La Legislatura porteña aprobó la ley de Responsabilidad del Estado de la Ciudad

Regula las obligaciones sobre la reparación por daños y perjuicios provocados por las acciones u omisiones del Estado de la CABA.

Este jueves, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una ley que fija las responsabilidades extra contractuales del Estado de la CABA por los daños a personas o bienes a consecuencia de su actividad o inactividad. Se aprobó con 54 votos positivos, sobre 58 legisladores presentes.

Según un resumen parlamentario, estos casos hasta ahora han sido resueltos en el ámbito judicial, conforme al criterio de los jueces y, generalmente, en el fuero Contencioso Administrativo. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación dejó “expresamente excluida su aplicación para la responsabilidad del Estado, conforme lo establecido en los artículos 1764, 1765 y 1766 de dicho cuerpo normativo”.

“Significa más seguridad jurídica, porque nos permite salir de las interpretaciones que hacen los tribunales según cada caso”, dijo el legislador Martín Ocampo (UCR-Evolución) y presidente de la Comisión parlamentaria de Justicia.

Se fijo el plazo para demandar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los supuestos de responsabilidad extra contractual en tres años, a partir de la verificación del daño.

El primer artículo del texto determina que “rige la responsabilidad de la CABA por los daños que su actividad o inactividad le produzca a los bienes o derechos de las personas. La responsabilidad de la Ciudad es objetiva y directa”.

Sus disposiciones “son de aplicación al sector público, que comprende a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, las Comunas, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, y organismos de la seguridad social”.

“Las disposiciones del Código Civil y Comercial no son aplicables a la responsabilidad de la Ciudad de manera directa ni subsidiaria, rigiéndose por las normas y principios del derecho administrativo local. La sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra la CABA, sus agentes y funcionarios. Las estipulaciones de la presente ley no obstan a la procedencia de las sanciones conminatorias”, prescribe seguidamente.

Sobre esta temática, hubo el año pasado un proyecto de la legisladora Inés Gorbea (UCR); este año se incorporó la iniciativa de Gastón Blanchetiere y otros del bloque oficialista Vamos Juntos. Se sumó un expediente impulsado por Lucía Cámpora y otros del Frente de Todos. El despacho que finalmente llegó al recinto para su debate y votación fue trabajado por los legisladores de esos bloques en búsqueda de consensos, en las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, que presiden Ocampo y Hernán Reyes (VJ), respectivamente.

El artículo noveno dice: “La acción u omisión de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir, sino de una manera irregular, las obligaciones legales que les están impuestas, incurriendo en culpa o dolo, los hace responsables de los daños que causen”.

“La responsabilidad del funcionario o agente es concurrente con la responsabilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los tres años. La acción de repetición de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra los funcionarios o agentes causantes del daño prescribe a los tres años desde que se hizo efectivo el pago de la condena judicial”.

El artículo décimo indica: “La responsabilidad contractual de la CABA se rige por lo dispuesto en las normas específicas. En caso de ausencia de regulación, se aplica esta Ley en forma supletoria. Las disposiciones de la presente Ley no son de aplicación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su carácter de empleador.”

Todas las sentencias firmes deberán “registrarse y publicarse en la página web del Gobierno de la Ciudad, que llevará un registro de indemnizaciones debidas por responsabilidad del Estado por daños, que será de consulta y acceso público”.