Impulsan un recurso de amparo para frenar la nueva licitación del subte

Los autores afirman que la Legislatura porteña la aprobó con 32 votos, cuando en realidad debía ser por 40. El Gobierno local afirma que la votación fue legal.

Los autores afirman que la Legislatura porteña la aprobó con 32 votos, cuando en realidad debía ser por 40. El Gobierno local afirma que la votación fue legal.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo el llamado a licitación pública nacional e internacional para la nueva concesión del subte porteño, que durará entre 12 y 15 años. Sin embargo, el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODH) presentó un recurso de amparo para frenar la búsqueda de nuevas empresas concesionarias.

“Quedó radicada en el Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 3 a cargo del Juez Pablo Mántaras, quién tendrá la responsabilidad de proteger la institucionalidad democrática y la Constitución de la Ciudad”, expresó el ODH.

Según argumenta esta asociación civil, el proyecto de ley para la nueva concesión “fue votado por 32 legisladores (Bloque del Pro, Confianza Pública, Coalición Cívica) no alcanzando los 40 votos necesarios (dos tercios de los miembros de la Legislatura) y sin las audiencias públicas obligatorias establecidas por la Constitución de la Ciudad”.

La fundamentación legal es que el artículo 82 de la Constitución porteña “establece que con la mayoría de los dos tercios del total de sus miembros “aprueba toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad, por más de cinco años” (inciso 5)”.

Por su parte, el artículo 89 de la Constitución local dispone que tienen el procedimiento de doble lectura “toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre el dominio público de la Ciudad”.

“Los cientos de inmuebles que conforman el SUBTE son del dominio público de la ciudad y, además la concesión del subte implica también constituir derechos sobre éstos en cabeza del concesionario. Por lo tanto, resulta de aplicación absoluta los arts. 82 inciso 5, 89, inciso 5, y 90 de la Constitución de la Ciudad”, suma el ODH.

“Resulta arbitrario que la Legislatura decida cumplir con la Constitución de la Ciudad en unos casos y en otros no dependiendo los tiempos políticos y si se cuenta con los votos necesarios. Todo esto en detrimento de los derechos de la ciudadanía a ejercer su derecho a participar en estas discusiones en los tiempos, las oportunidades y los alcances que establece la Constitución de la Ciudad”, concluye la entidad.

Desde el Gobierno porteño defendieron el procedimiento desde el primer momento. la Comisión de Obras y Servicios Públicos había dado dictamen favorable para su tratamiento en el Recinto de sesiones.

El día de la votación, la entonces legisladora porteña por la Coalición Cívica, Paula Oliveto Lago, puso en palabras los argumentos de Ciudad.

Defendió que la votación haya sido por mayoría simple (más de 30 votos). “Para la concesión de servicios públicos no se requiere mayoría agravada ni doble lectura”, afirmó.

Por su parte, fuentes de la empresa concesionaria, Metrovías, afirman que esta cuestión es responsabilidad de los poderes del Estado porteño y que su participación en el debate sobre el resultado de la ley es nula.

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