La Legislatura aprobó los nuevos Códigos Urbanístico y de Edificación para las próximas décadas

El Gobierno porteño asegura que habrá más previsibilidad y que se resguardarán las identidades urbanas. En contra se afirma que favorecerá la especulación inmobiliaria.

Este jueves se aprobó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la modificación de los Códigos Urbanístico y de Edificación, que definen las normas sobre cómo construir inmuebles en territorio porteño. Legisladores del oficialismo dicen que se trata de una jornada “histórica” porque regirán durante las próximas décadas. El Gobierno porteño defiende la iniciativa y dice que es para frenar la altura de torres y preservar las identidades barriales. Hay rechazo de entidades vecinales, quienes aseguran que se favorecerá la especulación inmobiliaria y la construcción de más edificios de altura.

Las reformas se aprobaron en primera lectura con 34 votos positivos del oficialismo, 20 negativos y 6 abstenciones del bloque Evolución.

La propuesta original de cambios se planteó a fines de 2016 a través del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad. Luego hubo discusiones en las Comunas y hasta un foro en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, en Parque Patricios (Comuna 4). En la Legislatura se discutió y el viernes pasado hubo dictamen en la Comisión de Planeamiento Urbano, presidida por Victoria Roldán Méndez (Vamos Juntos).

Según el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte porteño, en el nuevo Código Urbanístico se establecen alturas máximas de construcción, para respetar la identidad de cada barrio. También se ordena la estética de las cuadras, para propiciar un espacio público más amigable y se promueve una ciudad con varios ejes y centros de comercio y esparcimiento.

“Se plantea un desarrollo urbano consciente a partir de la identificación y creación de unidades sustentables, que se desarrollarán entre avenidas o calles transitadas”, añaden fuentes oficiales.

Otro punto novedoso es la Ley de Plusvalía, un impuesto por el nuevo valor del suelo tras la modificación del Código Urbanístico: “Habrá parcelas de la Ciudad en las que se podrá construir más. Este valor adicional que adquiere la propiedad gracias al cambio de normativa que realiza el Gobierno de la Ciudad, es llamado plusvalía urbana”. El dinero obtenido se usará para vivienda y equipamiento social; obras de infraestructura de transporte y servicios; espacios públicos; integración de barrios vulnerables.

En tanto, el nuevo Código de Edificación “elimina la obligatoriedad de la vivienda del encargado y la reemplaza por un vestuario; incorpora nuevos materiales y sistemas de construcción más eficientes, como el durlock y el Steel Framing; elimina la obligatoriedad de usos de materiales específicos.

“El Código vigente detalla algunos aspectos particulares y anticuados, como la obligación de que la mesa de cocina sea de mármol o que las paredes sean pintadas a la cal”, precisan.

Casi 100 organizaciones sociales, barriales y patrimonialistas porteñas presentaron una carta de rechazo y aseguran que habrá consecuencias negativas en caso de avalar los nuevos Códigos.

Entre otros puntos, las entidades sostienen que “son códigos que desatienden las necesidades, los derechos y la calidad de vida de la ciudadanía para garantizar los intereses de los desarrolladores y especuladores inmobiliarios”.

“Ambos códigos están netamente orientados a aumentar la capacidad constructiva de las parcelas, legalizar los permisos de obras ilegales otorgadas en la última década, garantizar seguridad jurídica y judicial a las desarrolladoras inmobiliarias e incrementar el precio del suelo y, consecuentemente, de las viviendas y de los alquileres, aumentando las inequidades producidas por el mercado inmobiliario”, añaden.

También dicen que “profundizarán el colapso actual de los servicios públicos por aumentar la densidad demográfica de la ciudad sin brindar ninguna herramienta urbanística nueva”. Nombran que destruirán “en forma progresiva y continua el patrimonio histórico-cultural de la Ciudad, transformando nuestro derecho colectivo, consagrado constitucionalmente, en un recurso económico al servicio de la especulación inmobiliaria”.

Sin embargo, las entidades que firmaron el rechazo a los nuevos códigos sostienen que la ciudadanía no participó en su confección  participado y que no se considera “la Propuesta Urbano Ambiental Vecinal”, que son 12 puntos consensuados durante reuniones vecinales de forma independiente.

Entre otras agrupaciones, suman su rechazo el Movimiento Comunero; Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC); Es Nuestra Buenos Aires (ENBA); Espacio Inter Consejos Consultivos Comunales; Basta de Mutilar Nuestros Árboles; Vecinos Agrupados de Caballito; Manzana 66 Verde y Pública; Proto Comuna Caballito.