Los mudaron del Riachuelo al Complejo Mugica de Villa Lugano: de plomo en sangre a inmuebles con problemas estructurales

A 10 años de la Causa Mendoza, vecinos y agrupaciones hacen notar los problemas en los nuevos hogares de las personas trasladadas. “Es probable que algunos edificios deban demolerse a futuro, hacerlos de vuelta”, dijeron en el Observatorio del Derecho a la Ciudad. El IVC hará obras de puesta en valor millonarias, pero desde la Auditoría porteña sostienen que no resuelven las falencias de fondo.

Del plomo en sangre a paredes electrificadas y ascensores defectuosos. Pasaron 10 años entre ambas realidades. Las familias son las mismas. Antes poblaban la ribera porteña del Riachuelo y ahora están en el Complejo Carlos Mugica de Villa Lugano (General Paz y Castañares, Comuna 8), donde entidades sociales señalan que hay problemas estructurales que ponen en riesgo la vida de la población. El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) hará obras millonarias de puesta en valor, pero desde la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires dicen que se trata de obras “parche” que no subsanan falencias de fondo.

En 2008 la Corte Suprema de la Nación falló por la histórica Causa Mendoza, tras cuatro años de debate. El máximo tribunal argentino condenó al Estado Nacional, al de la Provincia de Buenos Aires y al porteño a garantizar la salud en la cuenca, mejorar el ambiente, reducir daños, desocupar el camino de sirga (ribera) y reubicar a las familias que habían montado asentamientos, cuyos integrantes presentaban plomo en sangre. Para ello, se creó la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).

Ese año inició la construcción del Complejo Carlos Mugica. Lo empezó la Fundación Sueños Compartidos de Madres de Plaza de Mayo y luego, a partir de 2013, lo culminó la empresa privada SENTRA SA bajo la competencia del IVC, responsable del lugar. Hay cerca de 780 viviendas repartidas en 12 módulos.

En estos años se mudaron allí familias de los asentamientos Magaldi, El Pueblito, Villa Cartón de Villa Soldati, Villa INTA.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad, Felipe miguel, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio rodríguez Larreta, ratificaron el compromiso de gestión para que en 2019 estén reubicadas todas las familias que viven a la vera del Riachuelo. El último asentamiento desmontado de la vera fue la villa 26, en Pedriel y la ribera (Barracas, Comuna 4). Queda pendiente el traslado a la altura de la Villa 21 – 24 de Barracas.

Durante la construcción del Complejo Mugica hubo denuncias por trabajos mal hechos. La Auditoría General de la Ciudad en 2013 emitió un duro informe al respecto. En el presente las denuncias continúan. Los vecinos aseguran que hay paredes con electricidad, edificios sin ascensores o elevadores que andan mal y ponen en riesgo a la población.

Ahora, el IVC hizo un llamado a licitación pública de $142.403.676 para hacer una “puesta en valor” del complejo habitacional, tal como informó este medio. En base a puestas anteriores, habrá reparaciones en las fachadas y en los espacios comunes.

Para la auditora general de la Ciudad de Buenos Aires, Mariela Coletta, existe un “fracaso en la política pública de complejos habitacionales”, incluido el Padre Mugica porque, pese a lo elevado del monto, el Gobierno porteño hace inversiones en forma de “parche”: “Se invierte dinero, pero las licitaciones son de emergencia, no se resuelven los problemas de fondo”. Ejemplifica con “pintar sobre las rajaduras de las fachadas”.

Hace años que se reclama por esta situación. En 2015 el juez federal Sergio Torres ordenó una inspección. También hubo pedidos de informes en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y la Defensoría porteña participó en varias audiencias de mediación.

Referentes del Movimiento Popular La Dignidad en el Barrio Padre Mugica y el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) hicieron un informe técnico. “Es uno de los peores construidos. No hay planos ni división de propiedad horizontal. No se sabe cómo se construyeron. Puede que haya problemas estructurales graves. Hace tiempo pedimos que se haga un diagnóstico estructural. Es probable que algunos edificios deban demolerse a futuro, hacerlos de vuelta”, dijo a este medio el abogado Jonatan Baldiviezo del ODC.

“Como no hay propietarios, nunca se formaron los consorcios. Es difícil la organización entre vecinos para pedir arreglos. No hay administrador. Las tierras son del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Pedimos que el administrador sea el Estado”, agrega y señala que también hay problemas sociales latentes: “Hay jóvenes con adicciones a las drogas sin atención, hay narcotráfico, la policía no tiene un recorrido dentro del complejo. El Gobierno en vez de solucionar en forma integral, terminó las obras y se retiró”.

La auditora Coletta coincide: “Cada vez que volvemos a supervisar vemos que los mismos problemas prevalecen”. Afirma que el Gobierno porteño tiene una “política de urbanizar las villas, pero no para mejorar los complejos, donde viven casi 150.000 personas que también integran sectores vulnerables”. “Los vecinos del complejo Mugica dicen que ahora tienen techo, pero que están lejos de infraestructura pública como hospitales o escuelas y tienen miedo por los problemas edilicios. Muchos dicen que antes, a la vera del Riachuelo con todos los riesgos sanitarios, estaban mejor”, concluye la auditora.