Reacciones de los legisladores porteños ante el anuncio de la reforma judicial

En general hubo acuerdo sobre la necesidad de hacer cambios en la estructura de juzgados y demás instituciones, pero desde algunos sectores criticaron la metodología. El proyecto plantea transferir a CABA la competencia de investigar y juzgar delitos no federales cometidos en este territorio.

Los legisladores porteños reaccionaron de forma dispar ante el anuncio del presidente de la Nación, Alberto Fernández, sobre el proyecto de ley de Reforma de la Justicia, que impulsa la unificación y duplicación de los juzgados federales y la designación de un consejo de expertos para que asesore al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema.

En busca de “consolidar una justicia independiente”, Fernández afirmó que el proyecto busca crear 23 nuevos tribunales para mejorar el sistema de administración de Justicia.

A nivel local, el principal dato es que se propone transferir a los tribunales porteños la competencia para investigar y juzgar los delitos no federales cometidos en la Ciudad. Implica culminar la transferencia de competencias que inició con la reforma constitucional de 1994. Nación, en caso de aprobarse la reforma, tiene tres años para hacerlo y debe transferir todos los recursos necesarios.

Ante esta novedad, la legisladora porteña del Frente de Izquierda y abogada, Myriam Bregman, dijo: Se presentó la reforma judicial y la oposición de derecha, rápida para titular -y lerda para explicar su manejo de la justicia, servicios de inteligencia y cárceles- sentenció: “plan de impunidad”. Ahora ¿el problema de la justicia se soluciona con este reordenamiento? Los que batallamos hace años ante la justicia federal podemos responder que no. La reforma propuesta puede licuar el poder de los actuales reyes de Py, pero no cambia su contenido social. El cambio al sistema acusatorio, como se vio en las provincias tampoco lo hace de por sí.

“Jueces o fiscales venideros seguirán teniendo los mismos nefastos instrumentos: ley de arrepentido, agentes encubiertos o revelador y la infalible figura de “asociación ilícita”, que fue creada para la persecución política. El aparato de espionaje y extorsión legal sigue en pie. Menos consejos de notables y más mirada popular. Eso se consigue con la elección por voto popular de jueces y fiscales, que se terminen los privilegios de esa casta tan lejana a la vida del pueblo trabajador; y que se implemente urgente el juicio por jurados”.

“Para los que tienen miedo al pueblo eligiendo, que se queden tranquilos, nada puede ser peor ni más peligroso para los intereses del pueblo trabajador que la elección por servilletas o la actividad de esa rosca costosa e inútil llamada Consejo de la Magistratura. Y ya que estamos, podríamos revisar la herencia macrista y todas las resoluciones judiciales que se tomaron bajo la influencia de su ilícita mesa judicial que dejó a decenas de trabajadores y trabajadoras en la calle, como los de Pepsico”.

El legislador de UCR-Evolución Juan Francisco Nosiglia señaló: “Reforma judicial sin grieta: ni ingenuos para permitir consumar impunidad, ni defensores de un statu quo que no va más, el de una justicia ineficiente y degradada en muchos fueros”.

Victoria Montenegro, del Frente de Todos, señaló: “La reforma judicial era una deuda pendiente con la Democracia, en los últimos tiempos se hizo más urgente que nunca. Celebramos el anuncio del Presidente”.

Desde sus redes sociales, el legislador de Confianza Pública en el interbloque oficialista Vamos Juntos compartió palabras de Graciela Ocaña: “La reforma judicial apunta a conseguir que no llegue a juicio ninguna de las causas que acosa a la Vicepresidenta. Nada puede empezar bien si quienes integran la comisión de notables son los abogados de principales imputados”.