Sigue sin reglamentar la ley de atención domiciliaria 24 horas a población materno infantil

La legisladora porteña María Inés Gorbea pide informes y asegura que “la demora es realmente muy grave y con consecuencias claramente predecibles”.

La legisladora porteña María Inés Gorbea (Evolución) impulsa un pedido de informes ante la falta de reglamentación de la Ley 2.987 que establece el derecho de la población materno infantil de la Ciudad de Buenos Aires a la atención domiciliaria las 24 horas.

Está orientada a las mujeres embarazadas y en período de lactancia, así como toda la población de niños y niñas de 0 a 14 años, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma totalmente gratuita. La norma sancionada es una modernización y ampliación de los servicios “Pediatra en casa” y “0-800-MAMA”, que fueron puestos en funcionamiento en la Capital en abril de 2000.

La ley se aprobó el 11 de diciembre de 2008, fue promulgada el 15 de enero de 2009. Establece en su artículo 7: ” Reglamentación: El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente Ley en el plazo de sesenta (60) días de su promulgación.”. Al día de la fecha el Poder Ejecutivo no ha cumplido con el dictado de la reglamentación de la ley a fin de garantiza los derechos que emanan de esta norma.

Gorbea pide informes porque “el riesgo producido por la demora de más de siete años,  en la reglamentación de una ley de estas características, es realmente muy grave y con consecuencias claramente predecibles, en lo que hace a la salud pública, impactando especialmente en los sectores vulnerables”.

“La responsabilidad del Estado con relación al derecho a la salud presenta un perfil positivo en tanto le impone reconocer el derecho a la salud, promoverlo por medio de políticas adecuadas, intervenir activamente en el control y prevención de enfermedades, garantizar el acceso a los servicios públicos y adoptar políticas especiales en relación a los grupos más necesitados. Tiene además una responsabilidad negativa, que se traduce en la abstención de toda política o medida de gobierno que ponga en peligro la salud de la población o que importe un desconocimiento o conculcación del derecho incorporado en la faz positiva”, añade.