La Justicia porteña ordena revisar vagones y estaciones por la presencia de asbesto

Elena Liberatori dispuso “la prohibición de la manipulación o contacto con piezas, materiales, componentes o lugares con asbesto”.

La Justicia porteña falló en favor de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premretro (AGTSyP) y ordenó a la empresa concesionaria del servicio Metrovías y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a descontaminar del asbesto (material cancerígeno), que tengan las formaciones y espacios del transporte público.

Así lo resolvió la jueza a cargo del Juzgado de Feria N°2, Elena Liberatori, haciendo lugar íntegramente a lo peticionado por los metrodelegados en un amparo ambiental. Dispuso “la prohibición de la manipulación o contacto con piezas, materiales, componentes o lugares con asbesto”.

En un fallo fundamentado en 12 páginas, la jueza extendió la toma de muestras a “los sectores de instalaciones fijas también sospechados de contener elementos con asbesto”, tales como la usina, escaleras mecánicas, cables de alta tensión y señales que corren en paralelo a las vías “elementos que no solo atañen a los trabajadores sino también al colectivo de usuarios y de cualquier habitante”, consigna Télam.

Pidió que “se garantíce el derecho al trabajo de todos aquellos trabajadores que deban ser reubicados con motivo de la determinación de alguna afectación derivada de la contaminación con asbesto”.

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Solicitó a Metrovías y a la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) que “en 10 días hábiles administrativos informen al Tribunal el listado de trabajadores que han desempeñado tareas en el ámbito del subte, en el período de 40 años previos a la promoción de la demanda”.

En los fundamentos de la sentencia, la jueza recordó que la Resolución 823/2001 del Ministerio de Salud de la Nación prohíbe “el uso de fibra de asbesto, siendo ésta una sustancia cancerígena comprobada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer”.

Y resaltó que la Organización Mundial de la Salud estableció que “la aparición de los efectos a la exposición al amianto es independiente de la dosis de la exposición, siendo imposible establecer niveles de exposición seguros”.

Para AGTSyP “la responsabilidad del Gobierno de la CABA ha quedado puesta de manifiesto en las propias declaraciones del presidente de SBASE, según las cuales no vieron en su momento los manuales técnicos de las formaciones que la Ciudad compró a España, dada su voluminosidad y asumiendo que el metro de Madrid no vendería vagones con material cancerígeno, siendo que rige en la Unión Europea la prohibición de uso de amianto desde el año 1999”, texto que citó la magistrada en su fallo.