Mientras vecinos protestaban, la Legislatura aprobó la primera lectura para urbanizar la Villa 31

El Gobierno porteño asegura que “no se realizarán desalojos forzosos”. Los habitantes se manifestaron frente al palacio legislativo para pedir más participación en la integración socio-urbana.

Este jueves la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una ley de doble lectura para lograr  la integración socio urbana de la Villa 31 de Retiro (Comuna 1) que se enmarca en la ya sancionada Ley 3.343 de 2009. Los vecinos del asentamiento tenían disidencias y pedían más participación en el proyecto, por lo que hicieron una protesta frente al palacio legislativo de Perú 160, que permaneció vallado durante la sesión ordinaria.

Como parte del proyecto se implementará un programa de construcción de unas 1200 nuevas viviendas además del mejoramiento de las existentes, que consistirá en dotar a las unidades de conectividad de infraestructura sanitaria, hidrófuga y eléctrica con el objetivo de fortalecer el hábitat y favorecer su regularización dominial.

Una modificación al proyecto de ley incorporada a último momento establece taxativamente que “no se realizarán desalojos forzosos. Toda relocalización que resulte excepcionalmente necesaria se realizará dentro del polígono del barrio y con el consentimiento de los/as beneficiarios/as”.

Se propone además la creación de un Consejo Consultivo para la Gestión Participativa (CCGP) del proceso de reurbanización integrado por el cuerpo de consejeros del barrio, un representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, representantes de la presidencia y vicepresidencia de las Comisiones de Vivienda y de Planeamiento Urbano de la Legislatura, un representante de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, entre otros, cuya función será evaluar los avances del proyecto.

Serán beneficiarios de una solución habitacional única y definitiva en los términos de la presente ley, las personas del Barrio Padre Carlos Mugica que se encuentren registradas en los empadronamientos realizados por la Dirección General de Estadística y Censos entre los años 2016 y 2018; quienes acrediten ante la Autoridad de Aplicación residencia permanente en el momento de la posesión definitiva y quienes no hayan sido beneficiarios de otros Programas de Vivienda social en los últimos 10 años en el territorio de la República Argentina. Las organizaciones sociales que prestan servicios y actividades en el barrio también podrán ser beneficiarias de una parcela y/o unidad funcional.

El Título Tercero de la Ley hace referencia al ordenamiento territorial y a la normativa urbanística. En este sentido se prevé un esquema de apertura de calles, se establecen las alturas permitidas en cada parte del polígono y los usos para cada uno de esos sectores. Además se avanzará en la liberación del bajo autopista actual con la relocalización de los habitantes en viviendas nuevas, que estará sujeto al acuerdo de los vecinos.

Por otra parte, cuando se avance con la nueva traza de la autopista Illia, todo lo que hoy forma parte de la bajada pasará a ser un conector verde donde se destinará un 25% a vialidad y un 75% de su superficie a espacio público.

También se agregó el precepto de “contemplar la factibilidad de incorporar establecimientos y/o servicios de sanidad, educativos, de cultura, culto y esparcimiento” y que la autoridad de aplicación posibilite “el acceso a reducciones tarifarias suficientes en los servicios de agua potable, electricidad y alumbrado, barrido y limpieza”. También le encomienda a esa autoridad promover “la incorporación de los integrantes del grupo familiar que sean mayores de edad a programas de terminalidad educativa, capacitaciones, talleres de oficios y oportunidades laborales que tengan por finalidad mejorar su situación socioeconómica”.

En este sentido la ley sostiene en uno de sus artículos que “en el marco del proceso de reurbanización e integración social se ampliará la oferta educativa a fin de contribuir con garantizar el derecho a la educación de la totalidad los habitantes del Barrio Padre Carlos Mugica. Para tal fin se instalarán establecimientos educativos estatales y se adecuarán establecimientos comunitarios preexistentes”.

También se dispuso que “los inmuebles existentes al momento de la aprobación de esta ley que tengan un valor simbólico, histórico y/o religioso de interés general para el barrio, serán respetados y puestos en valor con el consentimiento del responsable a cargo de administración de dicho inmueble”.

La iniciativa tuvo despacho de las Comisiones de Vivienda, Planeamiento Urbano y Presupuesto y se elaboró sobre el expediente de autoría del Jefe de Gobierno; previamente hubo una iniciativa particular de Amalia Aima hecha propia por los diputados Javier Andrade y Paula Penacca (UC), que presentaron un proyecto de minoría proponiendo la vuelta a comisión del expediente porque sus objeciones no fueron consideradas y por “la multiplicidad de acciones llevadas a cabo por el Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría de Integración Social y Urbana que no están enmarcadas en ninguna ley”. “Se desconsidera el Dictamen trabajado de manera participativa e interdisciplinaria” lo que hace necesario “profundizar el debate para llegar a un resultado que realmente permita un proceso de reurbanización integral garantizándoles a los vecinos y vecinas de la villa 31 el derecho a la vivienda y a un hábitat digno”, argumentaron.

La Mesa por la Urbanización de la Villa 31 y 31 Bis emitió este comunicado: “El proyecto de Larreta, sin las modificaciones exigidas de la villa 31 salió aprobado igual, la primer lectura, con los votos de Cambiemos, del Bloque Peronista (María Rosa Muiños y su bloque) y Roy Cortina (Bloque Socialista). En cambio, Unidad Ciudadana, Evolución, Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad votaron en contra de este proyecto.

¿Y ahora? esto sigue, al barrio no le van a torcer la voluntad fácilmente. Nuestras casas y el futuro de nuestras familias está entre juego. Queda una audiencia pública donde todxs lxs vecinxs podrán ingresar dentro de 30 días. Y después la segunda y última votación a fines de noviembre. En la audiencia pública y la segunda votación se define todo. No vamos a permitir que usen nuestros derechos para sus negocios”.