Recoleta: piden informes por el aborto no punible realizado en el Hospital Rivadavia

El legislador Gabriel Solano quiere saber si “se conoce la existencia de un grupo de profesionales y funcionarios que filtraron información confidencial sobre la paciente y la práctica de ILE”.

El legislador porteño Gabriel Solano (Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores) presentó un pedido de informes por el aborto no punible realizado la semana pasada en el Hospital Rivadavia (Las Heras 2670, Recoleta, Comuna 2). El representante quiere saber se hay “un grupo de profesionales y funcionarios, en el hospital, que filtraron información confidencial sobre la paciente y la práctica de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE)” y si hay “un protocolo para evitar la filtración de esta información”. Es porque un grupo de personas antiabortistas ingresó a la institución a fin de persuadir a la mujer implicada para que suspendiera la intervención.

“Qué medidas tomaran para impedir que estos grupos vuelvan a operar al interior del hospital; informe cuál es la relación entre el capellán del hospital y estos grupos; informe cuál es la injerencia de las entidades religiosas en el comité de bioética del hospital y algún otro tipo de organismo que cumpla funciones similares; informe sobre los recaudos que se llevaran a cabo en el futuro para garantizar la seguridad de las pacientes”, agrega la petición del legislador.

A la hora de fundamentar, Solano expone: “Ante los hechos conocidos sobre un grupo de “anti derechos” que se hizo presente en el hospital Rivadavia con el fin de impedir un aborto no punible que se debía practicar una joven cuyo caso estaba contemplado dentro de las causales para una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). A pesar de las presiones y amenazas, el procedimiento pudo realizarse en tiempo y forma y se garantizó el derecho de la mujer. Las militantes de estos grupos “anti derechos” se metieron en el servicio disfrazadas de damas de caridad o incluso con guardapolvos de médicos. Violando cualquier tipo de intimidad de la paciente y poniendo en riesgo su vida ante la intención de prohibir la interrupción del embarazo. Fuentes del propio hospital plantean que estos falsos médicos les dicen a las pacientes que es ilegal, que pueden ir presas, que pueden morir desangradas: las asustan para que se retiren y sigan con la gestación. En muchos casos esto sale a la luz por los relatos de las mismas pacientes, que lo contaron confundidas. En uno de los casos, descubrieron a una médica disfrazada in fraganti y la echaron del servicio”.

“Esto da cuenta de la existencia una red de presiones que se desarrollan sobre los derechos de las mujeres y la labor de los médicos que garantizan este derecho para cientos de mujeres en la que la vida de ellas está comprometida. Estas presiones que se manifestaron con mayor resonancia durante el debate sobre la legalización de la ley IVE vuelven a hacerse presente en un hospital público, obteniendo información confidencial de la paciente en cuestión, presionando a los médicos a que no desarrollen su labor, realizando manifestaciones en la puerta del hospital, realizando una pintada sobre la calle Austria, al costado del hospital, con un mensaje amenazante para los médicos y a su vez judicializando el hecho. Ya que la Fundación Más Vida presentó un recurso de amparo contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La causa recayó en el juzgado contencioso administrativo y tributario N°2 a cargo del juez Roberto Gallardo”, contextualiza.

“Vemos con gran preocupación este hecho que sucedió en el hospital Rivadavia y a su vez advertimos sobre la posibilidad que estos grupos continúen operando en el resto de los hospitales públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre todo teniendo en cuenta que en la mayoría de los hospitales existen capillas católicas que tienen fuertes vínculos con estos grupos. Vale recordar que en el año 2013 el capellán del hospital Ramos Mejía presionó a una mujer que había solicitado un aborto no punible, este ofició misa en la puerta de la casa de la mujer, y además pasó sus datos, a los que había accedido porque su cargo se lo permite, a una ONG antiderechos, que también intentó obstaculizar el ejercicio del derecho. No descartamos que detrás del reciente hecho estén los mismos sectores involucrados. Nos parece importante realizar este pedido de informe sobre la confidencialidad y la seguridad de las pacientes que ingresan con este tipo de complicaciones. Pedimos al resto de los legisladores que acompañen dicho proyecto de resolución”, concluye.