Ordenan al GCBA brindar asistencia habitacional a una persona trans mientras dure el aislamiento

La resolución se enmarca en un amparo colectivo iniciado en 2018 por el Defensor Pablo De Giovanni, en conjunto con la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y con la colaboración con el Programa de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa de la CABA.

La Cámara de Apelaciones confirmó, este lunes, una medida cautelar que ordenaba otorgar a una persona trans una solución adecuada en materia habitacional o bien los fondos suficientes para acceder a ella, mientras se mantengan las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas con motivo del COVID-19, informan fuentes del Ministerio Público de la Defensa de la CABA (MPD).

La resolución se enmarca en un amparo colectivo iniciado en 2018 por el Defensor Pablo De Giovanni, en conjunto con la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y con la colaboración con el Programa de Género y Diversidad Sexual del MPD.

En diciembre del año pasado, el juez Gallardo había ordenado al GCBA que diseñe e implemente un plan de políticas públicas de empleo y vivienda para el colectivo trans y que se otorgue, a quienes así lo peticionen, un subsidio para cubrir el valor íntegro de una vivienda digna. Sin embargo, tras sendas apelaciones del GCBA y con el advenimiento de la pandemia, muchos de ellos se encuentran en situación de calle o en inminente peligro de estarlo, señalan en el MPD.

Frente a la nueva presentación del Ministerio Público de la Defensa en el caso particular de esta persona (se han realizado alrededor de 40 presentaciones nuevas referidas a integrantes del colectivo trans en emergencia habitacional) y luego de que en primera instancia se hiciera lugar a su reclamo, la Cámara de Apelaciones confirmó ahora la medida cautelar dictada a favor de la amparista.

De Giovanni afirmó: “La problemática de discriminación que sufren las personas travestis y trans se ha visto fuertemente incrementada en la situación actual, por este motivo estamos solicitando que se dé curso al amparo principal para que GCBA reconozca al colectivo como grupo prioritario en el acceso a las políticas públicas de la Ciudad, por ser uno de los colectivos más vulnerabilizados”.

En la sentencia, los magistrados Centanaro y Zuleta consideraron, en particular, el informe social elaborado por la Secretaria Letrada de Género y Diversidad Sexual del MPD, del cual surge la imperiosa necesidad de que la persona cuente con la asistencia del Estado, pues las medidas de aislamiento social le imposibilitan ejercer el trabajo sexual que le permite obtener su sustento. Además, se desprende del informe que ella padece HIV, debiéndose tratar en el Hospital Muñiz y que si bien se la incorporó en julio al programa “Atención a Familias en Situación de Calle” y se le asignaron $5000 pesos mensuales, dicho monto le es insuficiente para abonar la totalidad del alquiler de su vivienda ($11.000).

En base a estas consideraciones, afirmaron: “Estas constancias alcanzan para, en esta excepcional situación sanitaria y económica, demostrar el estado de vulnerabilidad de la actora y con ello la verosimilitud en el derecho que se exige en este estado inicial del proceso. El peligro en la demora resulta, a su vez, palmario con solo tener en consideración que se trata de una mujer con problemas de salud, sin ingresos, y que, en caso de no recibir asistencia gubernamental se encontrarían, prima facie, en situación de calle”.