Durante la sesión ordinaria de este jueves, con 38 votos positivos del oficialismo, bloques aliados y La Libertad Avanza se amplió el Presupuesto 2024 en $4,5 billones, sumándose a los $5,7 billones aprobados en diciembre pasado. A la vez, se modificó la Ley Tarifaria para poder cobrar el ABL y el impuesto inmobiliario sin topes (basándose en la evolución inflacionaria), tal como solicitó el Poder Ejecutivo de la CABA. Se actualizaron además los montos de patentes, con subas del tope de 146% a 264%.

Quienes votaron a favor fueron el oficialismo Vamos por más junto a los aliados Confianza Pública, UCR-Evolución, Republicanos Unidos el Frente Liberal Republicano. Se sumó el acompañamiento de La Libertad Avanza. Los que votaron en contra fueron Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, que llegaron a los 20 votos.

En estos dos últimos bloques denunciaron un tarifazo para los vecinos con los cambios a la Ley Tarifaria. Claudia Neira (UP) señaló: “Otro aumento más. Gracias a la alianza de Jorge Macri y Milei en la Legislatura de la Ciudad, el ABL va a aumentar sin topes, mientras todo aumenta menos tu ingreso. El bloque de Marra votó a 2 manos y sin decir ni una sola palabra para explicar por qué aumentan impuestos”.

En tanto, Gabriel Solano (FIT) señaló: “El gobierno quiere que el ABL se actualice por el IPC mientras los salarios ya perdieron 15 puntos ante la inflación”.

Por impulso de Confianza Pública, se eximió del pago del impuesto inmobiliario y la tasa de ABL a los centros de jubilados y pensionados porteños, que son unos 600.

Desde el bloque oficialista se hizo hincapié en señalar la premisa del “equilibrio fiscal financiero” y de “un régimen tributario que sea cada vez más equitativo para todos los porteños”. Según señala el despacho de la comisión de Presupuesto, que preside la legisladora Paola Michielotto, el incremento nominal que se propone es “en virtud de la evolución y proyección de las principales variables macroeconómicas que, en conjunto, arrojan un aumento sustancial sobre la expectativa original”.

“Paralelamente, la Legislatura aprobó adecuaciones a los topes de los tributos empadronados y de la cifra para exenciones del impuesto a los sellos sobre las transferencias de dominio y los contratos de compraventa de vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Con el mismo propósito de corregir los desfases generados por la inflación, se aprobaron modificaciones a las fórmulas para ajustar montos del impuesto a los Ingresos Brutos del Régimen Simplificado, a fin de evitar que muchos contribuyentes se vean forzados a pasar al Régimen General por la mayor facturación generada en los aumentos de precios y no en incremento real de las actividades o ventas”, añadió un resumen parlamentario de la Legislatura.

A mediados de abril, el ministro de Hacienda Gustavo Arengo defendió la ampliación presupuestaria y los cambios a la Ley Tarifaria ante la Comisión de Presupuesto del Poder Legislativo porteño.

Arengo explicó que “en lo que respecta al gasto en personal, este proyecto de ampliación presupuestaria propone un incremento de un billón 867.147 millones de pesos”. Y agregó: “Esta mayor erogación se debe al impacto de la inflación anual estimada sobre los acuerdos salariales que establecimos con las organizaciones gremiales que representan a los trabajadores de la Ciudad, luego de las constantes conversaciones que mantuvimos y mantenemos mensualmente con dichos sectores”.

“El proyecto de ley que hoy estamos presentando plantea la necesidad de incorporar una ampliación de los créditos presupuestarios aprobados del orden de los 4 billones 517.086 millones de pesos, debido, tal como ya mencioné, a la evolución y a la proyección de las principales variables macro económicas, que en conjunto, muestran un aumento sustancial del costo de vida por sobre la pauta original incorporada en el presupuesto”, afirmó el ministro.

No obstante, en la oposición denunciaron subas alarmantes para los vecinos. “Más tarifazos que se suman al ajuste nacional y afectan la vida de los porteños y porteñas”, sintetizó en ese momento Juan Pablo Modarelli (Unión por la Patria).

La legisladora de UP Claudia Neira aseguró en abril: “La crisis económica generada por el Gobierno de Javier Milei nos está llevando a una crisis financiera en la Ciudad. La recaudación tributaria porteña cayó en el primer bimestre del año un 34% y la nacional coparticipable subió 75% menos que la inflación en marzo. La recesión y la inflación nunca antes vista en la historia reciente, generan que la recaudación caiga y las necesidades de la población suban por la caída de los ingresos reales de las familias. Por esto, Jorge Macri plantea una modificación de la Ley Tarifaria”.

“En esta modificación, plantean varios aumentos: Suba del ABL. Suba de Patentes. Suba del Impuesto Inmobiliario. También incluyen una innecesaria suba de tarifas de parques públicos con recreos y piletas, ¡y hasta proponen la suba de tarifas para la cremación de ataúdes!”, alertó.

“Estas medidas no solo afectan a los sectores medios y populares -grandes perdedores del modelo de Javier Milei-, sino que además son tributos que no representan el grueso de la recaudación y pueden no ser pagados en momentos de crisis económica. Lo que sucede es que, frente a los distintos aumentos que nos llegan día a día -medicamentos (375% interanual), alimentos (329%), seguros médicos (114% solo en el 2024), etc.- es probable que la morosidad de estos tributos crezca; es decir, que no se paguen”, indicó Neira.

“Nuestro bloque tiene una batería de iniciativas para afrontar la caída de recaudación, sin afectar a la clase media y los sectores más vulnerables. Valdés propuso la renegociación del canon de todas las concesiones a privados otorgadas por el GCBA con actualización mensual por IPC. Matías Barroetavena planteó la modificación de las escalas de ABL e Imp. Inmobiliario para que las propiedades de mayor valor paguen más, y recuperar así la progresividad del tributo. En particular, hoy presentamos un proyecto para aumentar 1% la alícuota de Ingresos Brutos a los agentes del Sistema Financiero, evitando que recaiga en los préstamos a las PyMEs, aunque en este contexto el sistema de crédito está totalmente destruido en nuestro país”.

“Esta medida sería transitoria y recaería en sólo 5200 contribuyentes de los más de 1 millón que tributan IIBB y, en particular, sobre los Servicios de Banca Minorista y Mayorista (88 contribuyentes) que en el 2023 explicaron el 26% de los Recursos Corrientes del Tesoro porteño”, concluyó Neira.