La Legislatura porteña aprobó la venta de terrenos nacionales para financiar el RER

En ellos habrá desarrollo inmobiliario en un 35% y nuevos espacios públicos, que ocuparán el 65% de los terrenos. Se excluyó un predio sobre General Paz donde funciona una oficina de Vialidad nacional. Los casos más polémicos son el de Catalinas Sur y de la estación Villa Urquiza.

En ellos habrá desarrollo inmobiliario en un 35% y nuevos espacios públicos, que ocuparán el 65% de los terrenos. Se excluyó un predio sobre General Paz donde funciona una oficina de Vialidad nacional. Los casos más polémicos son el de Catalinas Sur y de la estación Villa Urquiza.

La Legislatura porteña aprobó este jueves, en segunda lectura, convenios del Poder Ejecutivo local y la Agencia de Administración de Bienes del Estado -AABE- que incluso hará modificaciones al Código de Planeamiento Urbano para diversas parcelas frentistas a la avenida General Paz y otras, con el objeto de financiar las obras del Sistema de Red de Expresos Regionales -RER; en este caso hay dos despachos de minoría postulando el archivo por parte de los diputados Javier Andrade (FpV) y Adrián Camps (PSA). Otro de los convenios establece habilita la construcción torres en Catalinas Sur.

En la sesión de este jueves, el primero en tomar la palabra por el oficialismo fue Agustín Forchieri, quien calificó el proyecto de “equilibrado” y destacó que beneficiará a los vecinos, quienes recuperarán “tiempo de vida”.

Javier Andrade, del Frente para la Victoria, destacó la “participación real de vecinos del barrio Naón” y señaló que “La preocupación persiste -al margen de la buena voluntad y las audiencias públicas, que no son vinculantes- para los trabajadores de Vialidad”, que podrían ser trasladados a Ezeiza.

El proyecto fue rechazado por el Frente para lo Victoria, SUMA+ y los bloques de izquierda de la Legislatura porteña. Fernando Vilardo, de Autodeterminación y Libertad, cuestionó que “la mitad o más” de los vecinos anotados en las audiencias públicas no pudieron hacer uso de la palabra.

Roy Cortina, del bloque SUMA+, expresó entre los motivos de su rechazo a la norma que “va en contramano” de lo que necesitan los vecinos, en particular de La Boca.

Laura Marrone, del Frente de Izquierda, dijo que estamos ante “Una Ciudad que se desfinancia con la eximición de impuestos a los grandes empresarios, mientras rifa las tierras públicas”.

“La Comuna 4, que corresponde a Catalinas, tiene, según la Dirección de Estadistica y Censos, 0,4 hectáreas de de espacios verdes”, agregó Marrone quien afirmó: “Esta Legislatura se parece más a una agencia de remate que a un recinto donde se elaboran políticas que defienden los derechos sociales de nuestros habitantes”.

Adrian Camps consideró que la decisión del Estado nacional de “vender tierras públicas por decreto es inconstitucional”, destacó su proyecto para darle un destino social al predio de La Boca, al crear la Unidad Ambiental, Deportiva, Cultural y de Gestión, que pedían los vecinos, “que de ninguna manera quieren que se construyan torres”, y acusó al Gobierno de buscar que “esas tierras tengan el mayor valor (inmobiliario) posible”.

Ramal también denunció que las venta de tierras nacionales por decreto “es inconstitucional” y advirtió que, en este punto, “no hay grieta” entre el Gobierno actual y el anterior, luego de señalar que el oficialismo actual se vale de un decreto de la gestión anterior.

María Rosa Muiños también reclamó que “La Agencia de Bienes del Estado de la Nación pase por el Congreso nacional en cada una de sus intervenciones, cosa que evidentemente no hace”. Por otro lado, acusó a la Ciudad de “desentenderse del planeamiento general de la Ciudad” y advirtió que recién cuando “los vecinos toman cartas en el asunto, bajan un predio o bajan la altura de la torres”. Además, aseguró que “Es una obligación del jefe de Gobierno sentarse de igual a igual con el Estado nacional y reclame la potestad del planeamiento de la Ciudad para la Ciudad” y mencionó “especialmente el tema de la participación popular”: “Vuelvo a reiterar el reclamo de la ausencia de la Comunas en todo este proceso”, y dijo que es obligación de la Juntas emitir su opinión en cada caso. Muiños criticó la plataforma BA Elige al señalar que su última encuesta es sobre el mejor asado de obra.

Maximiliano Ferraro, miembro de la Coalición Cívica en el interbloque Vamos Juntos, fue el encargado de cerrar los discursos y defendió la constitucionalidad y los alcances del proyecto.

Ambos despachos, que también involucra tierras en barrios como Palermo y Saavedra, fueron aprobados por 34 votos positivos, 25 negativos y cero abstenciones.