Parque Patricios: las familias de Casa Santa Cruz 140 denuncian que los quieren desalojar en plena cuarentena

En la Justicia se tramita la reactivación del proceso para desalojar a 350 familias, pese a que durante el aislamiento eso no está permitido.

Las 350 familias que habitan la Casa Santa Cruz de Parque Patricios (Santa Cruz 140, Comuna 4) denuncian mediante un comunicado público que temen ser desalojadas en medio de la cuarentena.

Introducen: “Al edificio de Santa Cruz 140, que fuera sede social de la ex fábrica textil SELSA, desde el año 2002 lo hemos recuperado y transformado en un edificio de viviendas para quienes estábamos en situación de emergencia habitacional. Transcurrido muchos años de estar viviendo allí, más precisamente en 2010, con nosotros dentro, en el marco de una quiebra, fue subastado y ya, en aquel entonces, al precio vil de $1.500.000 (un millón y medio de pesos) fue adquirido por Leonardo Ratuschny, un especulador inmobiliario dueño de varios hoteles con causas judiciales en su contra. Desde entonces, venimos afrontando un juicio de desalojo, hasta el 18 en septiembre de 2019 que se lanzó el operativo de policial y judicial de desalojo, con una total ausencia de los organismos competentes de la ciudad para asistirnos. Pero con el apoyo de todas las organizaciones de la sociedad civil, sociales y políticas que luchamos por una vivienda digna, logramos resistirlo”.

Suman: “Frente a la inacción y omisión para asumir las responsabilidades del Gobierno de la Ciudad de Rodríguez Larreta, a través de la Procuración de la Ciudad y sus organismos (IVC y Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat), hemos iniciamos una acción de amparo colectiva ante el Poder Judicial de la Ciudad, en la que exigimos aquello que se nos ha sido sistemáticamente negado a lo largo de más de 10 años de lucha, el efectivo cumplimiento a nuestro derecho del acceso a una vivienda digna. Mientras tanto, ante el Poder Judicial de la Nación, en el Juzgado Civil N° 60 a cargo del Dr. Julio Fernando Virginio Césari, ya en septiembre del año pasado, solicitamos la suspensión del lanzamiento para que se nos brinde un plazo de 18 meses, para poder gestionar y trabajar de manera conjunta con las autoridades de la Ciudad y de la Nación en una solución habitacional definitiva para todxs lxs habitantes de la casa”.

Exponen: “En plena pandemia, con una curva que para los sectores oprimidos no baja, y en cuarentena estricta, contra todo razonamiento y lógica humanitaria, la “Justicia” ha asestado un nuevo duro golpe a la sensibilidad social. Ratushny con la insensibilidad que lo caracteriza solicitó al Juzgado Nacional N° 60 levantar la feria judicial para poder re-activar y continuar con el proceso de desalojo y avanzar en el logro de su cometido, la de dejarnos en la calle. Y el Juez Césari, hizo lugar a su pedido dando por acreditada una supuesta URGENCIA que va en contra de nuestras familias ya que, busca ante la Cámara de Apelaciones confirmar el lanzamiento que nos causa gravamen irreparable”.

“Todo ello, además, pese a encontrarse vigente, en todo el territorio nacional el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 320/20 de suspensión de los desalojos, que en una interpretación amplia e integral no puede dejar afuera a nuestra casa y familias!! Junto a nuestrxs abogadxs, en tiempo y en forma, ya hemos hecho nuestra presentación oponiéndonos a esta decisión judicial, pero el Juez resolvió a favor del pedido de Ratushny, manteniendo su posición. Ahora la Cámara de Apelaciones decidirá si prosigue con el trámite judicial para tratar las apelaciones interpuestas por ambas partes, oportunamente”.

“Es decir que la “Justicia” (Nacional) está consintiendo en este contexto proseguir con un juicio que pretende dejar en la calle a las 106 familias, que son un total de aproximadamente 350 personas de las cuales 131 son adolescentes, niñas y niños, muchos de ellos contagiados por COVID 19 y en proceso de recuperación, y sin posibilidades de ganar su sustento. Día a día con la solidaridad y organización estamos haciendo frente a las consecuencias de la pandemia luchando para garantizar la comida diaria (con ollas populares y en comedores) y protegernos en la salud”.

“Nos preguntamos cómo se concibe desde los organismos del Gobierno de la Nación y de la Ciudad esta administración de justicia que dispone habilitar la feria, cuando la propia Corte Suprema la dictó de manera extraordinaria y suspendió todas las actuaciones en el Poder Judicial Nacional, salvo cuestiones urgentes vinculadas a temas de carácter alimentario o de violencia de género, entre otros, pero que en ningún caso permite el impulso de los procesos judiciales de desalojos y más aún con las características de nuestro problema. Facilitar y ser funcionales a la reactivación de estas actuaciones permite el avance a una decisión que nos acerca al desamparo. Todo ello, en este momento en que nos encontramos dramáticamente golpeadxs por la enfermedad, el contagio, y con las consecuencias de la desintegración y de las desigualdades estructurales, que se agravaron, porque nos priva de todos los mecanismos que garantizan en este momento nuestra ya difícil subsistencia”, concluyen.