Familiares de víctimas y sobrevivientes del “gatillo fácil” se manifestaron en Plaza de Mayo

“El Estado apuesta al desgaste, a la falta de recursos y al paso del tiempo para consagrar la impunidad”, lamentaron los organizadores.¢

Este jueves 27 de agosto desde las 14 se desarrolló en Plaza de Mayo la sexta marcha nacional contra el gatillo fácil. Estuvieron presentes familiares de las víctimas y sobrevivientes.

Este año, el foco de la protesta estuvo sobre los casos de violencia institucional y gatillo fácil ocurridos en el contexto de pandemia. “En este contexto de cuarentena claros son los ejemplos de que la represión no ha cesado, así lo demuestra el caso de Luis Espinoza en Tucumán que estuvo desaparecido una semana y luego se descubrió que había sido asesinado y desaparecido por policías, o el caso de Facundo Castro quien fue visto por última vez dentro de un patrullero y hoy lleva más de 100 días desaparecido”, dijeron los organizadores.

“Existe una práctica constante y sistematizada que rodea todos los casos de gatillo fácil, donde se modifica la escena del crimen, se ocultan y destruyen pruebas, amenazan a testigos y familiares, los peritajes están a cargo de sus propios pares, el poder judicial garantiza impunidad, los medios justifican el hecho instalando la versión de las fuerzas de seguridad y existe la complicidad por acción u omisión de ciertos funcionarios y políticos”, dijeron.

“El Estado apuesta al desgaste, a la falta de recursos y al paso del tiempo para consagrar la impunidad, pero nuestra respuesta siempre fue la lucha y organización, para frenar la represión, estigmatización y criminalización de nuestra juventud, y para cambiar lo que haya que cambiar”, concluyeron.

Por caso, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) el 15 de agosto publicó un informe donde concluye: “Desde la vigencia del DNU 297/2020 (del 20 de marzo al 6 de agosto), registramos 92 muertes de personas a manos de integrantes de la fuerzas estatales. Innecesario aclarar, a esta altura, que nuestro Archivo sólo incluye aquellos casos en que no existía situación real de peligro para el matador o terceros. De esos 92 casos, 34 fueron fusilamientos de gatillo fácil; 45 muertes bajo custodia -cárceles o comisarías-; 4 femicidios y femicidios relacionados; 3 desapariciones forzadas; dos son consecuencia de otros delitos policiales, dos son otras modalidades, como el uso del patrullero como arma, y un caso es intrafuerza (se mataron entre ellos)”.

En materia territorial, la provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor población del país, va a la delantera con 42 casos, seguida de lejos por Santa Fe (10); Córdoba y San Luis (6 cada una); Tucumán (5); Jujuy (4); Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Santa Cruz y Mendoza (3 cada una); Neuquén y San Juan (2 cada una) y finalmente Chaco, Chubut y Santiago del Estero (1 cada una).

“Es necesario aclarar que de los 42 casos en territorio bonaerense, 4 fueron cometidos por la Policía Federal y 6 por Policías de la Ciudad que viven en provincia. Si hacemos el desglose por fuerza interviniente, el conjunto de las policías provinciales mataron 50 personas, los servicios penitenciarios provinciales son responsables de 27 muertes, las fuerzas federales de conjunto, de 8, y la Policía de la Ciudad, de 7”.