Liberatori suspendió el protocolo “antitomas” en los secundarios porteños

La jueza porteña declaró inaplicable el instructivo oficial. La Defensoría General porteña destacó la medida porque, consideró, le pone “un límite a la arbitrariedad”.

La Jueza Elena Liberatori declaró la inaplicabilidad total del “Instructivo sobre la forma de proceder en caso de toma de establecimientos educativos”, elaborado por el Ministerio de Educación porteño. Este protocolo, dejado ya sin efecto en forma cautelar en 2012 (si bien en 2017 las escuelas habían vuelto a recibirlo desde una casilla de correo electrónico oficial), ordenaba al rector o director de una escuela tomada “concurrir inmediatamente a la comisaría de la jurisdicción del establecimiento, a efectos de denunciar la ‘situación de toma´”.

Asimismo, en su sentencia definitiva la jueza suspendió de manera precautoria la aplicación de un nuevo conjunto de instrucciones, aprobadas en febrero de este año por Resolución 643/MEGC/18, llamadas “Pautas para la Convivencia Escolar que deberá cumplir el equipo de conducción en caso de producirse la toma de establecimientos educativos de gestión estatal”. Según la norma, ante esta situación los directores debían citar inmediatamente a los padres para que retiren a los chicos de las escuelas. De no hacerlo, se establecía que “la responsabilidad sobre el alumno recaerá exclusivamente sobre el adulto que ejerza la responsabilidad parental”.

De este modo, la jueza hizo lugar al amparo promovido por un grupo de padres, patrocinados por el Defensor Ramiro Dos Santos Freire así como a lo solicitado también, en otro amparo, por el Asesor Tutelar ante la Segunda Instancia, Gustavo Moreno y la Asesora Tutelar ante la Primera Instancia, Mabel López Oliva.

“Consideramos al fallo muy positivo en cuanto establece un límite a la arbitrariedad de los protocolos referidos a las tomas de colegios. Ahora esperamos que, de acuerdo a lo ordenado por la Jueza, se elabore un nuevo protocolo escuchando a toda la comunidad educativa, a esta Defensoría y a la Asesoría Tutelar. De esta manera, se respetarán los derechos de los alumnos y se promoverá el diálogo, la convivencia, y las prácticas democráticas”, aseguró Dos Santos Freire.

Según había planteado el Defensor Oficial en su presentación, la Resolución 643/18 era ilegal y manifiestamente arbitraria, dado que resultaba violatoria de la Convención de los Derechos del niño, la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad, y la ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y adolescentes.

En el mismo sentido, la magistrada señaló en su fallo que si bien la Constitución local establece la participación de la comunidad en el sistema educativo y la democratización en la toma de decisiones, así como el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus derechos, “dichos preceptos y principios constitucionales transcriptos no fueron respetados”. Pues no surgiría de la resolución “que se haya oído ni dado intervención alguna a la comunidad educativa ni a otra institución dedicada a la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia”. Según planteó la jueza en referencia a la ley 3.055 de Mediación Escolar, tampoco se tuvo en cuenta “la aplicación de la legislación local imperante para la resolución de conflictos, específica del ámbito educativo”. Por estos motivos, resolvió suspender la aplicación de la norma hasta tanto el Gobierno “subsane las omisiones incurridas, confiriendo la debida participación a la comunidad educativa y a las entidades de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

En cuanto al Instructivo, Liberatori destacó que si bien desde el Ministerio alegaron que ellos no lo habían difundido por correo electrónico en 2017, “ha quedado acreditado en autos que se han enviado instrucciones vía email desde la casilla de la Dirección Educación Media dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad”. Por otra parte, a pesar de que negaron que se hubiera formulado una denuncia penal a un niño o niña en el marco del mismo, la jueza destacó que en el expediente se presentó un acta confeccionada por las autoridades de una escuela con motivo de la toma en rechazo a la reforma educativa “Secundaria del Futuro”, donde se expresaba que debía cumplirse con el protocolo.

Además, constaba la denuncia penal contra un alumno presentada por el Vicerrector de otra escuela invocando que el Ministerio de Educación había solicitado que se realizara la denuncia. Finalmente, si bien las autoridades del Ministerio habían expresado que investigarían lo sucedido, la magistrada afirmó que no se había producido ninguna “medida probatoria concreta para esclarecer la realidad de los hechos”. “Esta actitud resulta –en el supuesto más favorable y con mucha buena fe de quien Suscribe- al menos llamativa y preocupante dado que expresa un claro desinterés por parte de los funcionarios del área para esclarecer lo sucedido”, dijo Liberatori.

La magistrada recordó que al plantear la denuncia policial como única herramienta para “desactivar” la toma, con el Instructivo en vez de solucionar el conflicto lo que se busca es “castigar”. Y agregó: “Se deben encontrar canales comunicacionales alternativos que no confluyan en el castigo y permitan una participación donde los miembros de la comunidad educativa y organizaciones de defensa de los niños, niñas y adolescentes sean oídos”.

Finalmente, ordenó en su sentencia que el Gobierno porteño ponga “en conocimiento de los Directores y/o Rectores de establecimientos educativos de la Ciudad esta decisión”.