Funcionarios defendieron la urbanización de la Villa 31 y vecinos pidieron participar en el proceso

Hubo una reunión de la Comisión de Vivienda en la Legislatura porteña con el Secretario de Integración Social y Urbana. Los pobladores dicen que hay demoliciones y relocalizaciones compulsivas.

Este lunes se desarrolló una reunión de la Comisión de Vivienda en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y se trató un proyecto de ley por la urbanización de la Villa 31 y 31 Bis del barrio de Retiro (Comuna 1). Durante el encuentro Diego Fernández, secretario de Integración Social y Urbana (SISyU), explicó la iniciativa y contestó preguntas. Vecinos del asentamiento protestaron y pidieron que las obras se hagan con el consenso de la población. También rechazaron que haya especulación inmobiliaria y que se ejerza presión sobre las familias para que vendan sus tierras.

Fuentes oficiales explicaron que el proyecto estima una inversión de $10.000 millones entre 2016-2019 que beneficia a todos los vecinos del barrio. Busca generar el acceso a servicios públicos, infraestructura y equipamiento; la relocalización y readecuación de viviendas; la “plena participación ciudadana en el proceso”. También se hará la puesta en valor del Polo Educativo Mugica y se construirá el Polo Educativo María Elena Walsh.

Para garantizar el acceso integral al Sistema de Salud de los 40.000 habitantes se trasladaran los CESACs 21 y 25 dentro del barrio. Estos se suman al CESAC 47 hoy en funcionamiento, junto a oficinas del Estado Nacional.

La Mesa por la urbanización Villa 31-31bis hizo una protesta frente al palacio legislativo de Perú 160 (Comuna 1) y varios de sus miembros disertaron frente a los legisladores. Dicen que este proyecto que está en tratamiento no cuenta con el consenso de los vecinos. Además, denuncian que se producen demoliciones sin consultar a los pobladores. “El 20 de septiembre el Gobierno de CABA por intermedio de la SISyU demolió parte de la vivienda de una vecina de Cristo Obrero (Manzana 12 Casa 214 1° Piso) sin previo aviso y sin ningún consentimiento de sus propietarios. La familia afectada había adquirido hace unos años el 1° Piso de una vivienda en el sector, la cual debe ser relocalizada a raíz del cambio de la traza de la autopista Illia”, expuso la Mesa.

En tanto, tras la reunión el Observatorio del Derecho a la Ciudad emitió un duro comunicado sobre el proyecto en cuestión. Según esta entidad dirigida por el abogado ambientalista Jonatan Baldiviezo Ciudad propone que las tierras del Barrio Carlos Mugica (ex Villa 31), pasen a manos del mercado inmobiliario: “Quieren transformar un proceso de integración social y urbana de un Barrio Popular en un proceso de expulsión de su población y quebrando de identidad barrial para que el suelo se explotado especulativamente por el mercado inmobiliario”.

“El Barrio Carlos Mugica, no sea destruido en su totalidad y reemplazada la población que vive en dicho sector de la ciudad. Al contrario, la integración implica que en dicho barrio se acceda en forma igualitaria a los servicios públicos y equipamiento que brinda la Ciudad en el resto de la ciudad y a la vez que se reconozca la identidad, la cultura, la morfología y los lazos sociales y económicos que fue construyendo su actual población. Y, además, que dicha integración social y urbana permanezca en el tiempo, no qué sólo esté pensada para una integración inmediata que permita luego una expulsión de las familias a futuro por la presión del mercado inmobiliario. Integrar antes que nada es no permitir que sea el mercado inmobiliario el que decida quién puede y quién no puede vivir en la Ciudad”, explica el ODC.

Señalan que el artículo 55 del proyecto establece que “los cargos sobre las parcelas y/o unidades funcionales definidos en los artículos 48° y 50 podrán ser modificados en tanto se cumplan los incisos a) y b) del artículo 53 de la presente norma y además: a) Se resguarde el porcentaje de usos permitidos dispuestos en la Normativa Urbanística que como Anexo II forma parte la presente ley. b) El comprador abone (tres) veces el valor de la hipoteca por adelantado, en concepto de carga en favor del proceso de re-urbanización del Barrio Padre Carlos Mugica o para otros procesos análogos de integración social y urbana dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“Es decir, la tierra pública que se dará en propiedad a las familias que actualmente viven en el Barrio se transformará en tierra con destino a vivienda social, que a la vez, los futuros compradores la transformarán en tierra de especulación inmobiliaria pagando tres (3) hipotecas al GCBA. En definitiva, Larreta está pidiendo a la Legislatura autorización para que tierra pública que actualmente está ocupada por un Barrio Popular termine finalmente en manos del mercado especulativo inmobiliario”, sostiene el Observatorio.