Lo alertó el MPD. “La decisión oficial del Gobierno Nacional de paralizar la obra pública y desfinanciar entes como ACUMAR y AySA ponen en riesgo el cumplimento de lo ordenado por la Corte”, agregó.

También consultó por el "funcionamiento del Protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático".