El Tribunal Superior de Justicia porteño dijo que las inmobiliarias no deben cobrar comisiones ilegales a inquilinos

La ACIJ e Inquilinos Agrupados impulsaron la presentación judicial en 2016, porque los corredores querían cobrar más de un mes, pese al tope de una ley porteña que fue modificada el año pasado, cuando la Legislatura estableció que las comisiones las deben pagar los propietarios.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, máxima instancia porteña, emitió un fallo donde establece que las inmobiliarias no pueden cobrar comisiones superiores a las legalmente permitidas (un mes) en los contratos con destino de vivienda única. La causa empezó en 2016, pero el año pasado la Legislatura porteña aprobó la Ley N°5.859 para que los inquilinos no paguen comisiones a la hora de formar un contrato de alquiler; las mismas las deben pagar los propietarios.

Este fallo es la conclusión de la causa “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y otros c/ Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la CABA s/ amparo” (Expte n° 14600/17), iniciada en el año 2016 por ACIJ y Gervasio Muñoz -titular de Inquilinos Agrupados-, con el objeto de revertir el cobro ilegal de comisiones inmobiliarias a quienes resuelven su situación habitacional por medio del alquiler en la Ciudad de Buenos Aires.

Los denunciantes fundamentaron que la Ley N° 2.340 fija que los inquilinos deben pagar no más del 4,15% del total del contrato. Es el equivalente a un mes de alquiler.

“Todo inquilino que haya pagado comisiones a partir de noviembre del año pasado tiene derecho a reclamar judicialmente”, dijeron en ACIJ al aire de Futurock al evocar la vigencia de la Ley 5.859.

El TSJ confirmó el fallo dictado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad por el cual se declaró nula una resolución del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (CUCICBA) que pretendía habilitar el cobro a  inquilinos/as de comisiones superiores a las legalmente permitidas en los contratos con destino de vivienda única.

Ahora, el Colegio profesional debe ejercer un control efectivo del cumplimiento de la ley por parte de las inmobiliarias, así como difundir adecuadamente los derechos con los que al respecto cuentan las/os locatarios.

Entre los argumentos del fallo, dictado con cuatro de los cinco jueces a favor, el Tribunal sostiene: “Dado el tipo de intereses involucrados y la trascendencia social de la cuestión, un fallo de este Tribunal que defina la cuestión en forma definitiva (al menos en la instancia local) cumplirá una real utilidad para un tema que involucra un interés público de trascendencia, como lo es el de las locaciones urbanas para vivienda”. Respecto del tope impuesto legalmente para el cobro de comisiones a inquilinas/os agrega que “la norma cuestionada no prohibía acordar su monto con el comitente, sino evitaba que fueran impuestos al inquilino, protege a la parte débil en la relación de consumo (el locatario de la vivienda), limita —a su vez— la restricción a la situación de personas físicas en busca de vivienda para alquilar (titulares de derechos humanos en su calidad de tal); con lo que la libertad de contratar tiene garantizado un “espacio” y las limitaciones en aras a intereses públicos también”.

El fallo se dicta en un contexto en el que en el Congreso Nacional se está discutiendo una nueva ley de alquileres que, en caso de aprobarse tal como fue propuesta en el dictamen de la Comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, significaría un paso muy significativo en la protección del derecho a la vivienda de quienes resuelven su situación habitacional por medio del mercado de alquiler. Dicho proyecto de ley enfrenta actualmente resistencias basadas en muchos de los argumentos que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad acaba de desestimar jurídicamente, lo cual hace presumir que las/os legisladores podrán tener en consideración su contenido a la hora de dar tratamiento al proyecto.

En este contexto, el fallo representa un avance sumamente relevante para proteger el derecho a la vivienda de actuales y potenciales inquilinas/os en el marco del grave déficit habitacional que enfrenta la Ciudad de Buenos Aires, a la vez que redunda en un gran respaldo jurídico para una próxima sanción de una ley nacional que mejore significativamente las regulaciones con las que actualmente cuenta el mercado formal de alquiler.

Al respecto, Gervasio Muñoz -titular de Inquilinos Agrupados- sostuvo que: “Ya nada es igual desde que inquilinos e inquilinas comenzamos a organizarnos. La comisión la va a pagar el dueño en todo el país, vamos a regular el precio y no vamos a descansar hasta alquilar de forma justa en Argentina”. Por su parte, Sebastián Pilo -Co-Director de ACIJ- sostuvo que: “La vivienda es un derecho humano y su protección es una obligación que los Estados no pueden eludir. Este es un fallo que tiende a honrar ese compromiso, sobre todo con quienes ni siquiera pueden acceder a un alquiler formal por las barreras de ingreso que el mercado inmobiliario impone”.