenimiento del Espacio Público el programa centralizado, Mantenimiento del Espacio Público, disminuye en términos reales un -17%. En las Comunas la situación es muy dispar, mientras algunas Comunas (2 y 14) disminuye entre un 15 y 25% en términos reales el ítem que expresa esta tarea (Mantenimiento, Reparación y Limpieza), en otras (Comuna 3) se refleja un llamativo aumento +700% que no da cuenta con la cantidad de Metros Cuadrados a mantener”.

“El presupuesto da cuenta no sólo del carácter centralizador, sino también del cambio de prioridades. El sistema de medición de las demandas, expresado en la Dirección de Gestión de Calidad y Demanda Ciudadana, sostiene un considerable aumento de +344%, pasando de 5,6 a 28,9 millones.  A pesar de que el Gobierno tendrá una mayor capacidad de asimilar cuales son las inquietudes de los porteños, su capacidad de resolución disminuirá a partir de la reducción de presupuesto que expresa el modelo UAC (Unidad de Atención Ciudadana). Un caballito de batalla de Gobierno porteño, que atiende de forma desconcentrada (en cada una de las Sedes Comunales) los trámites básicos de los ciudadanos”, analizan sobre el proyecto de ley de Presupuesto 2018 que debe votar la Legislatura local antes que termine el año.

“El presupuesto para las UAC da cuenta de una estrepitosa caída y un cambio de prioridades, de un presupuesto de $209.000.000 en 2017 pasa a $105.000.000 para el año próximo, esto significa una baja de -56% en términos reales. Mientras tanto la Línea 147, herramienta de consulta que destina un 96% de su presupuesto a Servicios especializados, comerciales y financieros (tercerizado), pierde apenas un 4% en términos reales, $210.000.000”, concluye el estudio vecinal.