El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal pide ser querellante en la causa por espionaje ilegal

Buscan establecer “la escala de responsabilidad penal de los distintos partícipes”. Señalan que hubo escuchas ilegales sobre diálogos entre abogados y sus clientes detenidos en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal informó que hizo una presentación judicial para constituirse como querellante en la causa que investiga presuntos espionajes ilegales hechos por agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión anterior del Gobierno nacional.

“En una presentación firmada por el Presidente Dr. Eduardo Awad, patrocinado por los Dres. Mario Filozof y Darío Busso, el CPACF salió una vez más a defender los derechos de sus matriculados”, informó el Colegio Público.

“En el mes de junio de 2019, se presenta por ante este Colegio Público el Dr. Alejandro Rúa denunciando la existencia (y posterior difusión) de escuchas telefónicas a las conversaciones realizadas entre abogados y sus clientes detenidos en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, lo que constituía un avasallamiento al secreto profesional; así como de las conversaciones entre los detenidos y sus familiares y amigos en un claro avasallamiento de derechos personalísimos a la intimidad”, introduce la presentación.

Awad indica: “El interés del Colegio Público que represento, se encuentra circunscripto a las condiciones y circunstancias que afectaron la Sala de Profesionales ubicadas en el Complejo citado, y, del mismo modo, a las salas en las que se realizaban las reuniones o conferencias entre el abogado y su cliente, encontrándose, así, afectado de modo directo e inaceptable, la confidencialidad que debe ser inviolable en esa relación, por
lo que solicito se me permita, a través de los letrados que me representan y/o aquellos especialmente autorizados a tomar vista de las partes pertinentes a los efectos de poder precisar la debida acusación contra los autores intelectuales y materiales de la o las maniobras delictivas comprobadas y determinar la escala de responsabilidad penal de los distintos partícipes”.

“Ante la gravedad de la situación, y toda vez que la confidencialidad que debe ser inviolable entre un Abogado y su cliente, es un principio que hace a las garantías constitucionales como el derecho a la defensa en juicio y a los preceptos contenidos en el Código de Ética que rige en la profesión, que la inviolabilidad del secreto profesional es, amén de una obligación indeclinable, un derecho, y que revelar el contenido de una conversación entre un justiciable y su defensa, pone en serio peligro, la confiabilidad del sistema de justicia, la seguridad de los justiciables y la integridad de los profesionales involucrados”, suma.