Código Electoral porteño: celebran la paridad de género y cuestionan el voto electrónico

También se habilitan los debates entre los principales candidatos a jefe de Gobierno. Entrará en vigencia en 2021.

Este jueves la Legislatura porteña aprobó el primer Código Electoral para la Ciudad de Buenos Aires. Entre otras cuestiones, se destacó porque introduce la paridad de género en las listas de los partidos políticos para todos los cargos colegiados. Habilita los debates entre los principales candidatos a jefe de Gobierno. En tanto, hubo polémica por la habilitación de medios electrónicos de voto. Entrará en vigencia en 2021.

“El nuevo Código Electoral, una deuda histórica con los vecinos de la Ciudad, que establece reglas claras para las elecciones en el distrito”, dijo el vicepresidente primero de la Legislatura, Francisco Quintana.

El oficialismo Vamos Juntos, Bloque Peronista, el GEN y Unidad Ciudadana votaron a favor. Lo rechazaron el Frente de Izquierda y de los Trabajadores; Autodeterminación y Libertad y Evolución.

Sobre la paridad de género, Carlos Tomada, presidente de la bancada Unidad Ciudadana, dijo: “Se presentaron numerosos proyectos. Afortunadamente es un tema en el que se alcanzó inmediatamente el consenso producto de la lucha del movimiento de mujeres”. Su compañera de banca Lorena Pokoik sumó: “Votamos por la paridad de género, para que en las listas electivas haya 50% de mujeres y 50% de varones. Una demanda histórica del movimiento de mujeres por democratizar los espacios de representación”.

Por otra parte, este Código reglamenta la Boleta Única como “instrumento de sufragio para los procesos electorales de precandidatos/as y candidatos/as de agrupaciones políticas a todos los cargos públicos electivos locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como para los procedimientos de participación ciudadana consagrados en los artículos 65,66 y 67 de la Constitución de la Ciudad”. Otro punto central en este aspecto es la previsión de incorporación de “tecnologías al proceso electoral, elaboradas con el objeto de establecer un marco normativo que contenga las estándares mínimos que las tecnologías deben cumplir para garantizar la transparencia y confianza en los sistemas utilizados, así como también la regulación de las pruebas y auditorías a las que esa tecnología debe someterse”, explican fuentes parlamentarias.

El legislador porteño Juan Francisco Nosiglia integra la bancada Evolución y aseguró: “Si bien reconocemos el avance que representa su sanción, Evolución se opuso a aprobar en general un proyecto que habilita la utilización de un sistema denunciado por su vulnerabilidad y que, casi, no se usa en el mundo (voto electrónico)”.

“El voto es el pilar del sistema democrático y garantizar la integridad de las elecciones debiera ser el objetivo más importante de este Código. Por eso no podíamos acompañar un texto que no da seguridad en este sentido. Propusimos y seguiremos proponiendo la boleta única de papel”, agregó.

“El Código tampoco suma grandes novedades, como se dijo en el recinto, muchos de los instrumentos son utilizados en algún lugar. En particular aprobamos y celebramos la incorporación de la paridad, del empadronamiento automático de extranjeros residentes y del debate obligatorio”, enfatizó.

Tomada destacó las modificaciones propuestas por Unidad Ciudadana en relación al proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo y señaló que respecto a una eventual incorporación de tecnología en el sistema de votación “se deja taxativamente claro que siempre tiene que existir un soporte en papel”.

Mariano Recalde sostuvo: “Nosotros ya somos críticos de la incorporación de tecnologías en la emisión del voto porque han demostrado su falibilidad y la posibilidad de que se altere no solo el secreto sino la voluntad del votante”.

“Este Código incorpora elementos que permiten dar mayor seguridad: se garantiza el soporte papel que antes no estaba y que obligatoriamente sea depositado en una urna”, explicó el legislador.

“Además, logramos quitar la posibilidad de que las personas jurídicas –las grandes empresas y corporaciones, los contratistas del Estado- puedan hacer aportes al financiamiento de campaña de los partidos político, y dejamos claras las atribuciones del Instituto de Gestión Electoral y el nuevo Tribunal Electoral, para que la designación de autoridades de mesa no queden en manos del Poder Ejecutivo”, concluyó.