Hicieron la audiencia pública para ampliar el Aeroparque: las obras ya está iniciadas

La Legislatura porteña pronto votará la segunda lectura. La Asociación Amigos del Lago de Palermo divulgó imágenes donde se ve cómo se ganan terrenos al Río de la Plata a la altura del Espigón Puerto Argentino.

Este martes se hizo la audiencia pública por la ley de doble lectura que ratifica la ampliación del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery (Costanera Norte). La Legislatura porteña pronto votará la sanción final. En tanto, La Asociación Amigos del Lago de Palermo divulgó imágenes donde se ve que las obras ya iniciaron. Con la instalación de montículos de tierra se ganan terrenos al Río de la Plata a la altura del Espigón Puerto Argentino.

Con esta ley debatida el martes se ratifica el Protocolo Operativo N°1 de uso Aeroportuario en el marco del convenio entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires referente al Aeroparque Jorge Newbery. De esta manera se habilitarían las obras para el relleno a la altura de la Cabecera Sur para mejorar el nivel de seguridad operativa aeronáutica y otro relleno situado al este, útil para instalar en nueve hectáreas nuevas cocheras en estacionamientos subterráneos, explican fuentes oficiales.

Durante la audiencia, el coordinador del proyecto de ampliación del Aeroparque y en representación del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, Juan Manuel Fantinelli, hizo una presentación sobre el Plan Maestro que se proyecta y brindó algunas estadísticas que explican la necesidad de avanzar con las obras. Mencionó “un crecimiento del 12% del sistema de aviación desde el 2016” con la radicación de nuevas empresas, por lo que se requiere una adecuación de la infraestructura. Además aseguró que entre 2010 y 2017 hubo en Aeroparque un crecimiento del 75% de pasajeros.

Como parte del Plan Maestro se proyectó ejecutar un relleno costero sobre el Río de la Plata que permitirá rectificar y ensanchar las aceras y las vialidades o carriles de circulación para el ingreso y egreso del Aeroparque, desplazar e implantar hacia el este la nueva posición de la avenida Costanera Rafael Obligado, y desarrollar un estacionamiento subterráneo para 600 vehículos, y generar un área parquizada sobre el borde del río reformulando el entorno al aire libre.

Sobre un total de 12 inscriptos a la audiencia, solo se presentaron 3 y manifestaron su rechazo a la iniciativa.

La aprobación inicial de la ley se efectuó sobre un proyecto enviado a la Legislatura por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, propiciando la ratificación efectuada el año pasado de dos protocolos acordados en los años 2004 y 2016 entre el gobierno local y la nación.

Se trata del protocolo rubricado el 14 de febrero de 2017 de “Uso Aeroportuario, en el marco del Convenio entre el Estado Nacional y el GCABA realizado el 23 de agosto de 2004” por el que “el GCABA cedería el uso de tierras para ampliar las cabeceras norte y sur del aeroparque en compensación a la franja de 16 metros sobre todo el lateral del mismo, necesaria para concretar la traza sur-norte de la Autopista “Presidente Arturo Illia”, y otro protocolo del 11 de mayo último sobre el Convenio Marco en Materia de Transporte, del 14 de julio de 2016 aprobado por la Legislatura mediante Resolución N° 350.

El 23 de agosto de 2004 el Convenio N° 22 -publicado en el Boletín Oficial de la CABA N° 2018 del 6 de septiembre de ese año- se suscribió con el fin de mantener el emplazamiento actual del Aeroparque y conformar una Comisión Mixta de Estudio y Enlace para el tratamiento de todas las cuestiones vinculadas al mismo.

La Comisión Mixta presentó el 22 de diciembre de aquel año un informe con el propósito de determinar las acciones necesarias para la ejecución de un proyecto de adecuación del Aeroparque y su zona de influencia y cumplir así con las normas y recomendaciones internacionales y nacionales que rigen el funcionamiento de un aeropuerto en zona urbana. Se demandó la adopción de medidas específicas en cuanto a la seguridad, infraestructura, mejoras de balizamientos, transitabilidad y espacios públicos circundantes, tareas a ejecutar por la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 S.A. conforme lo dispuesto por el numeral 6.7 del Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de Concesión, aprobada por el Decreto N° 1799 del 4 de diciembre de 2007.

Sobre esta audiencia, la Asociación de Amigos del Lago de Palermo dijo: “20 años de irregularidades que pretenden ser “regularizadas” mediante la aprobación del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo -Exp. 1925 J 2018- ya aprobado en primera lectura”.

