La Legislatura designó miembros para eventuales juicios políticos o a funcionarios judiciales

En una sesión especial, realizada este al término de la sesión ordinaria, la Legislatura porteña aprobó la designación de ocho legisladores que integrarán el Jurado de Enjuiciamiento para la remoción de jueces y fiscales del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Ciudad. Fueron designados los diputados Ariel Álvarez Palma, Diego García Vilas, María Cecilia Ferrero, Daniel Presti y Francisco Quintana, por el bloque Vamos Juntos; María Inés Gorbea, por Suma+; María Rosa Muiños, por el Bloque Peronista, y Carlos Tomada, por Unidad Ciudadana.

En rigor, cinco de los miembros tenían su mandato vigente, pero se debió buscar reemplazo para las exlegisladoras Graciela Ocaña, Carmen Polledo y la fallecida Cecilia de la Torre.

Por el artículo 121 de la Constitución de la Ciudad y la ley 54 se estableció que los integrantes de la Magistratura y del Ministerio Público son removidos por el Jurado de Enjuiciamiento, integrado por nueve miembros de los cuales tres son legisladores, tres abogados y tres jueces o un juez y dos funcionarios del Ministerio Público, según el caso.

Además, la Secretaría Parlamentaria definió por sorteo quiénes serán los legisladores miembros de las salas Acusadora y Juzgadora para caso de un eventual Juicio Político, previsto en el artículo 93 de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires.

La Sala Juzgadora, de quince miembros, quedó conformada por los siguientes diputados/as: Héctor Apreda, Diego García de García Vilas, Guillermo González Heredia, Eduardo Santamarina, Andrés Freire, José Luis Acevedo, Christian Bauab, Francisco Quintana y Eduardo Petrini (VJ); Andrea Conde y Mariano Recalde (UC); Sergio Abrevaya (GEN), Patricio del Corro (PTS-FIT), Claudio Heredia (BP) e Inés Gorbea (SUMA+).

En tanto, la Sala Acusadora quedó conformada por los 45 diputados restantes.

El artículo 93 de la Constitución establece que “cada dos años y en su primera sesión, la Legislatura se divide por sorteo, en una sala acusadora integrada por el setenta y cinco por ciento de sus miembros y en una sala de juzgamiento compuesta por el veinticinco por ciento restante, respetando la proporcionalidad de los partidos o alianzas. Cada sala es presidida por un diputado elegido por mayoría simple entre sus miembros. Cuando el juicio político sea contra el Gobernador o el Vicegobernador, la sala de juzgamiento es presidida por el presidente del Tribunal Superior”.

El único caso de juicio político en el historial legislativo de la Ciudad fue el proceso contra el entonces Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra por mal desempeño como consecuencia de un incendio generado en el boliche República Cromañón donde el 30 de diciembre de 2004 fallecieron 194 personas. El 14 de noviembre de 2005 la Sala Acusadora decidió llevar adelante el procedimiento que finalizó el 7 de marzo de 2006 con su destitución determinada por la Sala Juzgadora, consigna la web de la Legislatura.