Denuncian presuntas tareas de inteligencia contra manteros de Once

El dirigente Juan Grabois acusa a una funcionaria judicial de cometer “abuso de poder” contra los vendedores ambulantes de la zona comercial de Balvanera y de tener acuerdos con el GCBA.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), a través de su dirigente Juan Grabois, presentó en el Consejo de la Magistratura porteño un pedido de remoción contra Celsa Ramírez, titular de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°35 de la Ciudad de Buenos Aires, a la que se acusa de “ordenar tareas de inteligencia ilegal” contra manteros de la zona comercial Once, en Balvanera (Comuna 3).

Acusan a la fiscal de impulsar una serie de “irregularidades y situaciones de abuso de poder para el ejercicio de la violencia institucional”. Según la denuncia, la funcionaria desempeñó presuntas tareas ilegales durante “una serie de allanamientos ilegales en Once, a pedido de la apoderada de Nike, que dejaron a más de 100 vendedores ambulantes sin su fuente de trabajo el 22 de diciembre, en la semana previa a Navidad”.

De este modo, sostienen que Ramírez utiliza “figuras penales como asociación ilícita o contrabando” para “justificar su intervención en casos donde no tiene competencia y así consolidar la persecución al servicio de las multinacionales”.

En los allanamientos “del pasado 22, la propia fiscal invocó a la Ley de marcas 22.362 cuya aplicación es competencia de la justicia federal”, cuando “la jurisprudencia considera que la actividad de manteros y vendedores ambulantes no viola dicha Ley”.

“Este procedimiento va de la mano con el accionar sistemático del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, junto con las fuerzas de seguridad de la Ciudad, que usan la Ley de Marcas y los delitos de Resistencia a la Autoridad y Lesiones para perseguir y encarcelar a trabajadores que se ganan la vida en la calle”, añaden.

Según la UTEP, Espacio Público y la fiscal Ramírez “conforman un auténtico esquema de criminalización de trabajadores pobres y sus organizaciones”. Aseguran que es un mecanismo “similar a las mesas judiciales que tuvieron lugar durante el gobierno de Cambiemos en el ámbito nacional para perseguir dirigentes populares y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires para perseguir a dirigentes sindicales, tal como quedó evidenciado esta semana”.