“Las tierras en que se asienta el Aeroparque son dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, con un último plazo de concesión de la ex MCBA a la Fuerza Aérea Argentina vencido el 15 de marzo de 1990 y no renovado”, añadieron.

Citan que el decreto PEN 163/98 de adjudicación de la licitación efectuada en 1997, fija la obligación al “ganador” (o sea AA2000) de construir otro aeropuerto alternativo en el Gran Bs As o agrandar Ezeiza “con anterioridad al año siete (7) de la concesión”. Esto no sólo no se cumplió sino que al año siete (en 2005), AA2000 estaba debiendo 850 millones en concepto de canon no pagados y obras no realizadas.

“En el año 2000, teniendo como pauta que el Aeroparque sería desalojado en 2005, la Legislatura de la Ciudad votó un nuevo Código de Planeamiento Urbano (vigente) en el que fija que cuando el predio sea desalojado, ese sitio sería convertido en parque público (ítem 5.4.6.17). En el año 2004 se firmó el Convenio N° 22/04 entre el Ministro De Vido y el Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra donde se decide mantener el aeroparque en su “actual ubicación”. Dicho Convenio no tuvo aprobación legislativa, por lo tanto, constitucionalmente, no está vigente”, agregan.

“En junio de 2005 el Gobierno Nacional firmó un nuevo convenio con AA2000 por el cual se le condonó la deuda, que pasó a convertirse en el 20% de las acciones de AA2000 SA en poder del Estado. También se disminuyó el canon en un 30 %. El 22 de agosto de 2005 una multitudinaria Audiencia Pública se pronunció contra el proyecto de ampliación presentado por AA2000, el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad, para ampliar sus cabeceras norte y sur en base a nuevos rellenos y sumarle predios adyacentes integrantes del dominio público de la ciudad. El Plan Urbano Ambiental aprobado en 2008 por la Ley N° 2930, dispone en su art. 9° e) Preservar el perfil y/o silueta costera de los rellenos existentes. No se está teniendo en cuenta”.

“En 2016 finalizaron las obras de relleno sobre el sector sur (adyacente al Club de Pescadores) y la nueva traza de la Costanera Norte, con un túnel por debajo de las vías ferroviarias y la eliminación definitiva del gran espacio verde denominado Bosque Alegre. Todo esto sin aprobación legislativa ni norma alguna que lo determine. Como corolario, el Ministro de Transporte de la Nación anunció una inversión de $22.223 millones para modernizar los aeropuertos de todo el país sin especificar los porcentajes correspondientes al Estado y al concesionario responsable.También en 2016 es trasladado el monumento a Cristóbal Colón desde el Parque Colón (frente a la Casa Rosada) al Espigón Dorrego – Plaza Puerto Argentino. Para ello, se destruyó el homenaje a los caídos en Malvinas y sus placas conmemorativas sin saberse hasta el momento, dónde se encuentran. Este espigón-plaza desaparecerá también con los nuevos rellenos”.

“A fines de 2017 es dado a conocer por la prensa el proyecto de ampliación explicitado en esta audiencia y, a principios de 2018, se publica el Decreto PEN N° 70/18 en el que aparece una nueva figura jurídica desconocida hasta el momento en el universo normativo argentino: el “Protocolo Operativo”. A través de esta imaginaria figura jurídica, el Jefe de Gobierno de la Ciudad transfiere a la Nación 12,5 ha (121.516,46 m2) de tierras del domino público de la Ciudad, sin mediación legislativa alguna, como marca la Constitución de la Ciudad. A su vez la Nación, mediante el Decreto PEN en cuestión, le transfiere esa misma superficie al concesionario AA2000. Aquí también el Poder Ejecutivo Nacional desconoce la obligación constitucional sobre la aprobación por ley del Congreso Nacional del destino dado a esas tierras transferidas por la Ciudad”.

“Desde 1998 -año en que se hizo cargo de la concesión- a la fecha,  la empresa AA 2000 no pagó un solo peso a la Ciudad de Buenos Aires por la ocupación de 138 ha de sus tierras públicas. Ahora se le suman 12 ha más. La idea del proyecto de ley patrocinado por el Gobierno Nacional, el de la Ciudad y un sector de la “oposición”, es que esta situación siga a perpetuidad ya que la ocupación de esas 150 ha no tiene plazos”, concluyen los vecinos.