Ordenan a Mercado Libre dar los datos de un vendedor en el marco de la Ley de Defensa al Consumidor

La Justicia porteña rechazó una presentación de la empresa contra una multa labrada por el GCBA.

La justicia porteña rechazó un recurso de Mercado Libre, contra una disposición de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que impuso una multa de 30 mil pesos por no dar información del vendedor a una compradora que contrató a través del famosa sitio web.

Según informa el sitio iJudicial, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, integrada por las juezas Mariana Díaz y Fabiana H. Schafrik y el juez Carlos F. Balbín, rechazó el recurso interpuesto por Mercado Libre SRL contra lo dispuesto en 2016 por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor que le impuso una multa de 30 mil pesos, por infracción al artículo 4º de la Ley de Defensa del Consumidor. Se dio en el marco de la causa “Mercado Libre SRL c/ Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor s/ Recurso Directo sobre Resoluciones de Defensa al Consumidor”.

El caso se remonta a 2014, cuando una usuaria realizó la compra de 100 sándwiches de miga a un vendedor del sitio, producto que nunca le fue entregado. La compradora efectuó una serie de reclamos para obtener “los datos reales del vendedor y la indemnización del daño producido por el incumplimiento contractual”. Ante la negativa, desencadenó la imputación de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor a Mercado Libre por infracción al artículo 4º de la ley n.º 24.240.

Díaz citó jurisprudencia para decir que “Mercado Libre interviene -y por ende es responsable– desde el mismo momento en que, creando apariencia, logra atraer para sí la confianza de sus clientes. Y precisamente, esa confianza constituye la fuente primaria de sus obligaciones. También lo es de sus ganancias. Sea cual sea el argumento que se tome, no es discutible que Mercado Libre es un intermediario que integra una cadena comercial” (Cámara Nacional en lo Civil, Sala “K”, en los autos “Claps, Enrique Martín y otro c/ Mercado Libre S.A. s/ daños y perjuicios”). Además, expresó que “la multa de 30 mil pesos aplicada a la empresa, aparece suficientemente motivada y no luce desproporcionada, si se tiene presente, tal como fue merituado por la autoridad de aplicación, su posición en el mercado y, asimismo, su carácter de reincidente“.

A continuación, Balbín expuso en su voto -al que adhirió Schafrik– que “Mercado Libre S.A. no puede desconocer que, en su calidad de intermediario, se encuentra alcanzado por la Ley de Defensa del Consumidor“. “A mayor abundamiento, cabe señalar que a través de ‘Mercado Pago’ se brinda un servicio al consumidor que también genera obligaciones para la recurrente en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor”, ahondó.

Por otro lado, afirmó que “Mercado Libre tampoco logra demostrar que la transmisión al comprador de la información solicitada hubiese vulnerado un deber de confidencialidad sobre datos personales del vendedor. No se vislumbran razones plausibles por las cuales el vendedor podría objetar que se suministre a quien contrató con él datos como su CUIL, o un domicilio al cual dirigir eventuales comunicaciones o reclamos. En definitiva, se trata de datos (razón social, domicilio y CUIT) con los que se procura precisar la identidad del vendedor y que, conforme el principio de buena fe que rige los contratos, quien acuerda voluntariamente una operación de esta índole no debería tener reparos en facilitar”.

En suma, Balbín dijo que “el vendedor se encuentra obligado a brindar estos datos al consumidor”, y que “queda claro que Mercado Libre no es ajeno a la relación de consumo“. “De hecho, la confianza de los usuarios en la plataforma ofrecida por la recurrente resulta clave para la concertación de las operaciones de venta”, explicó. Para finalizar, indicó: “La negativa injustificada a suministrar información básica sobre el vendedor conspira contra la transparencia en el comercio electrónico y coloca al consumidor en una situación de mayor vulnerabilidad”.-