La Ciudad de Buenos Aires adhirió al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó hoy la adhesión al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal con el objeto de establecer nuevas reglas generales de comportamiento fiscal y dotar de una mayor transparencia a la gestión pública.

“Todos estamos haciendo una apuesta al crecimiento de la Argentina. Los gobernadores de 22 provincias y el Jefe de Gobierno de esta Ciudad, trabajan para que en cada una de sus jurisdicciones hayan más inversiones, que impulsen al sector productivo y hagan crecer las economías regionales, lo cual debería ser reconocido por todos los sectores políticos como lo más trascendente, más allá de la letra fina, con la que podemos diferir en algunos aspectos menores”, afirmó la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Paula Villalba, durante su discurso en el recinto.

Asimismo recalcó: “Otra arista de enorme relevancia que prevé el pacto suscripto, es recuperar el superávit fiscal”. “Ni más ni menos que empezar a controlar el gasto corriente para darle solvencia fiscal a las cuentas públicas tanto de la Nación como de todas las provincias”, señaló.

“La verdadera justicia social se puede lograr ordenando las cuentas públicas para poder continuar invirtiendo en obras que permitan a más compatriotas salir de la pobreza y devolverles la esperanza, la virtud más alta en Democracia”, concluyó Villalba.

Por su parte, el presidente de Unidad Ciudadana, Carlos Tomada, cuestionó que la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2007 hasta la actualidad haya tenido un déficit en aumento cubierto con endeudamiento, fue del 1,8% en 2007 y será de 4,7% en 2018″. Acotó que “en el mismo período perdieron áreas de salud y educación públicas del 53% al 42% en 2017 y a pesar del crecimiento del 70% por la política nacional el endeudamiento por habitante pasó de 170 dólares a 1.206”. “La adhesión implica un ajuste drástico sobre el recorte de impuestos a las empresas y la reducción del gasto menor que la inflación”, explicó, “la inflación en 2018 en la Ciudad tiene un piso del 20%, no del 12% previsto en el presupuesto y el gasto caerá el 8,1%, más que a nivel nacional”, concluyó Tomada.

La Ley fue aprobada por 39 votos positivos (Vamos Juntos, SUMA+ y Mejor Ciudad), 15 negativos (Unidad Ciudadana, Bloque Peronista, y los izquierdistas FIT, MST y AyL), y tres abstenciones por parte de legisladores de los bloques GEN y Partido Socialista.

Qué dice la Ley

El primer capítulo de la Ley Nº 27.428 establece las “Reglas de Transparencia y de Gestión Pública” que deberán seguir las jurisdicciones, entre otras: publicación en la página web del Presupuesto Anual, proyección del Presupuesto Plurianual y de la Cuenta Anual de Inversión, la utilización de conversores para la obtención de clasificadores homogéneos con los utilizados por la Nación, calcular parámetros e indicadores homogéneos de gestión pública que midan la eficiencia en recaudación y gasto público y la modernización de los sistemas de administración financiera y tributaria, recursos humanos y de deuda.

En el Capítulo II, sobre “Reglas Cuantitativas”, el compromiso es que el incremento del gasto público corriente primario no supere la tasa de aumento del Índice de Precios al Consumidor, destinar el producido por la venta de activos fijos a financiar erogaciones de capital y no incrementar la relación de cargos ocupados en el sector público existente al 31 de diciembre de 2017.

Otras de las premisas son: sólo aprobar mayores gastos de otros poderes del Estado siempre que estuviera garantizado su financiamiento, no incrementar el gasto corriente permanente durante los últimos dos trimestres del año de fin de mandato, incluir estimaciones del gasto tributario y acordar políticas tributarias de armonización y de no incremento de la presión impositiva.

Asimismo, se insta a las provincias y Ciudad Autónoma firmantes a “tomar medidas para que el nivel de endeudamiento sea fiscalmente sustentable” y “elevar antecedentes y documentación correspondiente al Gobierno nacional para poder acceder a operaciones de endeudamiento con organismos que no pertenezcan al sector público no financiero”.

El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal será el órgano de aplicación y tendrá su reglamento interno que se sancionará por dos tercios de las jurisdicciones nacional, provinciales y porteña. Allí se establecerá la periodicidad de sus reuniones, su forma de integración, la posibilidad de que el mismo aplique sanciones derivadas del incumplimiento de la ley y las condiciones para que las jurisdicciones adherentes puedan solicitar ante él excepciones a la normativa.

El artículo segundo de la ley sancionada este jueves, aclara que la adhesión a éste consenso fiscal “es de aplicación a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las Comunas, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y demás entidades del Sector Público no financiero de la Ciudad”.

El Ministerio de Hacienda de la Ciudad es el que “dictará las normas reglamentarias y/o complementarias e instrumentará los procedimientos que resulten necesarios para garantizar la aplicación del Régimen”, especifica el artículo tercero.

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