Piden citar a Soledad Acuña para que explique el nuevo protocolo escolar en la Legislatura porteña

El legislador de la Ciudad por el FIT, Gabriel Solano, afirma que es una “resolución represiva contra las ocupaciones de colegios”.

El legislador de la Ciudad por el FIT, Gabriel Solano, afirma que es una “resolución represiva contra las ocupaciones de colegios”.

El legislador porteño Gabriel Solano (PO en el FIT) pidió la citación a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de la ministra local de Educación, Soledad Acuña, ante la implementación de un nuevo protocolo para la toma de establecimientos escolares.

En los fundamentos del proyecto, Solano señaló: “La resolución de la ministra Soledad Acuña se inscribe en el reforzamiento de la política represiva del gobierno. Es la aplicación en el ámbito educativo, que por definición requiere de la más amplia libertad y democracia, de la llamada ‘nueva doctrina de seguridad’ de Patricia Bullrich”.

“No es casual que la resolución se conozca en momentos que Larreta quiere aplicar su proyecto de ‘secundaria del futuro’ en varios colegios pilotos, a pesar del rechazo generalizado de la comunidad educativa que denuncia su contenido descalificador. Por eso la resolución establece un sinnúmero de sanciones a los directores y padres, ya que la ‘secundaria del futuro‘ es rechazada por el conjunto de los sectores de la educación, no sólo por los estudiantes”, sumó.

Esta decisión del Gobierno porteño de tomar recaudos para las tomas escolares también generó el rechazo de otras bancadas. Paula Penacca, de Unidad Ciudadana, adujo: “Una vez más, sin participación de la comunidad educativa ni respeto por el proceso judicial en curso, la ministra nos cuenta por los medios el nuevo “protocolo” para castigar a los que ejerzan su derecho a manifestarse”.

En el ámbito educativo también hubo señalamientos. “Para solucionar los conflictos es necesario abrir espacios de diálogo y no hacer propaganda”, dijo Mariano Denegris, secretario de comunicación de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), y apuntó que la Justicia ya frenó cuatro intentos del gobierno porteño por implementar instructivos contra las tomas de colegios.

María Cortelezzi, directora ejecutiva de Educar 2050, analizó: “El protocolo no busca resolver ni prevenir los conflictos que conducen a las tomas, ni dice cómo resolverlos. Es necesario trabajar en el diseño de espacios previos de diálogo”.

Ciudad propone que durante una toma se le pida a los padres o familiares de los estudiantes que los retiren del inmueble educativo. En caso de que los alumnos permanezcan, serán sus familias las que se hagan cargo en caso de que haya vandalismo o daños.

Asimismo, las autoridades de escuelas tomadas deberán dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al SAME.

“Seguimos trabajando sobre lo que pasó el año pasado. Para nosotros no puede quedar en la nada y naturalizado que cuando los chicos no están de acuerdo con una política puedan tomar una escuela. Lo que está atrás de la resolución es que las acciones tengan consecuencias y no se vulnere el derecho a la educación de los otros”, había destacado sobre esta medida Acuña.

“Para los jueces el derecho a la protesta está por encima del derecho a la educación. Los directivos se quedaban sin poder actuar. No sabían qué hacer cuando había una toma”, sumó la funcionaria.