La acusada, de 59 años, era buscada por una causa vinculada a la promoción de la prostitución con fines de lucro y fue arrestada tras tareas de inteligencia en la zona de Congreso.

"El caso ya fue judicializado y se están desplegando todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables", destacó la PFA.

El ministerio a cargo de Patricia Bullrich reconoció que el responsable fue un uniformado.

En el caso intervino el Departamento de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia.

Los heridos fueron intervenidos quirúrgicamente en el Hospital Santojanni.

La investigación inició por el famoso caso del estudiante asaltado en un interno de la línea 68 en Recoleta.

El condenado pertenecía a la organización narcocriminal liderada por Esteban Lindor Alvarado.

Se investiga si los papeles "fueron sustraídos, extraviados u objeto de alguna maniobra de vaciamiento de archivos gubernamentales".

La magistrada consideró que la forma de actuar de la uniformada fue “necesaria, proporcional, razonable y no excesiva”.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal los condenó a tres años de prisión en suspenso.