Piden restituir al Estado las plantas del astillero Tandanor de Puerto Madero

El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que un exfuncionario público y cinco empresarios sean condenados por administración fraudulenta durante la venta de la compañía.

El representante del Ministerio Público Fiscal Diego Luciani solicitó ante el Tribunal Oral Federal N°5 la restitución al Estado nacional de las plantas I y II del astillero Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero (Comuna 1). También pidió que un exfuncionario público y cinco empresarios sean condenados por su responsabilidad en el proceso de privatización fraudulenta. El perjuicio causado a las arcas públicas fue estimado en más de U$S50.000.000.

Según las pruebas reproducidas por el fiscal Luciani en el marco del debate oral que lleva adelante desde abril, “los imputados integraron el directorio de la empresa una vez privatizada y desde allí autorizaron la venta de unos de sus activos más valiosos, la planta I, a favor de una firma que ellos mismos integraban llamada Puerto Retiro S.A”.

“La planta I fue cerrada, vendida y desguazada por los gestores privados, con la presunta subrepticia intención de concretar sobre sus tierras un multimillonario negocio inmobiliario, a espaldas del Estado y en provecho propio”, informó el sitio oficial de los fiscales.

“El corazón” de la compañía, como lo calificaron los trabajadores, ahora podría volver al dominio público si el Tribunal hace lugar al requerimiento de la Fiscalía. Además, el fiscal general Luciani explicó que ni siquiera consta que el Estado haya percibido el valor por la venta del terreno, valuado muy por debajo del monto correspondiente.

El presunto delito por el que los acusados llegaron al juicio, y por el que ahora la Fiscalía solicitó sean condenados, es fraude en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta.

En su alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que Eduardo Tesoriere intervino como asesor en la privatización y luego ofició de representante estatal por el 10% de las acciones conservadas tras la venta al consorcio adjudicatario, integrado por las empresas Ciamar, Sud Marine Enterprises S.A. -luego Brisard Sudmarine- y el Banco Holandés Unido.

Consideró que debía ser condenado a la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos como autor del delito de administración fraudulenta. Asimismo, requirió la misma pena para los empresarios Alejandro Bofill, Nachat Samman y Juan Andrés Vlastó; tres años y medio para Gerardo Donato y 3 años de ejecución en suspenso para Miguel Larminat. Todos ellos considerados cómplices.

La maniobra se habría concretado a través de una serie de actos administrativos, principalmente en el acrecentamiento de los activos de la empresa estatal antes del proceso de licitación; el cambio en las pautas contenidas en el pliego de bases y condiciones en beneficio del holding comprador -en lo que refiere al monto del contrato y los plazos de pago-; la prórroga en la constitución de la garantía exigida y la propia constitución y capacidad operativa del consorcio, entre otros. Para 1999, los gestores privados, como parte de la maniobra, fueron a la quiebra, mientras que en 2007 se reestatizaron las acciones de la empresa por decreto del Poder Ejecutivo.