Sostienen que es insuficiente que la Corte pida plazos para el saneamiento del Riachuelo

El Ministerio Público de la Defensa porteño también protesta porque “los vecinos de la cuenca no son escuchados”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras la audiencia con funcionarios públicos del 14 de marzo, falló que en menos de 30 días la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)  y los Gobiernos de Ciudad, Provincia y Nación deben precisar plazos “ciertos” para cumplir los objetivos de la Causa Mendoza, donde se ordena sanear el Riachuelo, mudar a sus pobladores y garantizar la seguridad ambiental.

Sin embargo, Luis Duacastella, el Defensor Adjunto en el Ministerio Público de la Defensa, se mostró disconforme ante esta postura del máximo tribunal y dijo: “Se trata de una resolución insuficiente respecto de que no hay una visión ordenadora de quienes están padeciendo la contaminación y cuya salud está afectada. Los reclamos de los vecinos de la cuenca no son escuchados -ni siquiera les permiten participar de las audiencias-; solo se oye a los funcionarios hablar de los inconvenientes con las obras”.

La Corte fijó este plazo ante el bajo nivel de cumplimiento constatado en el Plan de Saneamiento Ambiental (PISA). Señaló que la relocalización de los asentamientos precarios es baja y está atrasado el plan de viviendas (hicieron menos de 4.000 sobre 18.000 proyectadas).

El máximo tribunal quiere saber si el emisario subfluvial de la planta Berazategui se inaugurará en 2022; si se concluirá el Parque Industrial Acuba en 2020 y si se liberará el camino de sirga de la Ciudad de Buenos Aires en 2019.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larresta, en las dos aperturas del periodo ordinario de sesiones que encabezó se comprometió a cumplir este último punto. En diálogo con este medio, el jefe de Gabinete de Ministros, Felipe Miguel, también remarcó esta acción.