Convocan a una audiencia pública para la designación de cargos en la Defensoría del Pueblo porteña

El encuentro se hará en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el 21 de noviembre.

En la Legislatura porteña se desarrollará el 21 de noviembre desde las 10 de la mañana una audiencia pública para “cubrir los cargos de Defensor/a del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de sus adjuntos/as”.

La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control informó que se abrirá el registro de postulantes por 10 días hábiles a partir del 2 de octubre hasta el 16 de octubre.

“Los postulantes presentados por la ciudadanía requieren ser avalados por un diputado (legislador porteño) para integrar la nómina de candidatos”, añadieron fuentes oficiales.

Alejandro Amor es el actual Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), procurador y abogado con títulos obtenidos en la Universidad de Buenos Aires.

Los Defensores Adjuntos son María América González, José Palmiotti, Oscar Zago, Arturo Pozzali, Gabriel Fuks.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo de control autónomo e independiente, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Su creación se dispuso en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1996) y, como tal, es la continuadora jurídica de la Controladuría General Comunal. Puede proponer leyes ante la Legislatura de la Ciudad, presentarse en los tribunales en representación de los ciudadanos y tiene capacidad para iniciar investigaciones.

La función de la Defensoría es proteger y defender los derechos humanos, individuales y sociales de los vecinos; supervisar y garantizar que las instituciones y los funcionarios del Gobierno de la Ciudad cumplan con sus deberes y respeten la Constitución y las leyes vigentes; controlar que las empresas de servicios públicos brinden los servicios de manera adecuada a toda la comunidad y atender las inquietudes de las personas que se sientan afectadas por abusos, negligencias o irregularidades.