Sostienen que demoler la cárcel de Devoto viola la Ley de preservación de sitios de memoria

El Equipo Jurídico “Masacre en el Pabellón Séptimo” reprocha el acuerdo entre el Gobierno porteño y el nacional.

El Equipo Jurídico “Masacre en el Pabellón Séptimo” sostiene que la demolición de la Cárcel de Villa Devoto (Comuna 11) para hacer desarrollos inmobiliarios y espacios públicos viola la Ley nacional 26.691 de “Preservación, señalización y difusión de sitios de memoria del Terrorismo de Estado”.

El artículo segundo sostiene que el “Poder Ejecutivo nacional garantizará la preservación de todos los Sitios a los fines de facilitar las investigaciones judiciales, como asimismo, para la preservación de la memoria de lo acontecido durante el terrorismo de Estado en nuestro país”.

El 14 de marzo de 1978 se produjo la “Masacre en el Pabellón Séptimo”, donde murieron 64 personas. En 2013 este Equipo junto a familiares de los fallecidos reimpulsaron la causa. La Cámara Federal de la Capital Federal declaró a la Masacre como delito de lesa humanidad y ordenó que se investigue como tal. En octubre de 2012 el predio de Villa Devoto fue señalizado como Sitio de Memoria.

En un comunicado, el Equipo sostuvo: “El convenio que acaba de ser aprobado por la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el gobierno de la CABA se hará cargo de la construcción de ese nuevo lugar de encierro, fuera de su jurisdicción, y que el edificio actual será demolido, y vendido el terreno”.

“En el convenio no se hace ninguna mención a que es un sitio de memoria, pese a que, como ya dijimos, está señalizado como tal desde octubre de 2012, por decisión de un área del Estado Nacional como es la Secretaría de Derechos Humanos. Tampoco se hace mención a que allí fueron asesinadas 64 personas el 14 de marzo de 1978; ni que se sometió a tratos crueles, inhumanos y degradantes a centenas de presos y presas políticas. El convenio viola abiertamente la Ley 26.691, que obliga al Estado a preservar sitios como la Cárcel de Devoto, donde se han ejecutado delitos de lesa humanidad”, denuncian los abogados.

En la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales de la Legislatura presentaron el convenio de Nación y Ciudad el subsecretario de Planeamiento Urbano, Carlos Colombo; el subsecretario de Obras, Marcelo Palacios; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno, Pablo Bilbao.

Bilbao dijo: “Este proyecto es fruto de un trabajo de más de un año y medio, que se ha realizado de forma interjurisdiccional. Es de neto beneficio para la Ciudad”. Además, recordó que “el Penal de Devoto tuvo cinco intentos de traslado que nunca pudieron hacerse, por eso este es un traslado que da respuesta a una demanda histórica”.

Palacios explicó: “Estamos construyendo otro complejo penitenciario -al lado del que ya existe en Marcos Paz- en un predio de más de 120 hectáreas, en donde se albergará a más de 2.200 presos. Estamos haciendo todo lo que exige la ley, en la conformación de este proyecto han participado cinco organismos de Derechos Humanos”.

“Queremos iniciar un proceso licitatorio en junio para empezar con las obras en septiembre, creemos que el plazo que demoraran las obras es de 24 meses”, dijo Palacios.

Colombo manifestó: “Parte del convenio trata sobre la pieza urbanística del complejo de Devoto, ubicado en la Comuna 11. Es un predio de 4,2 hectáreas en el que queremos generar una mixtura de usos”.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, envió a la Legislatura porteña un acuerdo entre la administración local y el Gobierno nacional para rezonificar el predio donde está ubicada la cárcel de Villa Devoto. Es para permitir la construcción de inmuebles y espacios públicos.

El acuerdo es entre la administración porteña, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el cual “considera oportuno una relocalización de los servicios del Servicio Penitenciario Federal del barrio”. Ciudad asegura que este acuerdo es para “favorecer el desarrollo urbano integral” del terreno.

En la defensa, el Poder Ejecutivo porteño indicó: “Este convenio tiene como objeto establecer acciones conjuntas y coordinadas entre las partes, las que en el marco de sus respectivas competencias implementarán actividades, destinadas a llevar a cabo la construcción de un nuevo complejo penitenciario, la desocupación de todos los servicios del Servicio Penitenciario Federal del Complejo Devoto mediante su traslado al nuevo complejo construido, la rezonificación urbanística del inmueble del complejo Devoto y la venta del inmueble Complejo Devoto”.

El Gobierno porteño y el nacional habían hecho el anuncio sobre el traslado de la cárcel de Devoto en marzo. Habían dicho que proyectaban iniciar las obras en agosto, para concluirlas en 2020.

Además, habían indicado que la intención oficial era edificar en el 35% del terreno y dejar que el 65% restante sea un espacio público. Esta fórmula la aplica en las enajenaciones de terrenos propiedad del estado nacional, como la playa ferroviaria de Colegiales (Comuna 13) o el terreno que rodea el Pabellón del Centenario (Comuna 14).

La cárcel fue inaugurada en 1927 en terrenos donados por la familia Visillac. Tiene capacidad para 1811 internos. Primero se la denominó Unidad Nº2. Recién en 2007 pasó a llamarse Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.