Prohíben salir del país a los directivos de Miljugadas.com

La Justicia hizo lugar a un pedido de la fiscalía de la ciudad de Buenos Aires.

La Justicia hizo lugar a un pedido de la fiscalía de la ciudad de Buenos Aires.

El titular del juzgado Penal Contravencional y de Faltas N1, juez Rodolfo Ariza Clérici ordenó a los ejecutivos de Mil jugadas, Quinton Gregori Marshall, Diego Israel Céspedes, Federico Fernández de Francesco, y Margarita Teresa Boeiro, las siguientes restricciones para ser cumplidas durante el proceso, fijar domicilio en el país, comprometerse a concurrir a las citaciones que realice la Fiscalía o el Juzgado, comparecer a la delegación de Policía Federal más próxima a sus domicilios a firmar cada 30 días el libro de personas procesadas. Además el juez les ordenó la prohibición absoluta de salir del país, la suspensión de los cargos que ocupan dentro de las dos sociedades involucradas en el ilícito y la prohibición de contacto entre los imputados por cualquier medio.

Estos imputados resultan miembros de dos sociedades, Eligra Solutions SRL y Miljugadas SRL, las cuales resultaron conformadas con el fin de dar la estructura necesaria para el desarrollo de la actividad ilícita.

La medida marca un cambio en el tratamiento de las investigaciones relacionadas con el juego ilegal que se desarrollan en el ámbito de Internet a través de páginas de juego, la Fiscalía de la Ciudad logró imponer las primeras medidas restrictivas de libertad que se dictan en una causa por infracción al artículo 301 del Código Penal (Juego clandestino), desde la sanción del nuevo delito por parte del Congreso Nacional.

Esta orden alcanza a todos los responsables de la organización y explotación del juego on line ilegal, mediante las páginas web Miljugadas.com, Miljugadas1.com, Miljugadas2.com y Miljugadas55.com.

En una audiencia oral que se extendió por casi 3 horas, el Fiscal de Cámara Martín Lapadú logró acreditar el peligro de fuga y el entorpecimiento del proceso que requiere la ley procesal como requisito para el dictado de estas medidas.

Luego de la audiencia, el fiscal Lapadu declaró “seguimos avanzando en la investigación de causas vinculadas con el juego clandestino conjuntamente con la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, quien realiza las denuncias pertinentes y nos brinda el apoyo necesario a fin de profundizar y perfeccionar las pesquisas, que de por sí resultan tan complejas como apasionantes “.

Lapadú destacó que se encuentra investigando 120 casos de páginas web ilegales, con 20 bloqueos nacionales decretados, entre los que se destacan Spingol.com, y más de 450 millones de pesos embargados“.

El sitio Spingol informa que dejará de funcionar en Argentina, con motivo de la causa contravencional que a la fecha sigue afrontando y ante la falta de resolución …

La causa de Mil jugadas tuvo los primeros allanamientos en julio del 2017, que lograron las primeras clausuras del sitio. En noviembre de 2017 se realizaron nuevos allanamientos en los inmuebles de la empresa de juego on line Mil Jugadas con sede en las ciudades de Oberá y Posadas de la Provincia de Misiones. En esa ocasión la investigación del fiscal se centró en las supuestas maniobras de captación de apuestas por medio de la plataforma informática que suministra el sitio Mil Jugadas mediante los enlaceswww.miljugadas1.com y www.miljugadas2.com, encontrándose estas conductas configuradas por el artículo 301 bis del Código Penal.

Ahora en un nuevo e importante paso, La Fiscalía de la Ciudad logró por primera vez aplicar medidas restrictivas de libertad en una causa por infracción al art. 301 del Código Penal (Juego clandestino) desde la sanción del nuevo delito por parte del Congreso Nacional, lo cual es un logro significativo para el Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad.
El Código Penal prevé, en el Artículo 301 bis Nacional, la pena de prisión de tres a seis años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente.