Legislatura: con votos propios y críticas de la oposición, el oficialismo modificó el Código Procesal Penal

Aunque se eliminó uno de los artículos más polémicos, la norma contó con el voto negativo los 24 representantes que no integran el bloque Vamos Juntos.

Este jueves la Legislatura porteña sancionó la modificación del Código Procesal Penal, en el marco del traspaso de competencias judiciales al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

La norma, aprobada gracias a la mayoría que ostenta el bloque oficialista, fue apoyada por 34 miembros de Vamos Juntos y tuvo la negativa de los 24 opositores que, sumados, conforman el cuerpo de 60 bancas.

Si bien la administración encabezada por Horacio Rodríguez Larreta defiende los cambios, al sostener que agiliza los procedimientos y la acción judicial, desde disintos sectores cuestionaron las nuevas normas avanzan contra la privacidad de las personas.

La iniciativa del Ejecutivo porteñp consta de 69 artículos que regirán el accionar de jueces y fiscales durante la sustanciación de las causas penales.

La misma está contenida en el despacho de mayoría respaldado sólo por el oficialismo de Vamos Juntos y fue recomendada al Pleno por las Comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales presididas por los diputados Daniel Presti (VJ) y Diego Sebastián Marías (VJ) respectivamente. La oposición de Unidad Ciudadana, Bloque Peronista y Partido Socialista emitió dictamen en minoría proponiendo la vuelta a comisión para continuar la discusión del proyecto en ese ámbito.

Las actualizaciones procesales apuntan a corregir diversos artículos pasando de los términos expediente o causa al concepto de caso como elemento central de la investigación preparatoria en el marco de un proceso de neto corte acusatorio tal como lo estipula la Constitución de la Ciudad en su artículo 13.

También incorpora los principios del proceso penal que tienden a robustecer la oralidad y el sistema de audiencias para la resolución de los conflictos de los casos judiciales, promueve la celeridad en las causas, la simplificación de trámites apelatorios y el uso de tecnología en protección de víctimas y testigos.

Se alude al concepto de víctima, precisándose los alcances de la facultad de querellar cuando se trate de un delito cuyo resultado sea la muerte del ofendido, o cuando éste se encuentre materialmente impedido para hacerlo; prevé la unificación de querellas y su trámite; estipula el derecho de toda persona a designar letrado defensor de confianza, público o privado, desde el primer acto del procedimiento penal en un todo acorde con lo dispuesto por el art. 29 del cuerpo normativo; agiliza el trámite por el cual la Cámara de Apelaciones resuelve las recusaciones de los jueces de primera instancia; y en relación a la incapacidad sobreviniente del imputado, el proyecto prevé que el juez pueda dictar medidas de resguardo en caso de peligro para sí o para terceros.

Con el objeto de promover la concentración de los planteos de las partes en la primera audiencia de medida cautelar que se tramite en un caso judicial o en su defecto en la audiencia del artículo 210, para garantizar que el imputado sea juzgado en un plazo razonable y favorecer la economía y celeridad procesal.

Se establece que las notificaciones y las vistas pueden ser a través de medios electrónicos. En ese sentido se prevé que para los testigos residentes a más de 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se podrá utilizar un sistema de videoconferencias.

Se regula el término de la investigación preparatoria mediante decisión Fiscal, en primer lugar, y luego bajo control judicial. También se precisa que ésta concluye con la formulación del requerimiento de juicio de la fiscalía, sin perjuicio de que con ulterioridad sea declarado nulo por la jurisdicción, otorgando un breve plazo para la reelaboración del mismo a los fines de evitar el vencimiento del plazo de la investigación.

Se propone agregar el Capitulo 8, “Medidas especiales de investigación”, a los fines de brindar herramientas modernas para agilizar la investigación, regulando cada uno de los institutos y sujetando su procedibilidad a un criterio restrictivo que respete los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Se incorporan medidas de investigación tales como el agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada como así también sus implicancias procesales; así como otros medios de prueba, contemplando el supuesto de individualización de personas a través de la obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN).

Se recepta normativamente lo que ocurre en la práctica cotidiana de los tribunales locales, esto es, que los imputados aprehendidos en flagrancia recuperan su libertad desde la sede de la fiscalía interviniente.

