Con la reforma del Código Penal, el Gobierno porteño quiere reglamentar los piquetes

Se analiza una propuesta del jefe de Gobierno de la Ciudad para poder sancionarlos.

La Comisión de Reforma del Código Penal, creada por el Gobierno nacional, estudia un anteproyecto enviado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, para penar y sancionar los piquetes.

En concreto, se estudia crear una figura para sancionar a quien detenga la marcha del tránsito durante una movilización masiva. Incluye a vehículos privados y al transporte público.

El camarista de Casación Mariano Borinsky está al frente de esta Comisión, integrada por 11 juristas. Sobre esta propuesta de Rodríguez Larreta afirmó: “Se trata de un reclamo razonable por parte de las autoridades de la CABA. Existe una necesidad de crear un tipo que prevea conductas que ocurren con frecuencia en el marco de manifestaciones masivas y que no están contempladas en la normativa vigente”.

El jefe de Gobierno propuso también crear una figura específica para enmarcar a las manifestaciones, que son una constante en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en la zona del Bajo (Comuna 1) y las inmediaciones del Congreso de la Nación (Comunas 1 y 3).

Según dijo Borinsky a Télam, este proyecto de reforma del Código Penal está en “un punto avanzado”. En dos meses podría estar terminado, luego de un año de trabajo y plenarios.

“Es necesario que el Código Penal sea acompañado, en una reforma integran, de un Código Procesal moderno e incluya bienes jurídicos como la protección de los Derechos Humanos, del Ambiente y también prevea conductas del Narcotráfico y de la Corrupción”, explicó el camarista.

“El actual Código Penal fue aprobado en 1921, sufrió más de 900 reformas, que le hicieron perder proporcionalidad y lógica interna y además no representa los intereses vitales de la sociedad actual”, señaló.

“No es un código de una ideología sino un código posible, ágil, y esperamos que lo sea por 100 años más. Entendemos que va a sentar las bases en la Justicia, y partimos de la Constitución y del Poder punitivo del Estado”, analizó.

Borinsky sostuvo que se busca “disminuir los márgenes de discrecionalidad judicial estableciendo específicamente las distintas cuestiones en el Código Penal”.

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