La Legislatura porteña no tratará el proyecto que regula las apps de delivery

El bloque del oficialismo lo quitó de la labor parlamentaria de este jueves. Había generado el rechazo de algunas entidades que representan trabajadores del sector.

Este jueves durante la sesión ordinaria en la Legislatura porteña el bloque oficialista Vamos Juntos retiró de la labor parlamentaria (temario del día) el proyecto para regular las apps de delivery como Rappi, Glovo, PedidosYa y Uber Eats. Era una iniciativa que había generado malestar entre trabajadores del sector.

La propuesta contemplaba una extensa normativa para ordenar esta modalidad de trabajo. En la actualidad, existe una ley que regula la actividad de los deliverys, pero no contempla la modalidad bajo la cual trabajan esas operadoras digitales, mediante las cuales, los usuarios pueden realizar los pedidos a través del teléfono celular, contactar los locales de gastronomía o enviar correspondencia, consigna Télam.

El proyecto del oficialismo porteño, que lleva las firmas de la legisladora Cristina García de Aurteneche y Marcelo Guouman (Evolución Radical), proponía la creación de un Registro en el cual se deberán inscribir tanto las operadoras digitales como los repartidores y mensajeros.

La propuesta que deberá esperar para ser debatida en el recinto definía a tres actores fundamentales en esta cadena laboral: a las plataformas digitales en la que “terceros ofertan y demandan” el delivery, los propios repartidores y mensajeros habilitados para ejecutar la tarea, y a los prestadores del servicio, que son, en su mayoría, los locales de mensajería, agrega la agencia.

Como se informó, la Asociación de Personal de Plataformas (APP) cuestionó semanas atrás: “Impone multas y requisitos discriminatorios contra los trabajadores. Proponen legalizar las aplicaciones e imponerles todas las cargas a los repartidores. Intenta flexibilizar los requisitos de funcionamiento de las plataformas, habilitando expresamente el trabajo autónomo e imponiendo multas y requisitos discriminatorios contra los trabajadores”.

“El proyecto pretende que renovemos anualmente una habilitación, y para eso vamos a tener que patentarnos nosotros, comprar los elementos de seguridad y cumplir varios requisitos como si fuéramos microempresarios”, destaca. Y advierte que “exime de responsabilidad a las empresas de plataforma y traslada todas las obligaciones y requisitos al repartidor”.