Se prevé la suspensión del plazo de duración de la investigación preparatoria cuando se declare la rebeldía del imputado y además se establece que el primer llamado al acto de intimación del hecho interrumpe el curso de la prescripción de la acción penal.

Se incorporan diversos supuestos a los fines de determinar el peligro de fuga, siendo uno de ellos la existencia de una sentencia condenatoria a una pena privativa de libertad de efectivo cumplimiento. Asimismo, se adaptan los plazos al trámite que insumirán los casos judiciales que se iniciarán ante la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con motivo de la aprobación del Convenio de Transferencia mencionado.

Se precisa hasta qué momento del proceso penal es posible llevar a cabo una mediación o composición, su operatividad como causal suspensiva del plazo de la investigación preparatoria, y la prohibición de llevar acuerdos cuando la pena en abstracto del delito atribuido supere los seis años de prisión o reclusión, o bien cuando el imputado registre en su contra antecedente penal condenatorio.

Se define en qué momento procesal la suspensión del proceso a prueba puede ser concedida, su operatividad como causal suspensiva del plazo de la investigación preparatoria y la posibilidad de que su cumplimiento resulte monitoreado a través de medios tecnológicos.

Según ADN Ciudad, en el recinto, el diputado Presti explicó: “Hemos invitados a diferentes actores del sistema para que opinen sobre el proyecto y se ha trabajado coordinadamente con la oposición en el seno de ambas comisiones”. En ese sentido reconoció que el punto más cuestionado, que tenía que ver con la vigilancia remota, se eliminó del texto final.

A su término la diputado Myriam Bregman (PTS) cargó contra Presti: “Los cambios que se hicieron no son para conseguir el consenso de la oposición sino para que su propio bloque lo votara, porque no querían hacerlo”.

Y agregó: “Gobiernan contra las grandes mayorías, por eso Cambiemos necesita aprobar un código para espiar y controlar a todos, y especialmente a los sindicatos, organizaciones, movimientos sociales y la oposición política”.

En tanto el legislador del Frente de Izquierda Gabriel Solano (PO) dijo: “Se trata claramente de un escandaloso engendro represivo que otorga facultades ilimitadas a la justicia para el espionaje. Viola el elemental derecho a la defensa y a la intimidad de las personas. El proyecto permite a la justicia de la Ciudad, en un 80% adicta al oficialismo, avanzar sin controles en las escuchas, la vigilancia remota a través de dispositivos electrónicos, el uso de agentes encubiertos y actas secretas. Por otra parte se favorece la prisión preventiva y se duplica el tiempo en el que un detenido queda a disposición del Juez”.

“Larreta quiere establecer un Estado espía contra la población de la Ciudad que lucha contra el ajuste en la educación, la salud y la defensa de derechos democráticos. Lo demuestra la ofensiva contra las organizaciones que nos movilizamos contra el robo a los jubilados en diciembre de 2017. En paralelo se discute una reforma represiva del Código Contravencional que se utilizará contra trabajadores precarizados ambulantes y contra los que luchan, como la docente de Filosofía y Letras multada por una clase pública. Vamos a rechazar este proyecto represivo que va de la mano con el ajuste que Macri, Larreta y el FMI pretenden descargar contra la población trabajadora de la Ciudad”, finalizó Solano.

Por su parte los legisladores de Unidad Ciudadana rechazaron el proyecto porque compromete seriamente principios, derechos y garantías consagrados a nivel constitucional y convencional. Al mismo tiempo, en conjunto con otros bloques opositores (Peronista y Socialista), se firmó un dictamen de minoría que exige más tiempo de debate en comisión.

“De aprobarse esta iniciativa tal como está redactado someterá a los porteños y porteñas a tres riesgos: En primer lugar la vulneración de la intimidad de las personas. En segundo término, la posible comisión de abusos en el uso de estas herramientas con fines políticos. Por último, expondrá al sistema judicial a un proceso de deslegitimación mayor al que hoy estamos viendo”, afirmaron.

A lo que agregaron: “En la figura del informante, por ejemplo, no tenemos ninguna garantía que evite que las fuerzas de seguridad utilicen métodos extorsivos para acceder a la información y se relega en el Ministerio de Seguridad la reglamentación, dándole un cheque en blanco a esta cartera ministerial para tener un manejo absolutamente discrecional respecto de la utilización”.

