El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el  Decreto N° 4 publicado este miércoles en el Boletín Oficial porteño, vetó de manera total la Ley 6.939, sancionada por la Legislatura de la CABA en noviembre de 2025, que disponía la renovación por cuatro años del permiso de uso precario y gratuito de un inmueble ubicado en Coronel Ramón L. Falcón 2714, en Flores (Comuna 7), a favor de la Cooperativa de Provisión y Comercialización “Libertadores de América” Ltda.

La decisión quedó formalizada a través del Decreto publicado este miércoles y firmado el 5 de enero de 2026 por el jefe de Gobierno. En el texto, el Poder Ejecutivo fundamentó el veto en una extensa serie de antecedentes administrativos y judiciales que, según se detalla, tornan “inconveniente e incompatible con el interés público” la renovación del permiso.

El inmueble en cuestión había sido ocupado por la cooperativa con anterioridad a la sanción de la Ley 5.780, promulgada en 2017, que le otorgó un permiso de uso precario y gratuito por el plazo de un año. Previamente, en 2010, el Gobierno porteño había dispuesto la desocupación administrativa del predio por considerar ilegítima la ocupación, lo que derivó en acciones judiciales para recuperar el bien.

Durante ese proceso judicial, la sanción de la Ley 5.780 dejó sin efecto el reclamo del Estado, ya que el tribunal declaró abstracta la causa al considerar que la nueva norma había legitimado transitoriamente la ocupación. Sin embargo, una vez vencido el plazo de un año, la cooperativa no restituyó el inmueble, manteniendo la ocupación sin un permiso vigente.

Esta situación motivó nuevas acciones judiciales por parte del Gobierno de la Ciudad, que actualmente tramitan en una causa de desalojo. En ese marco, además, inspecciones de la Agencia Gubernamental de Control detectaron irregularidades en el lugar, lo que derivó en la clausura de locales comerciales que funcionaban sin habilitación y en infracción a normas básicas de seguridad e higiene.

El Decreto de veto también recuerda que el 20 de noviembre de 2025 un juez de primera instancia ordenó la restitución del inmueble al Estado porteño, fallo que fue apelado por la cooperativa. Para el Ejecutivo, la ley sancionada por la Legislatura resultaba contradictoria con la estrategia judicial en curso, ya que implicaba convalidar el incumplimiento de la obligación de restitución y frustrar las consecuencias jurídicas del vencimiento del permiso original.

“Renovar el permiso ante reiterados incumplimientos introduce un precedente incompatible con los principios de legalidad, razonabilidad y seguridad jurídica”, sostiene el texto oficial, que remarca el deber indelegable del Estado de proteger y administrar responsablemente los bienes de su dominio privado.

Por estos motivos, el jefe de Gobierno resolvió vetar en forma total la Ley 6.939, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remitió el Decreto a la Legislatura para su conocimiento.