Coronavirus en Centros Socieducativos porteños: orden judicial de protocolos y pedido de informes en la Legislatura

La titular del Juzgado N° 20 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Cecilia Mólica Lourido, pidió que el GCBA otorgue protecciones al personal. La legisladora Lorena Pokoik advierte que la situación es grave.

Tras registrarse contagios de coronavirus en los Centros Socioeducativos de la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de trabajadores acudió a la Justicia para que el Gobierno porteño garantice los protocolos sanitarios y obtuvo un fallo favorable. Además, la legisladora porteña Lorena Pokoik (Frente de Todos) presentó un pedido de informes en la Legislatura local.

La legisladora manifestó: “Resulta increíble que haya que pedirle a Horacio Rodríguez Larreta (jefe de Gobierno), mediante la legislatura o amparos judiciales, que tenga que informar cosas tan elementales en medio de la pandemia, como es la implementación de protocolos ante casos positivos. Se niega, oculta información, es muy grave or eso acabo de presentar un pedido de informe para saber qué tipo de protocolo utiliza el Gobierno porteño ante posibles casos de Covid 19 en los Centros Socieducativos donde están detenidos menores de edad.Son lugares que durante años fueron postergados”.

“Queremos saber si existe un protocolo de acción conforme a normativa del Ministerio de Salud Nacional, la cantidad total de testeos; la fecha, la cantidad de ingresos de menores después de decretada la emergencia sanitaria, y la cantidad de menores testeados, entre otros puntos. Necesitamos saber qué medidas llevan adelante en estos Centros Socioeducativos donde están detenidos nuestros pibes. No tenemos datos oficiales y eso es lo que más nos preocupa.
No nos gustaría levantarnos un día con un brote de contagios por la desidia del gobierno porteño”, sumó.

En tanto, la titular del Juzgado N° 20 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Cecilia Mólica Lourido, ordenó que el Gobierno porteño tome medidas urgentes para evitar contagios. La magistrada le pide al GCBA y a Provincia ART que proporcionen a los trabajadores del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, como también a los niños que se alojan en los dispositivos de dicho organismo, los elementos de protección personal (EPP) necesarios para evitar el contagio del covid-19, los correspondientes kits de desinfección e higienización y, asimismo, adopte las demás medidas necesarias para prevenir el contagio de dicha enfermedad». También ordenó a ambas demandadas que «realicen los exámenes correspondientes de detección del covid- 19 a todos los trabajadores dependientes del CDNNyA así como a todos los niños, niñas y adolescentes alojados en los dispositivos del CDNNyA que hayan tenido un contacto estrecho con un caso sospechoso, consigna Ijudicial.

La Asociación Trabajadores del Estado se comunicó con la línea 0-800-122-JUSBAIRES y solicitó la habilitación del turno, con el objeto de obtener el dictado de una medida cautelar contra el GCBA y contra Provincia ART a fin de que «se entreguen los elementos de protección personal –en adelante EPP- y kit de desinfección e higienización a los trabajadores que prestan servicios en el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (…), como también a los niñas, niños y adolescentes que se alojan en los diferentes dispositivos del CDNNyA». Además, requirió que «se realicen los exámenes correspondientes del covid-19 a todos los trabajadores dependientes del organismo, así como a todos los niños, niñas y adolescentes alojados en los dispositivos del CDNNyA».

Manifestaron que «el 14 de mayo del corriente tomaron conocimiento de un caso confirmado de covid-19 de un adolescente en el Centro de Admisión y Derivación ‘Inchausti’, cuyos trabajadores no contaban con ningún tipo de EPP. Lo mismo ocurrió (…) en los Centros ‘San Martín’, ‘Belgrano’ y ‘Agote’, con tres trabajadores que dieron positivo al virus. (…) sostuvieron que frente a las irregularidades denunciadas sin que hayan obtenido más que evasivas, negativas y silencios, se vieron obligados a recurrir al auxilio de la justicia». En la misma presentación, se sumó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)., agrega el portal citado.

La magistrada dijo que «en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio se encuentran funcionando diez dispositivos destinados al alojamiento de niños, niñas y adolescentes». Añadió que «en dichas instituciones se encontraría un total aproximado de quinientos (500) trabajadores distribuidos entre los diferentes turnos y ciento diez (110) niños y adolescentes alojados». A su vez, mediante nota del 18 de mayo de 2020, solicitaron que «ante la detección de casos positivos confirmados al interior de dispositivos de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil informe los protocolos vigentes y actualizados dispuestos para cada uno de los centros que alojen niños, niñas y adolescentes y se garantice espacios de aislamiento para aquellos trabajadores que no cuenten con tal posibilidad». En suma, la prueba aportada daría cuenta de los incumplimientos a las normas en materia de seguridad, higiene y salubridad que «pondrían en riesgo la salud de los trabajadores del CDNNyA y de los niños, niñas y adolescentes que se alojan en los dispositivos que dependen de aquél».