Reforma del Código Procesal Penal porteño: el oficialismo dice que agilizará procedimientos, pero entidades alertan por avances contra la privacidad

El Poder Ejecutivo local impulsa los cambios para modernizar la metodología. Amnistía Internacional Argentina alerta que “las intromisiones estatales en la privacidad de las personas deben regularse en mira de los delitos más graves y bajo condiciones muy estrictas”.

Este jueves durante la sesión ordinaria se tratará un proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo local para reformar el Código Procesal Penal porteño, que data de 2007. El oficialismo defiende los cambios (Expediente 1790-J-2018) y asegura que se agilizarán procesos. Sin embargo, la oposición dice que habrá “mayores facultades persecutorias e investigativas”.

A fines de septiembre hubo una reunión conjunta de la Comisión de asesoramiento permanente en Justicia y Asuntos Constitucionales presididas, respectivamente, por los legisladores Daniel Presti y Diego Marías (Vamos Juntos). Allí el oficialismo defendió la reforma y explicó que con esta iniciativa se busca la agilizar los procedimientos y achicar plazos. Señalaron que la víctima está protegida en el proceso y que es de importancia una nueva herramienta de investigación.

Los cinco ejes rectores de la reforma en estudio son: agilización y desformalización mediante la concentración de actos procesales, oralidad y plazos; modernización por el uso de medios digitales en el proceso tales como video conferencias y notificación electrónica; derechos de las víctimas, entre ellos que el detenido recuperará la libertad desde el Ministerio Público Fiscal y no desde la comisaría como se hace hasta el momento; actualización del proceso imprimiendo mayor complejidad en las investigaciones que incluye una ampliación razonable al juez interviniente y una adecuación a los estándares nacionales establecidos por la Ley N° 27.319 con herramientas que permitan resolver delitos complejos.

En tanto, desde la oposición parlamentaria y entidades de la sociedad civil hacen críticas a los alcances de la reforma. Amnistía Internacional Argentina, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación por los Derechos Civiles, Fundación Vía Libre y otras entidades emitieron este comunicado conjunto: “Una de las técnicas propuestas busca autorizar el ingreso remoto a dispositivos como celulares y computadoras. El acceso remoto es una amenaza grave a la intimidad, ya que puede conducir a la vigilancia en tiempo real a través de la cámara, el micrófono o el GPS, de manera encubierta. Estas tecnologías permiten registrar: capturas de pantalla de lo que la persona está viendo, pulsaciones sobre el teclado y lo que escribe (nombres de usuario, contraseñas, historial de navegación) y acceder a todas las comunicaciones (mensajes, correos electrónicos, llamadas). El acceso remoto también permite manipular los datos almacenados, adulterarlos o borrarlos. Todas estas actividades pueden realizarse y al mismo tiempo eliminar el rastro de esa intrusión. Este acceso del poder punitivo a la esfera de la intimidad personal se realizaría, además, sin límites adecuados para su aprobación y ejecución”.

“Las intromisiones estatales en la privacidad de las personas deben regularse en mira de los delitos más graves y bajo condiciones muy estrictas, en el marco de un proceso judicial que establezca claras y efectivas instancias de control. De lo contrario, se da lugar a injerencias abusivas y arbitrarias en el ámbito de la autonomía individual. Al mismo tiempo, nada de todo esto fue debatido en profundidad en la Legislatura de la ciudad. Las nuevas posibilidades tecnológicas de investigación requieren una desarrollada y exhaustiva experticia. Por este motivo las y los expertos deberían participar e informar sobre los alcances y consecuencias de este tipo de técnicas. Además, se debería capacitar a las y los jueces para que haya un efectivo control judicial. En la medida en que está modificación del Código Procesal de la Ciudad vulnera las garantías procesales y el derecho a la vida privada, protegido por la Constitución y por el derecho internacional de los derechos humanos, las organizaciones firmantes rechazamos su aprobación y solicitamos que se inicie un proceso de debate serio en el ámbito correspondiente”, añadieron.

El legislador Patricio del Corro (PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores) expuso: “Esta semana el oficialismo va a buscar votar un nuevo Código Procesal Penal (CPP) en Legislatura. Una ley brutal que permitirá: entrar a celulares y computadoras, escuchas ilimitadas y espionaje. La excusa puede ser una contravención. Ya con la policía en sus manos ahora Larreta busca más poder para el Poder Judicial de la Ciudad, transfiriendo delitos y las medidas que enumero. Si como Jefe de Gobierno Macri espió a su cuñado pensemos un poco a dónde nos llevaría esto”.

“El art. 28 incorpora “nuevas medidas de investigación”. Estas nuevas medidas implican mayores facultades persecutorias e investigativas para jueces y fiscales, y una mayor vulneración a derechos elementales del imputado (a la intimidad, a la privacidad). El art. 145 bis permite al fiscal requerir “medidas probatorias no contempladas expresamente en este código que impliquen una intromisión en la intimidad del imputado”. Junto a los jueces tendrán a su disposición cualquier medida de investigación, aun las no previstas en el CPP”, añade.

“Incorporan: -Vigilancia acústica: escuchar conversaciones privadas. -Vigilancia remota: permite el acceso a cualquier dispositivo electrónico y “la nube” -Vigilancia a través de captación de imagen -Vigilancia a través de dispositivos de seguimiento y de localización. Esto permitiría que en causas en que jueces y fiscales estén “flojos de prueba”, con un imputado se investiguen a otras personas no imputadas hasta el momento. No vayan a pensar que la Justicia arma causas”, alerta.