Termina el congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos

Es porque el Gobierno nacional no renovó un DNU implementado al inicio de la pandemia. Las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa.

El decreto que desde hace un año congela los alquileres y suspende los desalojos dejará de tener vigencia este jueves 1 de abril, porque el Gobierno nacional no lo renovó. Las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa.

Hay preocupación entre las entidades de inquilinos. Por caso, desde Consejerías de Vivienda señalan que en el presente trata al menos 150 “situaciones de riesgo de desalojo o desalojo consumado”.

Las organizaciones nucleadas en la Campaña “Prohibido Desalojar” iban a realizar una movilización que parte desde el Obelisco este miércoles 31 de marzo a las 10hs. Por eso solicitan, entre otros puntos: subsidio habitacional de emergencia a nivel nacional; ayuda urgente económica y habitacional para víctimas de violencia de género; plan de desendeudamiento.

“Con el arribo del frío y de una segunda e imprevisible ola de covid, consideramos que no es momento adecuado para dejar al borde de la calle a millones de familias en todo el país”, señalaron en la campaña.

Como una respuesta a la situación que se avecina con el descongelamiento, el Gobierno nacional creó el “protocolo de riesgo temprano de desalojo” con el objetivo de asistir a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto.

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A través de la Resolución 88/2021, se instruyó la elaboración y aprobación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.

El secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, dijo a Télam: “Se hará un relevamiento de información fehaciente de sentencias que se podrían llegar a ejecutar, con un criterio de prioridad de situaciones de mayor vulnerabilidad”, y agregó que “también vamos a realizar un relevamiento con las unidades ejecutoras de soluciones habitacionales de todo el país que arman el listado de adjudicatarios de viviendas para que dentro de esos listados se priorice a personas en situación de desalojo”.

Este nuevo panorama habitacional genera preocupación en la entidad Inquilinos Agrupados. Su referente Gervasio Muñoz dijo: “La única herramienta para que las familias no queden en la calle es extender el decreto”.

“Llegamos a esta situación preocupados porque hay un montón de familias que sencillamente el día de mañana no saben a dónde van a ir a vivir porque, o acumulan deuda o tienen imposibilidad de pagar nuevos alquileres o de juntar todo el dinero para entrar a un departamento nuevo; es una situación muy complicada”, detalló.

El martes la Federación de Inquilinos Nacional hizo un “ruidazo inquilino” en distintos puntos del país “para denunciar el abuso del mercado inmobiliario por los aumentos de precios y las condiciones cada vez restrictivas para poder acceder a una vivienda en alquiler”.

Por su parte, el grupo Consejerías de Vivienda hizo una fuerte denuncia: “Desde el año pasado la policía de la ciudad, comandada por Diego Santilli, nos viene pisando los talones, con presencia de personal uniformado y de civil (infiltrades), tanto en nuestras Asambleas como en espacios de base a los que convocamos a través de nuestras redes. Con la excusa de saber si va a haber una concentración o una marcha, se han presentado cada domingo por medio en la olla popular en donde hacemos además nuestros encuentros con vecines. Para evitar la persecusión que veníamos sufriendo, dejamos de colocar la dirección donde se realizarían las Asambleas, repercutiendo claramente en la posible masividad de las mismas”.