Legisladores y diputados presentes en la marcha contra la Ley que permite al TSJ recurrir fallos nacionales

La movilización se hizo en rechazo al proyecto aprobado por la Legislatura porteña el último jueves.

La votación positiva del último jueves 30 de septiembre del proyecto impulsado por el Gobierno de la Ciudad para autorizar la intervención del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en fallos de alcance nacional generó un fuerte rechazo opositor. Por ello, este miércoles se realizó una protesta frente a la sede del organismo, situado en Cerrito 760.

De la movilización formaron parte representantes de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp), Sipreba, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (Suteba), y el Frente Barrial, entre otras organizaciones nucleadas en la Central de Trabajadores de la Argentinos (CTA), que se dejaron ver con sus banderas e hicieron sonar bombos.

Asimismo, dijeron presente también algunos diputados nacionales y legisladores porteños. Leopoldo Moreau, Walter Correa, Sergio Palazzo, Carlos Raimundi y Lucía Cámpora fueron algunos de ellos, todos nucleados en el Frente de Todos. También se vio a miembros de instituciones judiciales como el Colectivo de Abogadas y Abogados Laboralistas⁣⁣, o el juez Juan Ramos Padilla.

Ante la agencia Télam, el dirigente de la CTA Pablo Kleiman, expresó algunos de los argumentos del rechazo. Sobre ello, sostuvo que “la ley es inconstitucional porque la justicia nacional está reservada para los tribunales provinciales o federales y la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, entonces no tiene ninguna competencia para revisar porque así lo marca la constitución”.

“Esto es un intento más de aquellos que se dicen defensores de la república y de la división de poderes y de las instituciones, se rasgan las vestiduras por eso, pero en la práctica violentan la constitución”, prosiguió Kleiman.

Como informó Pura Ciudad, la ley permite apelar fallos de la justicia nacional ante el Tribunal Superior de Justicia porteña. Técnicamente, se trata de una modificación a la Ley 402 de procedimientos ante el máximo tribunal en la órbita porteña que habilita a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales que tengan sede en la Capital Federal.

El proyecto tuvo 38 votos a favor -de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista y GEN-, y 20 en contra -del Frente de Todos y la Izquierda. Las figuras nacionales de la alianza opositora en la Ciudad criticaron duramente la iniciativa una vez aprobada. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró la norma como “escandalosa” e “inconstitucional”. Y el ministro de Justicia, Martín Soria, expresó que el texto “tiene nombre y apellido y se llama Mauricio Macri”, y consideró que fue pensado “con tal de evitar la quiebra del grupo Macri por la estafa del Correo” Argentino.