Asimismo expresaron: “Respecto a las figuras de agente encubierto y revelador, está el riesgo de que el personal policial que actúe en estas condiciones se transforme en agente provocador, instigando la comisión de delitos, cuando ese tipo de prácticas han sido expresamente rechazadas por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. El sistema democrático y republicano necesita de herramientas de control y de límites claros que permitan evitar abusos. Abandonar nuestras facultades para garantizar estos límites no solo es un error político, sino que también es una forma de seguir erosionando a nuestras instituciones”.

El diputado Hernán Arce (Partido Socialista) planteó: “Más allá de la cantidad de reuniones que se hicieron creemos que este tema no ha sido debatido lo suficiente. No hubo consultas a organizaciones sociales y académicos al respecto, y todos los expositores que participaron tuvieron reparos en torno a modificaciones que estamos por votar. Llegamos un texto que fue modificado en las últimas 16 horas, es decir un texto de último momento”.

El diputado Claudio Cingolani (Vamos Juntos) sostuvo: “Este código es el fruto del trabajo y de la discusión en comisión donde han participado todos los actores y operadores del sistema judicial. Nunca una ley consensuada conforma a todos pero esta normativa es fruto de diálogos, acuerdos y consensos entre los diferentes bloques que integran esta legislatura”.

Y continuó: “Hemos escuchado a las organizaciones sociales, que nos plantearon sus propuestas y llegamos a un despacho que vislumbra un código acusatorio moderno que contempla los delitos que han sido transferidos de la Nación a la Ciudad”.

Además dijo: “Estamos ante un Código garante y eficaz para una mejor Justicia en la Ciudad. Lo novedoso son las nuevas medidas especiales de prueba y su aplicación para los delitos taxativamente enumerados (narcomenudeo; corrupción y prostitución de menores; proxenetismo y pornografía infantil; grooming) que justifican una investigación compleja del hecho, que debe estar fundada sobre la base de los principios de necesidad, razonabilidad y subsidiariedad, es decir si no queda otra, y todo esto bajo pena de nulidad. Las nuevas figuras que aparecen, el agente revelador; el informante, etc, cuya aplicación es bien restrictiva y no puede ser cualquiera, debe ser miembro de las fuerzas de seguridad o funcionario de investigación judicial”.

La diputada María Rosa Muiños (Bloque Peronista) también cuestionó la iniciativa: “Es grave no sólo la aprobación de este Código y que el oficialismo lo haga sin escuchar las dudas de la oposición y los miembros del sistema de justicia de la Ciudad que han venido a esta Casa a esgrimir sus objeciones”.

Por último el diputado Leandro Halperín (Evolución) opinó: “El proyecto es menos malo que el presentado por el Ejecutivo pero eso no significa que sea bueno. Vamos a acompañar algunas cosas que consideramos buenas modificaciones para un Código que es bueno”.

Mientras que la diputada Natalia Fidel (Vamos Juntos): “Creemos que es una necesidad que el Estado ponga en el centro de la escena a las víctimas, otorgándoles mayor contención y soporte durante un proceso penal que deben atravesar en búsqueda de justicia. Un abogado oficial gratuito, tal como hoy tiene quién es victimario, ayudaría en ese sentido”.

Y amplió: “Debemos reconocer que hoy existe un grave desequilibrio si la víctima, además de ser la única involucrada en el proceso penal que no eligen ser parte, es, a la vez, la única parte que debe asumir un costo económico por participar activamente de ese proceso al que se vio arrastradas”.

Fidel cerró: “Con esta medida ampliaríamos derechos para que existan mayores niveles de justicia en el propio proceso penal: el imputado, que tiene garantizado el ejercicio del derecho a la defensa letrada, lo conserva. La víctima, que no tiene garantizado el ejercicio del derecho a la querella, lo adquiriría”.

Antes de pasar a votar Presti aclaró: “No se vulnera ninguna garantía constitucional, no se afecta ningún derecho. Y para lograr más consensos, hay que ser sinceros. Es necesario ir a la Comisión. En muchas ocasiones eran dos o tres diputados de la oposición los que estaban presentes”.